Un tribunal de Guatemala inició este martes un polémico juicio por lavado de dinero contra el dueño de un diario crítico del gobierno, quien arriesga una condena de 20 años de prisión y cuyo encarcelamiento ha provocado denuncias de ataques a la libertad de expresión.
José Rubén Zamora, dueño de El Periódico y en prisión desde julio pasado, está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y chantaje, cargos que él afirma que son una represalia por decenas de publicaciones sobre corrupción en el gobierno guatemalteco.
«El tribunal declara abierto el debate oral y público», anunció su presidenta, Oly González, al arrancar el juicio en presencia de Zamora, quien vestía traje azul oscuro, camisa blanca y corbata roja.
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«Soy un preso político y he sido tratado como tal», declaró Zamora a periodistas al llegar al tribunal. Y aseguró: «En este juicio me van a sentenciar».
Según la acusación, el comunicador de 66 años está involucrado en una supuesta trama para blanquear 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra.
Pero gremios de la prensa y ONG internacionales exigen que se levanten los cargos contra Zamora, mientras Estados Unidos expresó su preocupación por los intentos de «criminalizar» la labor de los periodistas en Guatemala.
«Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan», declaró hace unos días la presidenta de la ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, al cierre de una visita a Guatemala.
Cruzada contra fiscales
Zamora sostiene que el caso en su contra fue fabricado por el presidente Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, lo que niegan el gobierno y la Fiscalía.
El periodista declaró estar «sereno» y dispuesto a buscar su liberación en instancias internacionales si es condenado en este juicio, que puede durar algunas semanas.
El Código Procesal Penal guatemalteco impone por lavado de dinero condenas de entre seis y 20 años de cárcel inconmutables.
Zamora fue arrestado en medio de una ola de detenciones de exfiscales anticorrupción por orden de la Fiscalía guatemalteca, cuya titular está incluida por Washington desde 2021 en una lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en Centroamérica.
El Periódico ha recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
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La Fiscalía dice que tiene como pruebas escuchas telefónicas y el dinero en efectivo que Zamora habría entregado a un banquero, quien está procesado en otro caso y luego se convirtió en testigo contra el dueño del diario.
Hace dos semanas fueron detenidos dos abogados que defendieron al dueño de El Periódico en la fase previa al juicio, acusados por la Fiscalía de presentar una prueba falsa, y el jueves fue capturado por el mismo caso el periodista y empresario Juan Carlos Marroquín, primo de Zamora.
«Intento de intimidar»
El 28 de febrero, un juez ordenó abrir un segundo proceso contra Zamora, por supuestamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero en 2021. Además, el magistrado sugirió investigar a periodistas y columnistas del rotativo por supuesta obstrucción de la justicia.
La decisión del juez llevó a Estados Unidos a expresar su «preocupación» por el caso de Zamora.
«Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión», dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
Es «un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción», señaló por su parte en Nueva York el director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna.
La mayoría de los casos contra exfiscales son por presunto abuso de autoridad en las investigaciones anticorrupción emprendidas junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), un ente adscrito a la ONU que operó en el país entre 2007 y 2019.
Nicaragua Investiga
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