Con sus rivales políticos en la cárcel y los grupos opositores desarticulados e inmersos en luchas intestinas, además del control absoluto sobre los diferentes poderes e instituciones del Estado, incluyendo la Policía y el Ejército, Daniel Ortega luce consolidado en el poder. Pero en el 2021 hubo tres hechos fundamentales que demostraron que el líder sandinista pasa por muy malos momentos.
Y es que Ortega, lejos de tratar de disminuir las tensiones y buscar una salida a la crisis política mediante el diálogo y la negociación, lo que hizo a lo largo del año fue empeorar la situación, ganándose el repudio y desconocimiento internacional y por tanto haciendo que más de sus funcionarios sigan engrosando las listas de sancionados.
1- Arresto de sus rivales políticos
Daniel Ortega no pudo haber empezado mejor, políticamente, el 2021. Las dos principales organizaciones opositoras Alianza Cívica, aliada al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) habían perdido el empuje que tenían ante los nicaragüenses, además que no lograban ponerse de acuerdo para enfrentar a Ortega.
Tan así era el panorama que en mayo una encuesta de la firma CID Gallup, señalaba que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ubica con un 32% de las simpatías, mientras que la UNAB tenía solo un 4% y Ciudadanos por la Libertad a duras penas llegaba al 2% de simpatías. La mayoría de los nicaragüenses, un 56%, no apoyaba a ningún partido político. Aún así el partido rojinegro le sacaba una amplísima ventaja a los opositores.
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Sin embargo, Ortega no estaba dispuesto a arriesgarse y el 2 de junio ordenó el arresto domiciliario de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios. Chamorro había expresado sus intenciones de enfrentar a Daniel Ortega en las votaciones del 7 de noviembre y poco a poco había ido punteando en los sondeos de opinión pública.
Tras ese arresto, el caudillo sandinista ordenó la captura del resto de aspirantes presidenciales de la oposición: Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Noel Vidaurre y Medardo Mairena.
Se trataba de una nueva ola represiva a través del cual Ortega ha venido encarcelando a periodistas, dirigentes políticos, activistas sociales, empresarios, analistas políticos e incluso ciudadanos que a través de las redes sociales expresan su rechazo al régimen.
Para evitar cualquier competencia real en las elecciones del 7 de noviembre, Ortega incluso canceló las personerías jurídicas al Partido Restauración Democrática (PRD) y a CxL, y solo permitió la participación de organizaciones políticas señaladas de “colaboracionistas”.
2- Elecciones del 7 de noviembre: 81.5% de abstencionismo
Tras las votaciones del 7 de noviembre el Consejo Supremo Electoral proclamó a Daniel Ortega y Rosario Murillo como ganadores con un 75.87% de los votos.
Ese poder del Estado sostiene que la participación ciudadana fue del 65.26% de un total de 4.4 millones de personas habilitadas para ejercer el sufragio.
Pese a las cifras oficiales y a las celebraciones sandinistas, el domingo 7 de noviembre los Centros de Votación lucieron vacíos. Según los analistas, fue la muestra de rechazo del pueblo nicaragüense la «farsa electoral”.
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas manifestó en un informe que en realidad el abstencionismo fue de un 81.5%.
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Ante la poca afluencia de votantes, el FSLN empezó a movilizar a sus bases para que fueran a votar, pero en muchos casos más bien se encontraron con el repudio de gente que había dejado de ser simpatizante del partido.
Uno de los casos que ejemplifica ese cambio es Geovany López, un exinfluencer sandinista que en julio del 2020 fue expulsado a golpes de la Plaza de la Revolución, pero que continúo manifestando su apoyo a Ortega. Un año después había cambiado totalmente de opinión y renegaba del partido. “Si yo fuera militante sandinista me diera vergüenza decir que ganamos las elecciones”, dijo días después de las elecciones a través de sus redes sociales. “Andaban como locos corriendo para que la gente fueran a votar, pero casi nadie fue a votar”, dijo en tono de repudio.
Poco antes de las elecciones, la firma encuestadora CID Gallup había revelado que las simpatías por el FSLN rondaban apenas entre el 8 y el 9%. Era la debacle del partido que se había ufanado durante décadas de contar con la militancia más fiel y disciplinada.
Europa, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconocen los resultados de las elecciones.
3- Ley Renacer y prohibición de entrada a EEUU de funcionarios sandinistas
El 10 de noviembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la «Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021», más conocida como Ley RENACER. Esta tiene como fin presionar aún más al régimen sandinista, ampliando las sanciones, persiguiendo los actos de corrupción y permitiéndole a EEUU “restringir los préstamos bancarios multilaterales”.
De la misma forma, pide revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
El 16 de noviembre Biden también prohibió el ingreso a Estados Unidos a los funcionarios del gobierno, miembros de la Policía y del Ejército y a sus familiares.
Este hecho es trascendental, ya que apunta directamente a la militancia sandinista leal a Ortega, muchos de los cuales se proclaman «socialistas» y «antiimperialistas», pero viajan a Estados Unidos de vacaciones o bien tienen familiares trabajando o estudiando en ese país.
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