La Policía Nacional de Nicaragua anunció la suspensión de casi 900 licencias de conducir en la última semana, una cifra que se suma a las más de 32 mil suspensiones registradas el año pasado. Sin embargo, esta aparente acción de control vehicular esconde una realidad más compleja: un sistema que prioriza la recaudación económica por encima de la verdadera prevención de accidentes de tránsito.
La política de recaudación
Los datos disponibles revelan un patrón preocupante. Mientras las suspensiones de licencias se multiplican, las estadísticas de accidentes de tránsito no muestran una reducción proporcional. La Policía Nacional ha suspendido decenas de miles de licencias, pero esta medida punitiva no ha logrado disminuir significativamente la siniestralidad vial en las carreteras nicaragüenses.
«Como resultado, se requisaron un total de 17 mil 993 vehículos; se realizaron un total de 5 mil 735 pruebas de alcoholemia; 144 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados, por conducir sin licencia; 81 conductores detenido por manejar en estado de embriaguez y 880 licencias de conducir suspendidas» declaró a medios sandinistas la vocera policial Karen Obando.
El problema radica en que las suspensiones se han convertido en una fuente de ingresos para el Estado, más que en una herramienta efectiva de seguridad. Los conductores sancionados pueden recuperar sus licencias pagando seminarios establecidos por la propia legislación, creando un círculo vicioso donde la infracción se convierte en un negocio rentable.
La trampa de los seminarios
La Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular establece que los conductores pueden «redimir» sus suspensiones mediante el pago de seminarios. Esta disposición, que debería ser educativa, se ha transformado en una salida económica que permite a los infractores continuar circulando sin haber modificado realmente sus hábitos de conducción.
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La pregunta es evidente: ¿cómo puede un seminario de pago garantizar que un conductor ebrio, imprudente o negligente modifique su comportamiento? La respuesta es simple: no puede. Estos seminarios representan únicamente una recaudación adicional que no impacta en la reducción de accidentes.
Operativos selectivos y recaudatorios
Los operativos de tránsito en Nicaragua se han caracterizado por su naturaleza selectiva y recaudatoria. Los agentes se concentran en infracciones que generan mayor recaudación económica, como exceso de velocidad o documentos vencidos, mientras que problemas estructurales como el mal estado de las carreteras, la falta de señalización adecuada o el control efectivo del consumo de alcohol al volante quedan en segundo plano.
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Esta estrategia operativa explica por qué, a pesar de las miles de suspensiones, los accidentes mortales continúan ocurriendo con frecuencia alarmante. La Policía Nacional ha convertido el control vehicular en un mecanismo de recaudación sistemática, alejándose de su función principal de proteger la vida de los ciudadanos.
El costo humano de la política recaudatoria
Mientras la policía contabiliza suspensiones y recaudaciones, las familias nicaragüenses continúan perdiendo seres queridos en accidentes que podrían prevenirse con políticas efectivas de seguridad vial. La ausencia de programas integrales de educación vial, el deficiente mantenimiento de carreteras y la falta de controles reales sobre el consumo de alcohol representan los verdaderos factores que incrementan la mortalidad vial.
Según el último reporte de la misma institución, van 432 fallecidos por accidentes de tránsito en este año 2025.
La suspensión de licencias a menores de edad, anunciada recientemente, constituye otro ejemplo de medidas reactivas que no abordan las causas fundamentales del problema. En lugar de implementar programas de educación vial desde temprana edad, se opta por prohibir, perdiendo la oportunidad de formar conductores responsables.
La necesidad de un cambio de paradigma
Nicaragua necesita urgentemente un cambio de paradigma en su política de seguridad vial. Las suspensiones masivas de licencias y los seminarios de pago deben ser reemplazados por programas integrales que incluyan educación vial efectiva, mejoramiento de la infraestructura carretera, controles tecnológicos modernos y, especialmente, un enfoque preventivo antes que punitivo.
La seguridad vial no puede seguir siendo un negocio del régimen. Cada vida perdida en las carreteras nicaragüenses representa el fracaso de un sistema que prioriza la recaudación sobre la prevención.
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