Diputados costarricenses están cuestionando que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sea el dueño del 50% de las acciones de la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua S.A. (TECOMUNICA), que opera con el nombre comercial Teko, con la que el régimen de Daniel Ortega pretende competir con las transnacionales Claro y Tigo.
En 2016, año en que fue fundada la empresa TECOMUNICA, ICE invirtió más de 2 millones de dólares. Al conocerse esto, varios diputados de la Asamblea Nacional de Costa Rica, están reprochando que fondos públicos se utilicen para negocios con un régimen que viola derechos humanos en Nicaragua, según un reporte de CRHoy.
No se puede ser socio de un régimen que viola “las libertades”
Eli Feinzaig, legislador de Costa Rica, expresó que es “una barbaridad que una empresa costarricense haga una inversión con una empresa de un régimen dictatorial en una línea de negocios tan delicada como las telecomunicaciones”.
Es un «barbaridad inaceptable” e “inconcebible” que las empresas estatales de un país con “tradición democrática de libertad y de respeto”, no tengan “una política de inversión ética”, indicó.
“Uno jamás debería de invertir fondos públicos en países con un riesgo jurídico tan alto, como lo es un país con un régimen. Hoy ha recrudecido la situación, pero en 2016, cuando se tomó esta decisión, ya era un régimen autoritario, limitador de los derechos de la ciudadanía”, agregó Feinzaig.
En su intervención, el diputado costarricense del PLP, mencionó que en las protestas de 2018 en Nicaragua, murieron más de 300 personas y que era el momento idóneo para que las autoridades costarricenses revisaran y cancelaran “la decisión errónea que ya habían tomado”.
“Por razones éticas, una empresa pública costarricense no puede ser socia de un régimen que viola los derechos de los ciudadanos, las libertades y que tiene a más de 200 presos políticos encarcelados… además son fondos públicos arriesgados en un país sin ningún tipo de seguridad jurídica es absolutamente inconcebible”, señaló Feinzaig.
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Fondos públicos ticos sin seguridad jurídica en Nicaragua
Al pronunciamiento de Eli Feinzaig también se sumó la diputada del PUSC Vanesa Castro, quien se mostró preocupada. Expresó que “el régimen de Ortega no se puede considerar democrático” y que maneja “los temas a su antojo”, sobre todo en “aspectos de seguridad jurídica”, lo que expone el uso de los fondos públicos costarricenses, por lo que hizo un llamado a realizar un análisis y emplazó al Presidente Rodrigo Chaves a que exprese su posición al respecto.
En esa misma línea, Kattia Cambronero, diputada ante el parlamento tico por el PLP, refirió que los aspectos morales y derechos humanos violados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, deben ser analizados, especialmente a la hora de establecer relaciones comerciales con fondos públicos que podrían verse en riesgo y afectar a Costa Rica. Por ello, señaló que se debe dar explicaciones y presentar estudios de mercado para poder definir las inversiones.
“Nos parece poco ético que una empresa estatal costarricense haga negocios con un régimen dictatorial como lo es el de los Ortega. Costa Rica ha llevado una lucha en pro de los derechos humanos en la región y no tiene ningún sentido que una empresa estatal haga negocios con un dictador”, expresó.
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Cuidado con “nuestros socios”
Danny Vargas, fue otro de los diputados que se refirió a este tema. Señaló que es positiva la expansión del ICE en asuntos de inversión, pero que antes de hacerlo se debe revisar a detalle lo referido a derechos humanos y democracia. En su intervención destacó el que en Nicaragua haya persecución y encarcelamiento de opositores, periodistas y políticos, lo que es suficiente para analizar cualquier tipo de negociación con un régimen como el de Ortega.
Diputado costarricense, Danny Vargas. Foto: CRHoy.
“Esto hace ver que es un país que no comulga con principios democráticos y de derechos humanos como lo es Costa Rica… ante esto si hay que tener cuidado de quiénes son nuestros socios, en especial de una empresa como el ICE, entonces es importante revisar”, manifestó Vargas.
Ante esta situación, el Instituto Costarricense de Electricidad emitió un comunicado en el que aseguró que su administración valora las inversiones realizadas tanto a nivel nacional como fuera de las fronteras de Costa Rica.
Nicaragua Investiga
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