En los últimos días ha crecido la esperanza de un diálogo para encontrase una salida cívica a la crisis política que desató la brutal represión del régimen de Daniel Ortega en abril del 2018 y que continúa hasta la fecha. Es algo que están urgiendo la mayoría de las familias con presos políticos, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y algunas organizaciones de la oposición.
El llamado a dialogar con Ortega ocurre en momentos en que existe una gran preocupación por la vida de muchos detenidos, en especial los que padecen enfermedades crónicas y los de la tercera edad. Estos han sido sometidos durante meses a todo tipo de vejámenes y privaciones y existen casos tan extremos como el jurista José Pallais, que ha bajado 90 libras de peso.
Desde el año pasado Ortega aseguró que una vez se reeligiera convocaría a un diálogo nacional, pero no dijo si llamaría a la oposición para un diálogo político. Esto lo hizo en medio de ataques verbales a los presos políticos, a los que el 8 de noviembre, un día después de las votaciones, tildó de “hijos de perra”.
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Un eventual diálogo Ortega con oposición -Cosep plantea muchas interrogantes sobre lo que puede pasar, pero hay un hecho: Ortega parece estar en mejor posición, mientras que sus detractores están fragmentados, débiles y tienen que unir posturas en tiempo récord si quiere llegar a una mesa de diálogo con una lista de peticiones y un plan concreto frente a lo que Ortega le exigirá.
La estrategia de la oposición
El sociólogo y analista político Oscar René Vargas considera que Ortega buscará sacar provecho y que “el actual nivel de represión es de tal magnitud que es difícil pensar que Ortega la desmonte sin obtener algún éxito parcial”. En este sentido, refiere que “la opción del diálogo con los poderes fácticos es la vía más probable para obtener algún éxito coyuntural” y que “por medio del diálogo quiere degradar de forma sustancial la alternativa democrática verdadera”.
No obstante, recomienda a la oposición no abandonar demandas básicas para darle viabilidad al país. “La estrategia de la oposición tiene que basarse en la promesa de la libertado de todos los presos políticos, en la promesa del regreso de los exiliados con garantías internacionales, en la promesa de la democracia, en la promesa de un futuro mejor, en la promesa de eliminar la represión y los paramilitares, en la promesa de eliminar lo trágico, la represión, la corrupción y la impunidad y la promesa de empoderar a los jóvenes y las mujeres en la política nacional”, indica.
Represión continuará
Algunas personas consideran que Ortega continuará reprimiendo a los opositores independientemente del diálogo y que lo que buscará ahorita es oxigenarse como ya lo ha hecho anteriormente.
“Daniel Ortega seguramente cederá en algunas demandas para tratar de que le quiten las sanciones, para poder acceder a préstamos de organismos financieros, para disminuir la presión de la comunidad internacional, pero difícilmente habrá libertades, la represión va a continuar. Este es un sistema basado en la represión, Ortega sabe muy bien que su poder se sustenta en las armas”, explicó un analista.
“Los presos políticos para él son fichas y los va a usar para sacar ventaja en la negociación”.
Exiliados
Un segmento de la oposición lo representan miles de nicaragüenses exiliados. La esperanza de estos es regresar con condiciones seguras a su país.
“Quisiera volver, pero para qué si me pueden meter preso. Si no logran que el dictador detenga la represión, volver significa que voy a tener un paramilitar o a los policías en la puerta de mi casa y una orden voy preso o algo peor”, afirma un joven caraceño que huyó a finales del 2018 hacia Costa Rica, tras participar en las protestas antigubernamentales.
El temor del joven no es infundado. El 19 de marzo del 2021 el expreso político Ernesto Jarquín fue asesinado a tiros a plena luz del día en un autolavado en Mulukukú. El crimen quedó impune. Radio La Primerísima, un medio oficialista, hizo apología del hecho al titular la noticia: “Matan de cinco balazos a terrorista en Mulukukú”.
La Policía Nacional nunca dio con el paradero del autor de los disparos, limitándose a decir que fue una “persona de identidad desconocida”. En una revictimización del opositor, la Policía más bien dijo que Jarquín era supuestamente autor de múltiples delitos. “Registra antecedentes de asesinato, homicidio, asociación ilícita para delinquir, abigeato, secuestro agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, lesiones, daños a la propiedad, exposición de personas al peligro, atentar contra la autoridad y sus agentes”, señalaba la nota de prensa. En julio del 2018 el oficialismo lo acusó de haber participado en el ataque armado al puesto policial de la comunidad Sislao Paraska, en la comarca Pueblo Nuevo. En ese ataque murieron tres agentes y dos más resultaron heridos.
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Sandinistas no quieren diálogo político
Pese a que Ortega, Rosario Murillo y los altos funcionarios del régimen siguen llamando “medidas coercitivas ilegales» a las sanciones y exigen que les sean quitadas, en las filas sandinistas existen algunos que se muestran desafiantes y triunfalistas, y por tanto reacios a dialogar con los opositores.
Uno de estos es el diputado sandinista Wilfredo Navarro. Para el legislador un eventual diálogo de este tipo debería ser descartado y que lo que el oficialismo debe buscar es un un diálogo permanente con el pueblo, los productores, los trabajadores, empresarios y otros sectores. Pero, para el desarrollo económico y social de Nicaragua.
“No se dialogarán temas políticos, porque eso se abordan en la Asamblea Nacional con los partidos políticos, no con empresarios, porque con ellos son otros temas los que debemos ver”, señaló Navarro a medios oficialistas.
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