GHREN revela una «política discriminatoria» del Estado contra parte de la población

Contundente. Así fue la conclusión del informe que presentó este lunes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos Sobre Nicaragua (Ghren) en relación a la crisis socio-política que se mantiene en este país. Para realizar este informe, han tenido comunicación directa con las víctimas y otros testigos que conocen el funcionamiento directo del Estado de Nicaragua, así como la revisión de expedientes judiciales, documentos oficiales y no oficiales, y material audiovisual debidamente verificado.

“Con base a la información a analizada, hemos concluido que graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos ocurrieron en Nicaragua, durante el periodo cubierto por este informe. Representantes de diversas agencias del gobierno (de Nicaragua), actores no estatales y grupos progobiernos perpetraron estas violaciones”, informó Jan-Michael Simon, presidente del Ghren.

Detalló que las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual y de género. Además privación arbitraria de la nacionalidad y la violación a permanecer en su propio país.

“Estas violaciones fueron perpetradas y siguen perpetrándose contra personas opositoras al gobierno de Nicaragua. Basado en los análisis de los casos individuales que hemos investigados, complementados por un análisis legal de la situación y política existente, hemos concluido que la violación investigadas y documentadas, se cometieron como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática la cual tiene su origen en el Estado”, afirma el documento.

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Los expertos concluyeron que dichas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional y que estos fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria contra parte de la población de Nicaragua por motivos políticos, misma que es organizada de manera intencional desde las más altas esferas del gobierno, por lo que se instrumentalizó todos los poderes del Estado contra opositores reales o percibidas como tales.

“La impunidad prevalente frente a estos crímenes permitió y facilitó el escalamiento de la violencia contra las personas opositoras o percibidas como tales. Nuestras conclusiones se basan en el estándar probatorios de otros mecanismos investigativos que es el estándar de motivos razonables para creer”, continuó el informe.

Simon indicó que de igual manera en dicho informe ofrecen recomendaciones de medidas que consideran que el Estado de Nicaragua y la comunidad internacional deben de implementar como la liberación inmediata de los reos de conciencia y poner fin a las violaciones, abusos y crímenes, y en particular a la persecución por motivos políticos.

“Además que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones y garanticen la justicia para las víctimas, y que se garantice la separación de poderes”, subrayó.

Dictadura reacciona descalificando informe

Por su parte, una vez más la dictadura Ortega- Murillo no aceptó las conclusiones del informe porque asegura que son lineamientos hechos por los medios de comunicación independientes y opositores, y que tales situaciones no existen en Nicaragua. “No aceptamos reporte alguno del unilateralmente llamado Grupo de Expertos, por ser subjetivos y contrarios a los intereses supremos de nuestro país, en la búsqueda del buen Vivir, en toda la dimensión de lo que ello implique”, según un documento leído por Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República de Nicaragua.

Agregó que estos informes no reconocen “todos los avances en materia de derechos humanos” y que las recomendaciones son carentes de objetividad y que tienen la finalidad de denigrar al país, por lo que consideran que dicho informe no les desanima, ni los amedrentan, sino al contrario los animas a continuar en sus decisiones firmes.

“Somos un país pacífico, decente y decoroso con la Comunidad Internacional, donde solo defendemos el respeto al Derecho Internacional, por lo que pedimos a este grupo respeto y trato igualitario”, concluye el documento oficial.