¿Renunciar o no? El dilema de muchos trabajadores del Estado

“María José” es maestra en un colegio público del Distrito V de Managua. Aunque no es ni por cerca fanática del FSLN, frente a sus alumnos y demás maestros debe tener mucho cuidado, disimular y hasta cierto punto hacer creer que apoya a Daniel Ortega. Ante las injusticias, guarda silencio.

El salario de poco más de 9 mil córdobas le ajusta a duras penas para mantener a su familia, pero en un país donde tener un trabajo estable es un lujo, no se puede permitir decir todo lo que piensa.

“No tengo más opción. Vos bien sabés que como maestros las posibilidades de trabajar están solo aquí (en el Estado), no es que a la vuelta de la esquina hay un colegio privado esperándote, con las manos abiertas, no”, dice “María José”, nombre ficticio que usamos para protegerla de represalias.

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Ella está consciente de que el sistema educativo nacional está controlado por el FSLN, y por eso es que “uno debe estarse cuidando”, andar “midiendo cada palabra” por miedo a que un fanático sandinista vaya a decir que se está quejando.

Miles con ese dilema

No es un caso aislado. Ella y los más de 160 mil trabajadores del Estado, incluyendo más de 50 mil trabajadores de la educación, parecen presos del temor, de la incertidumbre. Saben que las cosas en el país están mal, que se violan derechos humanos y que hay un régimen represivo que ve como enemigo a todo aquel que le da la espalda.

La bomba que desató este 23 de marzo el ahora exembajador de Ortega en la OEA, Arturo McFields, dejó claro una vez más que la desafección al régimen está desde los más bajos hasta los más altos niveles. El mismo Mcfields hasta hace pocos días parecía un fiel defensor de los Ortega. Sus intervenciones en la OEA eran objeto de indignación nacional.

Cuando el miércoles repudió a la dictadura sandinista en una transmisión en vivo del Consejo Permanente de la OEA, McFields dijo hacerlo “en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares” y “de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Su rebelión volvió a hacer que muchos se pregunten por qué no hay renuncias en masa, por qué muchos, aunque repudien al régimen, siguen sirviéndole y hasta demostrándole su apoyo.

“Sí, me dan ganas de renunciar, he buscado otro trabajo y se me ha hecho imposible. No me puedo ir así por así, porque me pongo a pensar de qué voy a vivir. He pensado también en irme (emigrar a EEUU), pero eso ¿qué significa? vender lo poco que tengo, prestar (dinero), irme a arriesgar ¿y si luego me deportan? También es separarme de mi hija, de mi mamá”, explica bajo anonimato una trabajadora de la Dirección General de Ingresos (DGI).

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Los votos nulos de las votaciones del 7 de noviembre

Ambas trabajadoras del Estado aseguran que cuando han sido convocadas a las marchas oficialistas van, y la maestra hasta trabajó en las mesas electorales durante las votaciones del 7 de noviembre.

Vale apuntar que incluso esas votaciones, calificadas como una farsa por la oposición y la comunidad internacional, demuestran el poco respaldo que tiene Ortega a nivel nacional y en las mismas filas estatales. La organización independiente Urnas Abiertas aseguró que el abstencionismo general fue del 81.5%.

Sin embargo, también hubo muchas personas que acudieron a las Juntas Receptoras de Voto (JRV) y al momento estar solos con su conciencia frente a la boleta, decidieron eliminar su voto. Los mismos datos del Consejo Supremo Electoral (CSE), que situó la participación ciudadana en un 65,26 %, arrojan ese dato: En la elección a presidente y vicepresidente se registraron 161,687 votos nulos, mientras que en la votación a diputados de la Asamblea Nacional fue aún mayor: 170,550 votos nulos.

Señalados por algunos opositores y amenazados por sandinistas

Denunciar o simplemente alejarse del régimen también implica que quien lo hace debe enfrentar señalamientos de algunos pocos opositores “radicales”, pero sobre todo las amenazas de las hordas de fanáticos sandinistas que los acusan de “traidores” y “vende patria”.

Pero aún así muchos seguirán perdiendo el miedo. El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, asegura que hay muchos trabajadores inconformes y que solo es cuestión de tiempo para que otros funcionarios hagan lo mismo que Arturo McFields.