9 funcionarios y 4 empresas sancionadas les dejó el 2019 a Ortega y Murillo

  • La última empresa sancionada fue la Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP), administrada por un hijo de la pareja en el poder. Foto: NICARAGUA INVESTIGA

El año 2019 estuvo marcado por las sanciones internacionales en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, principalmente por parte de los Estados Unidos que ha demandado una salida pacífica a la crisis política que vive el país desde abril del 2018.

Esta crisis ha dejado un saldo de más de 300 fallecidos, además de centenares de presos políticos, ciudadanos heridos y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las sanciones han sido aplicadas de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua aprobada el año pasado y que es conocida como Ley Nica Act, y está dirigida a las personas que violan derechos humanos y han estado involucradas en actos de corrupción y lavado de dinero.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa señala que esta ley «fue aprobada por unanimidad tanto por republicanos y demócratas» en el Senado estadounidense, algo «muy inusual» en la política norteamericana.

Francisco Aguirre Sacasa – Foto: Nicaragua Investiga

Aguirre Sacasa explica que esta ley que ha causado tanto daño a Ortega está compuesta por la unión de dos proyectos legislativos, que son la Nica Act, propuesta por la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen, y que posteriormente fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, propuesta por Bob Menéndez.

Con esta ley en 2019 fueron sancionados 9 funcionarios públicos y 4 empresas ligadas a la familia presidencial. Estas 9 personas se unen a los otros 6 que ya habían sido sancionados por Estados Unidos desde finales del 2017 con la Ley Global Magnitsky que congela todos los bienes y activos de las personas que resulten sancionadas.

La diferencias entre ambas leyes, es que una es dirigida solamente a los funcionarios nicaragüenses involucrados en actos de corrupción, lavado de dinero o violaciones a derechos humanos.

Las sanciones establecen que “se prohíben todos los tratos con personas de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas” por el Departamento del Tesoro de EEUU, explica el excanciller.

Además, esta ley establece que deben ser revocadas o denegadas las visas a los sancionados y menciona restricciones a los créditos que aplique el gobierno de Ortega ante instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual los Estados Unidos se opondría ante cualquier solicitud de fondos parte del gobierno de Ortega.

 

¿Quiénes son los sancionados?

Desde el año 2017 hasta la fecha, existen 15 personas sancionadas que son allegadas al gobierno de Ortega, entre las que destacan su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo; los hijos de la pareja presidencial Laureano y Rafael Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras; dos ministros del gabinete de Ortega, Sonia Castro y Óscar Mojica; así como dos altos mandos de la Policía Nacional, Ramón Avellán y Francisco Díaz, quien también es consuegro de Ortega.

Además de estos personajes, dos presidentes del Consejo Supremo Electoral también han sido sancionados, Roberto Rivas y Lumberto Campbell; un asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y 4 directivos de otras instituciones estatales que habrían violentado los derechos humanos y cometido actos de corrupción y lavado de dinero desde sus puestos según EEUU. Fidel Moreno, Secretario Ejecutivo de la Alcaldía de Managua, Roberto López Presidente del INSS, Francisco López, directivo de Petronic y tesorero del FSLN, y Orlando Castillo director de TELCOR, son los señalados.

En cuanto a las 4 entidades sancionadas que según EEUU habrían sido ocupadas para lavar dinero, se tratan del Banco Corporativo BANCORP, la empresa de servicios de seguridad El Goliat, Inversiones Zanzíbar y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos. Estas últimas tres estarían bajo la dirección y administración del también sancionado Rafael Ortega Murillo.

Una de las sanciones que ha afectado gravemente el funcionamiento del Estado, es la aplicada a Gustavo Porras, pues a criterio de Aguirre Sacasa, la medida aplicada por EEUU lo inhabilita para continuar operando en el parlamento nacional con libertad.

“Sancionaron a Porras pero en el proceso fue prácticamente incapacitada la Asamblea Nacional porque la firma libradora de Gustavo Porras se necesita para todos los cheques que emita la Asamblea Nacional”, explica Sacasa.

Por otro lado, Sacasa menciona que la sanción a Porras representa un golpe fuerte a la administración de Daniel Ortega, pues la Asamblea Nacional “en países democráticos incluso representa más poder que la misma Presidencia de la República”.

“Claramente él (Gustavo Porras) ha sido sancionado por el papel que ha jugado en la Asamblea Nacional para ratificar, sin seguir los procedimientos de la propia asamblea, una serie de leyes que lo que hacen es perjudicar a la población nicaragüense» dice Sacasa y coincide con la diputada liberal Azucena Castillo quien opina que desde el parlamento nacional se violan todos los procedimientos y mecanismos que establece la ley.

Jugadas políticas de Ortega ante las sanciones

La jugada que hizo Ortega para evitar que la sanción norteamericana frustrara sus movimientos en la Asamblea Nacional, fue restarle potestades a Porras. Con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ortega le quitó la autoridad a Porras para firmar leyes, decretos y para administrar el personal y el presupuesto.

Porras fue sancionado el 21 de junio del 2019 por «violaciones a los derechos humanos», junto a Sonia Castro, por negar atención a los heridos durante las protestas antigubernamentales; Orlando Castillo por censurar a medios de comunicación, y a Óscar Mojica por «promover la estrategia de exilio, cárcel, o muerte», según EEUU.

La reforma hecha con trámite de urgencia después de la sanción al presidente de la Asamblea, establece que «la Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, representante administrativo financiero, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional».

Esta medida es similar a la que Ortega aplicó cuando Roberto Rivas, presidente del CSE fue sancionado en 2017. Ortega lo mantuvo en su puesto por un tiempo pero fue restándole funciones en ese poder del Estado, principalmente funciones vinculadas a la administración, que es donde las sanciones tienen mayor efecto.

A pesar de esto, Aguirre Sacasa opina que Porras está «civilmente muerto no solo en Nicaragua sino en todo el mundo occidental y todo aquello que está vinculado a él, incluyendo la Asamblea Nacional”.

Gustavo Porras, funcionario de Nicaragua sancionado por Estados Unidos, Nicaragua Investiga.

Por su parte, el diputado sandinista Wilfredo Navarro, en su momento, dijo que con la sanción a Porras “no hay ninguna afectación” y sobre la destitución de sus funciones administrativas dijo que “lo que estamos haciendo es algunos ajustes, para que no se afecten a los bancos nicaragüenses que tienen corresponsales en Estados Unidos”.

A su vez, el mismo Porras aseguró sentirse “orgulloso” de haber sido sancionado. “Para mí es una condecoración que el imperio asesino, hable de lo que él llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses” dijo durante una sesión parlamentaria.

Según el diputado sandinista Wálmaro Gutierrez, quien firma ahora los cheques de pago y nóminas de la Asamblea Nacional después de la sanción a Porras, es “la secretaria o el secretario de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional”. Sin embargo, hasta esta fecha se desconoce quién es la persona que ocupa este cargo.

Por primera vez en Nicaragua, la Asamblea Nacional mantiene como presidente a un sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual podría tener graves consecuencias y podría contaminar el parlamento nacional y hasta convertirlo en una facción del Estado inoperativa.

La reforma hecha a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional también establece que Porras únicamente está en el parlamento para representarlo «políticamente» y que es responsable de que el trabajo del Poder Legislativo se lleve a cabo. Por ahora, Ortega mantiene a Porras en su puesto, gozando de su salario de más de 3 mil dólares y otros beneficios como la inmunidad.

Pero Porras no es el único sancionado al que Ortega ha protegido utilizando el aparato estatal a su favor. A través de una reforma a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ortega se otorgó más facultades para nombrar a más de un ministro y viceministro en cada uno de los 16 ministerios sin especificar un límite de nombramientos.

Por primera vez en la historia de Nicaragua el presidente de la Asamblea Nacional permanece sancionado por EEUU.

El artículo 17 de esta ley con sus reformas establece que “para cada Ministerio de Estado el Presidente de la República nombrará a uno o más de un ministro y a uno o más de un viceministro, determinando su competencia en el respectivo Acuerdo de Nombramiento». En pocas palabras, con esta reforma, cada ministerio puede tener más de dos ministros o viceministros.

Con esta maniobra, Ortega no tendrá que despedir a algún ministro o viceministro que haya sido sancionado por EEUU, pues solamente le pasaría el mando al siguiente ministro en la linea jerárquica y así podrá mantener a todos en sus puestos, con sus salarios, beneficios y también con inmunidad.

Los sancionados que son beneficiados con esta medida son Orlando Castillo, Director de TELCOR; Óscar Mojica, Ministro de Transporte, Roberto López; Presidente del INSS y Sonia Castro, Ministra de Salud, aunque esta última fue nombrada Asesora Presidencial para Temas de Salud después de la sanción.

Ortega también se libera de las deudas de empresas sancionadas

Con trámite de urgencia fue introducida la llamada “Ley de aseguramiento soberano y garantía de suministro de combustibles y productos derivados del petroleo a la población nicaragüense” inmediatamente después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleos S,A administrada por el también sancionado hijo de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo.

Con esta ley se estarían nacionalizando “todos los inventarios de combustibles y productos derivados del Petróleo propiedad de la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, Sociedad Anónima (DNP)”.

La Ley establece que todos los inventarios pasan a ser propiedad del Estado de Nicaragua y serán “operados y administrados” por las instituciones y empresas que el Ministerio de Energía y Minas autorice. Esas mismas empresas autorizadas se encargarán de suministrar y distribuir los combustibles y sus derivados a nivel nacional.

La diputada liberal Azucena Castillo dijo durante el plenario que la aprobación de esta ley se trataba de “una sorpresa” en vísperas de final de año y recomendó “reflexionarla para no caer en impulsos” que conlleve a cometer errorres y señala que se estaría contaminando al Estado de Nicaragua con las sanciones a través del INE.

La diputada liberal Azucena Castillo. Foto: NI

Por su parte el diputado Edwin Castro dijo durante la discusión parlamentaria que “esta ley es para darle tranquilidad, ordenamiento y que tengamos una feliz navidad con nuestro pueblo y un próspero 2020”

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, dijo a Nicaragua Investiga que “hay pocos caminos . Posiblemente esa sea la única solución para que no haya desabastecimiento de combustible” en el país.

Asimismo, señala que el Estado no se vería contaminado a como señaló la diputada Castillo durante el plenario. “Lo que busca el Tesoro de los Estados Unidos es que los activos (de DNP) se desinviertan y que los asuma el Estado. Eso es lo que sucede en todas parte del mundo cuando se sancionan empresas”.

Según la explicación de Zamora, el efecto de la sanción obligó a Ortega a devolver los bienes de DNP al Estado y que no sigan siendo administrados por la familia gobernante, si no por el Estado a como debería ser.

Zamora explica que DNP es una empresa privada y por lo tanto la estatal Petronic que no está sancionada puede asumir los activos e inventarios de DNP.

A pesar de que el proyecto de ley no especifica si el Estado asumirá también las deudas de DNP, la diputada Castillo dijo a Nicaragua Investiga que “eso es lo que está en juego. Si yo asumo todo lo que está sancionado, voy a asumir también las deudas”.

Asimismo, la diputada Castillo, señaló que esta fue la misma movida política que hizo el gobierno de Daniel Ortega desde la Asamblea Nacional cuando el Banco Corporativo fue sancionado por el Departamento del Tesoro el pasado 17 de abril del 2109 junto a Laureano Ortega.

El ex asesor de Seguridad de los Estados Unidos John Bolton, acusó a Bancorp y al hijo de la pareja presidencial, quien también es Asesor Presidencial para Inversiones, de ser parte de «una vasta red de corrupción y lavado de dinero».

¿Próximos sancionados?

A inicios de noviembre pasado el congresista estadounidense Albio Sires, Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, envió una carta al Secretario del Departamento del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, solicitando «considerar para sanciones» a los siguientes funcionarios:

1. Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
2. María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación
3. Ana Julia Guido, Fiscal General de la República
4. Adolfo Marenco, Subdirector de la Policía Nacional
5. Julio César Áreas, Juez IV de Distrito
6. Henry Morales Olivares, Juez VI de Distrito
7. Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa

Congresista estadounidense propone a siete nuevos funcionarios de Nicaragua para ser sancionados con la Nica Act. foto: Nicaragua Investiga

Lo novedoso de esta lista es que se encuentran 4 funcionarios del Poder Judicial, el cual hasta el momento no ha sido sancionado, además de una ministra más en la mira de las sanciones junto a otro alto mando de la Policía Nacional y un alcalde de una de las ciudades más golpeadas por la represión estatal.

En la carta enviada por Sires, el funcionario detalló que “Estados Unidos debe apoyar al pueblo nicaragüense enviando un mensaje claro al gobierno de Ortega de que los funcionarios que cometan violaciones graves de los derechos humanos serán responsables, en la mayor medida posible, de conformidad con la ley estadounidense”.

De igual manera, el Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozah dijo a finales de noviembre que su país continuará “haciendo responsable” a los funcionarios nicaragüenses involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Las sanciones contra el subdirector de la Policía Nacional Ramón Avellán, el presidente del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell, y el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Roberto López fueron efectuadas el 7 de noviembre del 2019.

“Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso de derechos humanos y la corrupción “, dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich. “Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, recalcó el funcionario norteamericano.

El subdirector de la Policía de Nicaragua estaría siendo acusado por EEUU de ser responsable de al menos 107 muertes durante la «Operación Limpieza», mientras que López es señalado de realizar «transacciones que involucran prácticas de corrupción por parte de o en nombre del gobierno de Nicaragua».

“El INSS (que dirige López) es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno» de Ortega, indica Estados Unidos.

Por su parte, Campbell fue señalado de estar involucrado en fraudes electorales y «practicas antidemocráticas» desde el CSE, para garantizar que Ortega siga en el poder.

“La lista debe continuar e incluir a los demás asesinos y corruptos de este régimen que por más de 12 años ha secuestrado la libertad y democracia en Nicaragua”, dijo por twitter la ex congresista Ileana Ros Lethinen después de haberse anunciado la sanción en contra de estos tres funcionarios.

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