Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), expresó su preocupación ante los ataques judiciales del gobierno de Nicaragua en contra de organizaciones no gubernamentales, asegurando que van «en contra de las obligaciones del país en materia de derechos humanos».
«Estamos profundamente preocupados» por las leyes que restringen «aún más el funcionamiento de la sociedad civil» expresó Throssell, refiriéndose a la Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 31 de marzo.
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El motivo expreso de la ley es prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero la portavoz valora que su propósito real es profundizar la represión del espacio cívico.
«Las disposiciones de la ley dificultan el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades e imponen nuevas obligaciones de información, como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios» explica Throssell.
La ley prohíbe hacer proselitismo político y políticas partidarias a las organizaciones, pero Throssell no define «qué incluyen dichas acciones», dijo la portavoz.
También se estipula que «las asociaciones podrán contar con un veinticinco por ciento [máximo] de miembros de otras nacionalidades con residencia vigente en Nicaragua», lo que supone una restricción grave al «derecho de los extranjeros a disfrutar de la libertad de expresión y asociación en el país», denuncia Throssell.
OACNUDH teme que estas restricciones sirvan para reprimir las libertades de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno, sobre todo después de que la Asamblea Nacional despojase de personería jurídica a cincuenta organizaciones no gubernamentales la semana pasada.
«Es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados» concluye Throssell.
Hasta la fecha, el gobierno de Nicaragua ha cancelado jurídicamente y/o confiscado a más de un centenar de organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación, partidos políticos e incluso ocupó forzosamente las oficinas de la Organización de Estados Americanos.
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