Una vez más el régimen de Daniel Ortega lanza su zarpazo hacia las propiedades de organizaciones a las que ha acorralado hasta arrebatarles las personerías jurídicas, esta vez se ha tomado las instalaciones del monasterio de las monjas trapenses.
A casi dos meses de haberse visto obligadas a abandonar el país, las Hermanas trapenses denunciaron que la propiedad del monasterio que había sido entregada a la Diócesis de Chontales antes de que ellas salieran de Nicaragua, fue confiscada por la dictadura de Ortega.
“El 01 de marzo se presentó ante Migob (Ministerio de Gobernación) la escritura de cierre voluntario y el 03 de marzo se presentaron las autoridades del Gobierno para informar verbalmente, a nuestro obispo (monseñor Marcial Guzmán), que ya no podían ir al monasterio”, expresó este martes 11 de abril el grupo de religiosas.
El inmueble ubicado en San Pedro de Lóvago, Chontales, ahora está en manos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), según la información proporcionada por las religiosas.
Veintidós años en Nicaragua
Las Hermanas trapenses, quienes ahora continuarán su misión pastoral desde Panamá, tenían una historia de 22 años en Nicaragua y se vieron obligadas a salir del país el pasado 24 de febrero de este 2023, tras haber solicitado la “disolución voluntaria” de su organización, en medio del cierre desenfrenado de organizaciones no gubernamentales y la expropiación de propiedades de parte del régimen Ortega-Murillo.
Al momento de su partida las religiosas alegaron que dejaban Nicaragua “voluntariamente” por motivos de la Orden, “falta de vocaciones” y “ancianidad de varias hermanas”; sin embargo, para nadie es un secreto que el régimen de Ortega ha ido cercando a las organizaciones no gubernamentales hasta obligarlas o bien despojarlas directamente de sus personerías jurídicas, sobre este también pesa la expulsión bajo custodia de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, en julio de 2022.
Antes de abandonar Nicaragua, el grupo de religiosas había dejado el convento, monasterio y los bienes e inmuebles a la Diócesis de Juigalpa, Chontales, a cargo de monseñor Marcial Guzmán Saballos, una decisión irrespetada por el régimen de Ortega que se tomó la propiedad antes de rechazar el cierre voluntario o cancelar de forma unilateral la personería jurídica.
Régimen no rinde cuentas de lo expropiado
Las hermanas trapenses que pertenecen a la Orden monástica católica OCSO (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae en latín), llegaron a Nicaragua el 20 de enero de 2001 procedentes de Hinojo, Argentina, y bajo los reglamentos de San Benito, tenían el monasterio Santa María de la Paz, en el municipio de San Pedro de Lóvago en el departamento de Chontales.
Desde noviembre de 2018 hasta la fecha, la dictadura de Ortega ha cancelado y expropiado las propiedades de unas 3,321 oenegés, de las cuales no rinde cuentas claras de qué se hace con los bienes y activos.
Expulsan a religiosas de la Fundación López Carazo
A penas unas horas de que las monjas trapenses denunciaran la expropiación del monasterio en San Pedro de Lóvago, el régimen continúa su embestida contra las órdenes religiosas, esta vez las víctimas son las encargadas de la Fundación López Carazo, en el departamento de Rivas, que pertenecen a la orden de las dominicas y quienes estaban al frente de un asilo de ancianos y un colegio desde hace 40 años.
La dictadura Ortega-Murillo ordenó la expulsión de la madre Rosario Blanco directora del asilo de ancianos y de su hermana Isabel, ambas monjas de nacionalidad costarricense, según confirmó bajo anonimato una fuente de la Diócesis de Granada, al medio de comunicación Intertextual.
Las religiosas están siendo obligadas a salir de Nicaragua para horas del mediodía de este 12 de abril y se espera que lo hagan por la frontera de Peñas Blancas.
El asilo de ancianos y el Colegio Susana López Carazo, se encuentran ubicados en el barrio El Rosario de dicho departamento y se desconoce quien asumirá la administración de ambos. En tanto, se sabe que hay presencia policial en el lugar.
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