El régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado sus tácticas represivas contra el periodismo independiente, intentando forzar a comunicadores a actuar como informantes del Estado a cambio de supuestos beneficios económicos y de seguridad. Esta revelación proviene del III Informe Trimestral 2025 de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), publicado recientemente, que detalla cómo el régimen utiliza la precariedad laboral y las amenazas para coaccionar a los periodistas que permanecen en el país.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 7, 2025
De acuerdo con el documento de FLED, los agentes del gobierno se acercan a los periodistas con propuestas que aparentan ser oportunidades laborales, ofreciendo “estabilidad económica, seguridad personal e incluso protección frente a posibles acusaciones judiciales”. Sin embargo, estas ofertas vienen con una exigencia clara: los comunicadores deben “aceptar convertirse en informantes, entregar información sobre colegas o integrarse a las estructuras de comunicación oficialista, promoviendo la imagen de un país próspero, seguro y libre”.
El informe recopila varios testimonios anónimos de periodistas que han sufrido estas presiones. Por ejemplo, una comunicadora relató haber sido interceptada y subida a una camioneta por oficiales policiales, quienes la interrogaron mostrando documentos detallados sobre sus pagos y contratos con medios en el exilio. “Me mostraron documentos con pagos y contratos de medios (nicaragüenses) en el exilio. Tenían toda mi información”, expresó la afectada, según el reporte de FLED.
Otro caso involucra a una periodista amenazada con la confiscación de sus propiedades si no proporcionaba datos sobre colegas exiliados en Costa Rica. Como resultado, se vio forzada a mudarse para garantizar su seguridad. De manera similar, un comunicador identificado como Mateo en el informe describió una “persecución constante” que persiste incluso en el exilio, impidiéndole reanudar su trabajo profesional.
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FLED destaca que estas estrategias forman parte de un patrón más amplio de represión, donde la precariedad se emplea como “arma de control social”. Quienes rechazan las propuestas enfrentan consecuencias graves, como posibles encarcelamientos, pérdida de viviendas o vigilancia continua. En un testimonio adicional, un periodista fue inicialmente obligado a firmar diariamente en una estación policial y luego presionado para espiar a sus pares locales, bajo la amenaza de despojo de su hogar si se negaba.
Desde 2018, al menos 54 medios de comunicación han sido clausurados en Nicaragua, incluyendo confiscaciones de propiedades en casos como el diario La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y Trinchera de la Noticia. Además, más de 293 trabajadores de los medios han sido obligados al exilio o desterrados por motivos de seguridad. El informe de FLED también advierte sobre la expansión de “desiertos informativos”, con 11 departamentos del país sin acceso a prensa independiente, lo que representa el 65% del territorio nacional.
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En el trimestre julio-septiembre de 2025, FLED registró 31 agresiones contra periodistas y medios, incluyendo sabotajes digitales y campañas de estigmatización. La organización enfatiza que “el periodismo independiente es esencial para la verdad y la memoria del país”, y llama a la comunidad internacional a incrementar el apoyo para proteger a estos profesionales.
Este patrón de intimidación no solo silencia voces críticas, sino que socava los pilares de la democracia en Nicaragua, dejando a la población sin información veraz y plural.
Nicaragua Investiga
