La ley propone sanciones a responsables de masacre e investigación de corrupción
Un grupo de senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, presentó ayer un proyecto de ley con el propósito de poner fin a la ola de violencia que desde hace semanas sufre Nicaragua, y que contempla la aplicación de nuevas sanciones y la exigencia de la convocatoria de elecciones anticipadas.
La nueva legislación, que fue presentada a propuesta del líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Bob Menéndez, recibiría el nombre de «Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua«, según han informado en exclusiva a Efe desde la oficina del senador.
El documento, firmado entre otros por los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y por el demócrata Dick Durbin, pide la aplicación de sanciones por parte de Washington contra aquellos miembros del Gobierno del presidente Daniel Ortega «responsables de la muerte de personas que participaron en las protestas».
Asimismo, el proyecto de ley llama a la convocatoria de nuevas elecciones en el país centroamericano y pide que los servicios de inteligencia investiguen la participación de funcionarios nicaragüenses en casos de corrupción y de abusos de derechos humanos.
«No podemos permanecer en silencio mientras Daniel Ortega y (su esposa) Rosario Murillo atentan contra su propia gente, tal y como ponen de manifiesto las imágenes de estudiantes siendo tiroteados al buscar asilo en una iglesia», denunció Meléndez.
El objetivo de esta legislación es tanto ayudar a encontrar «una solución negociada» a la crisis, como lograr que los responsables «rindan cuentas» ante la Justicia.
Por último, la propuesta insta al secretario de Estado, Mike Pompeo, a certificar de forma anual que el Gobierno de Nicaragua toma las medidas adecuadas para alcanzar los niveles necesarios de democracia, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.
La ola de violencia que sufre Nicaragua en estos momentos, en la que han perdido la vida más de 350 personas, ha llevado a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a expresar su contundente rechazo.
