Defensores de DDHH piden que organismos financieros condicionen préstamos al régimen de Ortega

La tarde de este lunes se dieron cita en un conversatorio, un grupo de organismos de derechos humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua (GHREN), para abordar los alcances y las expectativas luego de la presentación ante la ONU del informe de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Ortega.

En el panel de expertos participaron Jan-Michael Simon y Ángela Buitrago, de parte del GHREN, y las defensoras nicaragüenses Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Olga Valle de Urnas Abiertas y Josefa Meza de la Asociación Madres de Abril (AMA) y mamá de Jonathan Morazán, joven asesinado durante las manifestaciones pacíficas de 2018.

Además de brindar su respaldo al informe presentado y a que se extienda un nuevo período de dos años para el GHREN, las defensoras mantuvieron su postura de justicia y reparación para las víctimas, además de llamar a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen de Ortega para que restablezca el estado de derecho en Nicaragua.

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Crisis humanitaria afectará a la región

Ángela Buitrago explicó que las condiciones humanitarias en Nicaragua se han venido “complejizando a nivel interno y a nivel internacional” y que se sigue privando una vez más los derechos fundamentales, no solo de las personas a las que se les ha arrebatado su nacionalidad, sino también a sus familias.

“Desde ese punto de vista el grupo ha hecho un llamado para entender que las consecuencias de todas estas decisiones afectan no solo a los nicaragüenses si no también a la comunidad internacional, se está generando sin lugar a dudas una crisis humanitaria que va a ser compleja en la región, pero que sin lugar a dudas está privando de derechos fundamentales a las personas nicaragüenses”, explicó Buitrago.

Jan-Michael Simon fue más allá e hizo un llamado a la comunidad internacional a presionar para que los organismos financieros internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), condicionen los préstamos que le proporcionen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Cooperación externa debe tener en cuenta situación de DDHH

“Cualquiera que sea una cooperación con el gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo, de financiamiento, debe tomar en cuenta la situación de derechos humanos y debe estar condicionada a que no perpetúe el sistema que sigue violando los derechos humanos, y además que condicione que cualquier centavo que se desembolse tenga un objetivo de fortalecer los derechos humanos”, expuso Simon.

El experto agregó que “la situación en Nicaragua es tan seria” que la comunidad internacional tendrá, además de “responsabilizar a los individuos por sus actos y sancionar quizás a instituciones”, ver de manera más amplia el “como se puede incidir” para que el régimen no siga cometiendo delitos de lesa humanidad.

La defensora de derechos humanos Wendy Flores resaltó que en Nicaragua todavía existen más de 37 personas privadas de libertad por razones políticas, así como el que no se pueda ejercer la defensa y acompañamiento de las víctimas y el no poder documentar las violaciones por falta de presencia de organismos defensores y de medios de comunicación.

Violaciones de DDHH no cesa

“El hecho que en nuestro país la libertad de expresión esté totalmente prohibida y valdría la pena seguir profundizando la persecución que ha tenido la Iglesia católica, la persecución religiosa que en este momento bajo amedrentamiento, bajo acecho, bajo asedio y con uno de los sacerdotes presos y bajo un régimen de tortura”, detalló Flores.

Josefa Meza, miembro AMA apuntó que se debe seguir relatando y documentando las violaciones y hasta asesinatos que se siguen cometiendo en Nicaragua a casi cinco años después del brote de violencia perpetrado por el régimen de Ortega en 2018.

“La Asociación de Madres de Abril acogemos el informe presentado por el GHREN con la esperanza de que vamos a encontrar justicia por nuestros hijos y que no va existir impunidad… como madres de nuestros hijos nosotras tenemos derechos a saber la verdad y que realmente las personas responsables paguen”, resaltó Meza.

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Josefa Meza lamentó que a casi cinco años de la masacre de 2018, el régimen de Ortega “continúa reprimiendo, continúa matando”, detalló que el esclarecimiento de todas las muertes es fundamental para la AMA y que guardan la esperanza que las muertes de sus hijos no queden impunes. “No es justo que continuemos en la impunidad o que se negocie sobre los cadáveres de nuestros hijos”, resaltó.

“Nosotros no estamos pidiendo ninguna venganza, estamos pidiendo que se verifique lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros hemos vivido”, concluyó Meza.