La administración de Donald Trump ha escalado significativamente la presión financiera contra el gobierno de Nicolás Maduro tras confirmar la confiscación de activos valorados en más de 700 millones de dólares, una cifra que representa uno de los decomisos más cuantiosos en la historia de las sanciones estadounidenses contra funcionarios extranjeros.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló este miércoles durante una entrevista con la cadena Fox News el alcance de las incautaciones realizadas contra el mandatario venezolano, a quien Washington considera el líder del denominado «Cartel de los Soles», organización que la administración Trump clasificó formalmente como grupo terrorista en julio pasado.
Un patrimonio de lujo decomisado
El inventario de bienes confiscados refleja el estilo de vida opulento del círculo chavista en contraste con la crisis económica que atraviesa Venezuela. Entre los activos incautados figuran dos aeronaves de lujo, múltiples propiedades inmobiliarias distribuidas estratégicamente en Florida, una lujosa mansión en República Dominicana, una granja destinada a la cría de caballos de raza, nueve vehículos de alta gama, millones en joyas y considerables sumas en efectivo.
Las propiedades inmobiliarias en territorio estadounidense, particularmente en Florida, evidencian la penetración de capitales venezolanos en el mercado inmobiliario norteamericano, un fenómeno que ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades desde hace varios años.
Estrategia de máxima presión
Bondi comparó directamente las operaciones del gobierno venezolano con las estructuras del crimen organizado tradicional. «Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia», declaró la fiscal general, quien recordó que existe una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo desde 2020.
La funcionaria enfatizó que, pese a las significativas incautaciones, considera que la organización criminal continúa operando. Esta declaración sugiere que la administración Trump mantiene su estrategia de «máxima presión» económica como herramienta principal para debilitar al chavismo, un enfoque que ha caracterizado la política exterior estadounidense hacia Venezuela durante ambos períodos presidenciales de Trump.
Respuesta del chavismo
El gobierno venezolano, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha rechazado categóricamente las acusaciones estadounidenses. Cabello calificó al «Cartel de los Soles» como un «invento» de Washington, manteniendo la posición oficial de Caracas que considera estas medidas como parte de una guerra económica destinada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela.
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Esta respuesta forma parte del discurso defensivo que el chavismo ha construido durante años para contrarrestar las sanciones internacionales, presentándolas como agresiones imperialistas contra la soberanía nacional venezolana.
Implicaciones geopolíticas
Las confiscaciones forman parte de un entramado de sanciones que incluye restricciones al sector petrolero, bancario y a funcionarios individuales del gobierno venezolano. La magnitud de los activos decomisados evidencia no solo la capacidad investigativa de las agencias estadounidenses, sino también la extensión de las redes financieras chavistas en territorio norteamericano.
Para el gobierno de Trump, estas medidas representan tanto una victoria simbólica en su narrativa anticorrupción como una herramienta práctica para limitar los recursos del chavismo. Sin embargo, el impacto real de estas confiscaciones en la estabilidad del gobierno de Maduro permanece como una incógnita en el complejo tablero geopolítico venezolano.
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La estrategia estadounidense parece apostar a que la combinación de presión económica, aislamiento diplomático y señales de apoyo a la oposición venezolana eventualmente genere las condiciones para un cambio político en Caracas, un cálculo que hasta el momento no ha producido los resultados esperados por Washington.
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