Por Nicaragua Investiga y Revista Factum
Victoria Delgado, una joven periodista salvadoreña de 25 años, jamás imaginó que un simple viaje de trabajo marcaría un giro trascendental en su vida. Había preparado su maleta para participar en un taller de cuatro días en San José, Costa Rica, sin sospechar que ese equipaje sería el inicio de un exilio forzado.
El sábado 7 de junio de 2025, Delgado sintió un escalofrío al recibir una alerta de una fuente diplomática. Según información recibida por El Faro —el periódico donde ella trabaja en el área de contenido digital y en proyectos de investigación—, las autoridades salvadoreñas habían emitido órdenes de captura contra varios periodistas de ese medio de comunicación.
De acuerdo a la información obtenida por El Faro, las órdenes surgieron después de una serie de publicaciones realizadas por este medio en mayo de 2025, en las que dos exlíderes pandilleros revelan que pactaron con el gobierno de Nayib Bukele desde que este era alcalde de San Salvador; y cómo –con ayuda de funcionarios gubernamentales– salieron del país.
Para no quitarle el sueño a su madre, Delgado no le contó que había decidido no regresar a su hogar ese día. “Esperé hasta el día siguiente. Hablar con ella fue como escucharla tratando de darme fuerzas, queriéndome transmitir temple, pero también escuché cómo su voz se quebraba. Yo también estaba aguantándome las lágrimas, para no preocuparla más”, manifestó a Nicaragua Investiga y a Revista Factum, un medio para el que Delgado también trabajó en el pasado, por varios años.
Acoso a familiares de periodistas
Victoria contempló la posibilidad de regresar a El Salvador, pero valoró los riesgos junto a su equipo de trabajo y comprendió que sería exponerse a una posible persecución interna en el país, como ha ocurrido con varios de sus colegas que recibieron visitas de oficiales vestidos de civil. De acuerdo al testimonio de familiares de periodistas, para obtener información de ellos, estos agentes les han interrogado con excusas infundadas y sin relación con su oficio, como una posible implicación de sus vehículos en accidentes de tránsito. Uno de los casos ocurrió cuando la Policía Nacional Civil (PNC) visitó la casa de la madre del periodista y editor salvadoreño Ricardo Vaquerano. Entonces, los agentes justificaron su presencia alegando denuncias de violencia doméstica.
La primera visita ocurrió el 30 de octubre de 2024, cinco días después de que la revista Gato Encerrado publicara una investigación dirigida y editada por Vaquerano sobre una red de policías que participó en cientos de asesinatos entre enero de 2019 y septiembre de 2021.
Victoria Delgado es una periodista salvadoreña de 25 años. Foto | Cortesía.
“Para mí, hay una relación de causa y efecto entre la publicación y la visita de los policías a la casa de mi madre y de mi hermana”, dijo Vaquerano, cuyo testimonio lo recogió la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en su informe publicado en mayo de 2025. La madre del editor negó a los agentes que se haya reportado algún acto de violencia en su casa. Tras los interrogatorios, los policías quisieron entrar en la vivienda sin presentar una orden de allanamiento.
Marielos Monzón, presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, asegura que la persecución de periodistas se debe a que los medios independientes cuestionan el régimen inconstitucional, así como el poder político, económico y militar de Bukele. “Por eso el presidente está enojado con los medios”, dice.
Monzón, quien además es periodista guatemalteca, señala que las investigaciones exponen las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción y documentan cómo cientos de individuos son encarcelados injustamente, acusados de ser pandilleros, a pesar de no tener ninguna conexión. “Es lo que Nayib Bukele y su régimen quieren mantener oculto”, afirma.
Nicaragua: un manual extendido por la región
Según especialistas consultados, en Nicaragua, Daniel Ortega gobierna con mano de hierro, y ha ejecutado un manual de censura contra los medios críticos a su gestión. Ahora ese manual se está implementando por la región centroamericana. El régimen sandinista ha clausurado medios, encarcelado a periodistas y mantiene bajo vigilancia, a día de hoy, a quienes permanecen en el país. También lo ha hecho con organizaciones no gubernamentales.
Según Ortega, para “asegurar la paz”, ordenó vigilancia política barrial. El 19 de julio de 2025, durante el 46 aniversario de la revolución sandinista, ordenó que se redoblara contra los periodistas y opositores.
“Por eso tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir: estudio, preparación, trabajos y diferentes actividades, sin descuidar en el lugar, en el barrio donde estemos trabajando, sin descuidar la vigilancia revolucionaria”, dijo Ortega. “Y que de esa manera no les quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”, añadió.
Daniel Ortega junto al jefe policial Francisco Díaz Madriz, quien además es su consuegro.
José Ulloa, consultor de la Red Voces del Sur, un grupo de 17 organizaciones de la sociedad civil en igual número de países, sostiene que bajo Ortega, Nicaragua se transformó en el caso más notorio de cómo un régimen autoritario puede implementar metódicamente un manual de censura.
“Tristemente, es el mal ejemplo que otros gobiernos están tomando y adoptando”, asegura Ulloa, quien además destaca que estos paralelismos evidencian que el modelo represivo nicaragüense no es un caso aislado, sino que se ha extendido en toda la región, forjando un ambiente adverso para el periodismo independiente en Centroamérica.
“En países como Nicaragua y El Salvador, la represión se ha institucionalizado, mientras que en Honduras y Guatemala los ataques a la prensa se agravan con la impunidad y el deterioro de las garantías democráticas. Costa Rica también es un tema de preocupación”, resalta Ulloa.
“Vivimos con la vida en las maletas”
La periodista de El Faro, Victoria Delgado, ha comenzado una nueva etapa lejos de su hogar y familia en un país que prefiere mantener en secreto, por motivos de seguridad. Esto, para evitar una situación de acoso y vigilancia similar a la que sufrió la familia de Ricardo Vaquerano. Pero exiliarse, en su caso, repercutió en irse de su país sin abrazar a sus familiares.
“No me hubiese gustado salir indefinidamente del país, sin despedirme de mi familia, sin pasar una tarde con ellos. Eso me entristece y me preocupa. Pero lo más doloroso es que muchos colegas me dicen lo mismo: nuestras familias se sienten más aliviadas de que estemos fuera, que dentro del país”, lamentó.
Víctor Peña, coordinador de fotografía en El Faro y periodista con 18 años de experiencia, afirma que aunque el periódico ya había tomado medidas de precaución en el pasado —como salir temporalmente del país tras publicar investigaciones sensibles— esta vez la situación es distinta.
Víctor Peña es un fotoperiodista que considera la profesión como parte de su vida.
“La idea era irnos un tiempo y luego evaluar cómo se desarrollaba todo. Pero al pasar los días en el extranjero, las amenazas crecieron, y nos dimos cuenta de que volver era cada vez menos viable”, relató Peña. Para él, vivir en el exilio significa enfrentar una constante incertidumbre. “Has dejado tu casa, tus cosas, todo lo que hace funcional tu vida. Básicamente, ahora vivimos con la vida en las maletas, resolviendo día a día, sin saber dónde vamos a estar mañana”, agregó.
Al igual que Delgado y Peña, muchos periodistas están abandonando El Salvador sin certeza de cuándo podrán volver. Entre mayo y junio de 2025, APES registró la salida de cuarenta comunicadores, pero esta cifra puede aumentar, porque el acoso y ataques contra ellos sigue, tanto en lo público como en lo privado.
Muchos se exiliaron debido a amenazas de arresto, presuntos casos judiciales, acoso e intimidación por parte de los cuerpos de seguridad.
Una salida de periodistas sin precedentes
De acuerdo con APES, en 2024 se produjo un aumento en las agresiones contra la prensa, alcanzando 789 casos documentados, en comparación con los 311 reportados en 2023. Este organismo señala que estas escalaron a niveles de gravedad inéditos desde la conclusión de la dictadura militar de 1979 que derrocó al presidente Carlos Humberto Romero en la previa al estallido social que dio paso a la guerra civil de 1980.
El historiador salvadoreño Héctor Lindo asegura por su lado que el país centroamericano no tiene registro de una salida masiva de periodistas similar a la fecha actual, ni siquiera durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez entre 1931 y 1944.
“Es difícil adaptarse cuando no tenés un plan de vida en el país al que llegaste, porque tus planes, tus costumbres, tu familia, todo está en el país que tuviste que dejar”, sostiene el fotoperiodista Víctor Peña, de 40 años, quien considera el periodismo como su forma de vida.
El pasado 23 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia titulada «El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos». En ella, distintas organizaciones regionales e internacionales hicieron alusión al Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas: Análisis de Casos del años 2024, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que detalla que para el año pasado hubo un total de 533 casos de agresión contra personas y colectivos que defienden derechos humanos en El Salvador, convirtiéndose así en el registro más alto de los últimos cuatro años.
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Momentos antes del inicio de la sesión, a través de una carta, el Gobierno de El Salvador informó que declinaba participar en esta audiencia. «(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios […]. Esto es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados», dijo el Gobierno de El Salvador, en su carta, según informó Andrea Pochak, comisionada por la 53° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La CIDH emitió en 2024 una recomendación al Estado de El Salvador para que garantice la seguridad de los periodistas, especialmente para los que trabajan bajo el régimen de excepción. Esto implica asegurar que no sean detenidos, amenazados o agredidos, y que sus herramientas de trabajo no sean destruidas o confiscadas.
El contexto del exilio
El reciente exilio de periodistas salvadoreños se produjo además en un contexto de represión, que inició el 5 de mayo con la detención de transportistas que habían participado en una reunión gubernamental. Uno de los detenidos falleció mientras estaba bajo custodia estatal.
Pero esta salida forzada se da en un contexto cuando el 13 de mayo Bukele anunció la Ley de Agentes Extranjeros –similar a la aplicada en Nicaragua bajo el régimen de Ortega–, que prohíbe participar en “asuntos políticos” (bajo pena de prisión y grava con un 30 por ciento las donaciones de la sociedad civil) a los que ellos consideran agentes extranjeros por recibir financiamiento desde otros países.
El 1 de junio de 2025, en una intervención en el Teatro Nacional de El Salvador, Bukele acusó a medios de comunicación y a organizaciones no gubernamentales de llevar a cabo un “ataque coordinado” contra su gobierno. El mandatario sostuvo que la legislación, supuestamente, regula el uso de los fondos del extranjero para proyectos sociales. “Hay organizaciones extranjeras que dicen venir a ayudar y realmente vienen a hacer política, a mover millones para campañas políticas, a operar en la oscuridad, sin reglas, sin límites, sin pagar nada”, dijo Bukele.
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Ese 13 de mayo fueron arrestados Alejandro Henríquez, abogado del Foro del Agua, y José Ángel Pérez, pastor de la iglesia Elim y presidente de la cooperativa El Bosque. Esto fue por participar en una protesta pacífica en frente a la residencia Los Sueños, en Nuevo Cuscatlán (donde reside Bukele), implorando que se detuviera el desalojo de 300 familias de bajos recursos.
Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal y destacada defensora de derechos humanos, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 y posteriormente enviada a prisión. La detención tuvo lugar tras una audiencia inicial en el Juzgado 12 de Paz de San Salvador. Durante el proceso, la Fiscalía modificó la acusación original de peculado a enriquecimiento ilícito.
Enrique Anaya, abogado constitucionalista y quien había declarado en diferentes espacios de opinión pública que la reelección del presidente Bukele era inconstitucional, fue arrestado el 7 de junio de 2025, el día que el grupo de periodistas de El Faro intentó retornar al país. Una de las acusaciones en su contra es por supuesto lavado de dinero, un delito que también usa el régimen de Nicaragua para acusar a opositores.
Estas acciones muestran cómo el periodismo centroamericano está enfrentando una de sus etapas más oscuras. La represión, la censura y el exilio ya no son excepciones, sino parte de una estrategia regional para imponer el silencio. Así lo expresó Marielos Monzón, presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas: “El mensaje es claro: no quieren prensa ni periodistas independientes. Buscan imponer un régimen de silencio y terror en un país para que los poderes déspotas puedan actuar a su antojo”.
La censura en Centroamérica
En Guatemala, José Rubén Zamora Marroquín, periodista y fundador de El Periódico –y reconocido como preso político por Amnistía Internacional–, destapó en el pasado distintos casos de corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei. Actualmente se encuentra en prisión preventiva. Le acusan de lavar dinero por la supuesta venta de un cuadro por valor de unos 30 mil dólares.
Zamora, quien durante más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas, fue condenado en junio de 2023 a seis años de prisión. Su estado de salud sufrió un grave deterioro en la cárcel Mariscal Zavala, en la Ciudad de Guatemala; y aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión. Zamora denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público, liderado por los fiscales Consuelo Porras y su mano derecha, Rafael Curruchiche, quienes de acuerdo a los Estados Unidos y la Unión Europea son “actores corruptos” por usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Giammattei.
La Red Centroamericana de Periodistas ha registrado que al menos 20 periodistas guatemaltecos están exiliados por persecuciones penales arbitrarias.
En Nicaragua, la situación es más grave. Entre abril y junio de 2025, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando así a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua, desde 2018. Además, hay cuatro periodistas en situación de desaparición forzada en el país: Fabiola Tercero, Esbelth de Anda, Irvin Guerrero y Leo Cárcamo.
Bajo la administración de Rodrigo Chaves, la prensa en Costa Rica también se ha visto afectada. La censura y la intimidación a periodistas críticos con su gestión se han vuelto cada vez más comunes, particularmente durante las conferencias de prensa.
En al menos tres ocasiones se documentaron actos de censura directa contra periodistas que realizaron preguntas incómodas o repreguntas consideradas “impertinentes” por Chaves.
El 30 de julio de 2024, Héctor Guzmán —periodista con trayectoria en medios como Reuters, CNN y Univisión— fue interrumpido y reprendido públicamente por Chaves al intentar aclarar una pregunta sobre la “Ley Jaguar”. El presidente le gritó en esa ocasión: “Usted ha sido muy irrespetuoso. Se calla, se lo digo, y lo deja terminar. Punto. A mí no me venga con ser muy perspicaz”.
El 11 de septiembre de 2024, David Chavarría, de Radioemisoras UCR, fue silenciado cuando intentó repreguntar sobre la destitución de Jacklyn Rivera, funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en medio de denuncias por presiones de un empresario cercano al gobierno. En esa ocasión, el presidente y su ministro de comunicación le retiraron el micrófono, al calificar la pregunta como “impertinente”.
En otro incidente, David Bolaños, periodista de Doble Check, fue impedido de repreguntar sobre la confidencialidad de las empresas que impulsaban la reforma laboral 4-3, a pesar de que la Sala Constitucional había ordenado que esa información debía ser pública. Tanto Bolaños como Chavarría fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial, en un acto considerado intimidatorio.
Nicaragua Investiga
