Salen a luz los detalles de la acusación contra monseñor Rolando Álvarez

Monseñor Rolando Álvarez se encuentra actualmente prisionero del régimen de Daniel Ortega en la cárcel Modelo de Tipitapa. Son ya 13 meses como reo político de la dictadura y más de cinco meses desde la última vez que fue exhibido ante las cámaras de los medios de comunicación oficialistas.

Una fuente sacerdotal suministró a Nicaragua Investiga el contenido de la acusación que le hizo el régimen al obispo de Matagalpa y Estelí, la cual sale a la luz por primera vez, ya que nunca se conoció a detalle por qué monseñor Álvarez fue condenado sin que se le realizara juicio.

La justicia orteguista le realizó dos audiencias, preliminar e inicial, pero a la representación legal del sacerdote nunca le entregaron la información necesaria para que lo defendiera.

En esencia, a monseñor Álvarez lo acusaron de ser el líder y director de los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2022, cuando el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó el cierre de seis emisoras católicas y, al presentarse estas autoridades en la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, cuyo párroco era el padre Uriel Vallejos, acusado junto a monseñor Álvarez, pero no fue capturado por la dictadura porque se fue al exilio en diciembre de ese año.

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Los de Telcor llegaron para cerrar Radio Católica de esa ciudad, pretendieron entrar por la fuerza a las instalaciones y llevarse los equipos de la radio, pero no se les permitió.

La Policía de la dictadura intervino en el asunto, lo cual provocó que algunos fieles católicos se hicieran presentes en la parroquia. Según la acusación, en los actos resultaron golpeados cinco policías y se ocuparon en la iglesia cohetes y siete morteros.

Los recibos de ocupación no dicen que los cohetes y los morteros se le ocuparon a monseñor Álvarez, pero en la acusación se le adjudican.

19 sacerdotes investigados

La acusación contra monseñor Álvarez revela que otros 18 sacerdotes estuvieron en la mira como investigados, durante la represión que se desató contra la iglesia desde mediados de 2022.

Entre los sacerdotes que estuvieron investigados, además de Álvarez y Vallejos, resaltan monseñor Silvio Báez, actualmente en el exilio en Miami; el expárroco de la iglesia San Miguel de Masaya, Edwing Román, también en el exilio en Miami; el expárroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, Harvin Salvador Padilla, quien abandonó la parroquia tras ser asediado varios días en mayo de 2022.

También figuran en la acusación como investigados el padre Leonel Alberto Alfaro, quien fue vicario parroquial de la iglesia Divina Misericordia en Managua; el padre Elier Pineda Úbeda, quien fue vicario general en Jinotega; el padre Vicente Martínez Bermúdez, expárroco en Ciudad Darío, exreo político y quien en febrero pasado fue desterrado por la dictadura hacia Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos; el padre José Iván Tercero Centeno, actualmente párroco en Jalapa.

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Igualmente, fueron investigados los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, de Jalapa, quien recientemente fue detenido por la Policía orteguista por supuestamente haber extraído dinero de cuentas bancarias de monseñor Álvarez; José Luis Montoya Martínez, mejor conocido como el “padre rockero”; monseñor Carlos José Avilés Cantón, vicario general de la Arquidiócesis de Managua.

También Héctor del Carmen Treminio Vega, párroco de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas; Erick Ernesto Ramírez Velásquez, párroco en Telpaneca; Allan Alfonso Paisano Hernández, párroco de la iglesia Santiago Apóstol, de Boaco; así como los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez y Sadiel Antonio Eugarrios Cano, ambos también expresos políticos e igualmente desterrados por la dictadura en febrero pasado a Estados Unidos.

La lista la terminan de engrosar los padres Aníbal Manzanares Tinoco, párroco en Terrabona, Fernando Isaías Calero Rodríguez, párroco en Rancho Grande, ambas localidades en Matagalpa.

A todos estos sacerdotes la Policía de la dictadura los investigó por los delitos de provocación, preposición, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional; propagaciones de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua.

La captura de monseñor Álvarez

Según la acusación, la captura de monseñor Álvarez se produjo en la madrugada del 19 de agosto de 2022, luego de una llamada telefónica que los policías recibieron a las 2:20 minutos de la madrugada de ese día. Es decir, a esa hora les dieron la orientación para que fueran a hacer el allanamiento a la curia de Matagalpa, donde el obispo y otros religiosos ya tenían días de estar encerrados, asediados por la Policía.

Es llamativo que el operativo fue dirigido por el comisionado Francisco Augusto Villarreal, jefe del departamento de antinarcóticos de Auxilio Judicial de Matagalpa, ya que el caso de monseñor Álvarez no se corresponde con un caso de drogas.

Otros oficiales que participaron en la captura del obispo fueron el teniente Marlon González Quezada, Walter Jimmy López Pavón, la inspectora María Palma Téllez, la inspectora Valeska Elieth Narváez García, el inspector Leopoldo Téllez Linarte, detective, y la subinspectora María Isabel Hernández, así como Darling Mayerli Espinoza, ambas especialistas en escenas del crimen.

Todos los oficiales involucrados eran en ese momento de la Dirección de Auxilio Judicial de Matagalpa y allanaron la curia episcopal de esa ciudad, ubicada en el barrio Zona Central, de la casa del FSLN, media cuadra al norte y media cuadra al este, costado sur de la calle.

Junto a monseñor Álvarez, en un operativo que duró entre las 4:00 de la madrugada y las 6:15 de la mañana de ese día 19 de agosto de 2022, los policías orteguistas también capturaron a los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino y Sadiel Antonio Eugarrios, así como a quienes les acompañaban: Sergio Cárdenas Flores, José Luis Díaz Cruz, Melkin Antonio Centeno Sequeira y Darwin Sterling Leiva Mendoza.

Policía ingresa a Curia Episcopal de Matagalpa donde está monseñor Rolando Álvarez

El sustento de la acusación

A continuación, se detallan algunos aspectos de la convalidación del allanamiento en el que fue capturado monseñor Álvarez, datos que sirvieron de sustento para luego ser acusado formalmente junto al padre Uriel.

El acta del allanamiento dice textualmente:

“Después de los sucesos del año 2018, que generaron crisis sociopolítica en el país, quedó de manifiesto la participación directa y activa, manipulando las creencias religiosas del pueblo, pretenden con la incitación, promoción, uso de violencia y odio, que las autoridades legalmente constituidas depongan su cargo y funciones, por las cuales fueron elegidas por el pueblo, conforme lo manda la Constitución.

Los investigados en este proceso judicial se encuentran vinculados con campañas desestabilizadoras, mediante una compleja red de enlaces a supuestas organizaciones de caridad, establecidas dentro de difusoras locales, con las cuales manipulan y presionan para generar odio, insisten en el accionar de grupos internos en Nicaragua y crear condiciones favorables para alterar y romper con el orden constitucional, la estrategia, consistente en obtener recursos desde organismos internacionales, con el objetivo de crear organizaciones o fundaciones que son fachadas y así dar apariencia de legalidad a sus actividades políticas de oposición directa y activa, enmascarándose ya con proyectos o programas que abordan temas sensibles, como ayuda social, caridad, promoción de fe, evangelización y derechos humanos.

También mediante el marketing político en temas como libertad de expresión o democracia, todo en busca de un detonante social que genere malestar en la población, que les permita magnificar y manipular la opinión pública recibida como una insatisfacción en contra del gobierno.

Prueba de esta manipulación y desinformación (en el caso de monseñor Álvarez) fue desplegada en los hechos ocurridos en fecha primero de agosto de 2022, en el municipio de Sébaco, iglesia Divina Misericordia, donde el acusado Uriel Antonio Vallejos, pavimentando el camino, como parte del plan de desestabilización del país en acciones conjuntas, bajo el supuesto activismo religioso, generaron odio y obstruyendo las funciones constitucionales de la Policía Nacional, que estaba dando aseguramiento a la notificación formal de autoridades de Telcor, y en consecuencia, el restablecimiento del orden público ante la resistencia, agresiones y graves alteraciones del orden público, quedó en evidencia que los acusados utilizaron esta táctica para manipular la fe y las creencias religiosas, movilizando a un sector de la población, a quienes los acusados llaman y demandan que les apoyen en sus acciones desestabilizadoras.

En este hecho quedó palpable que faltaron a la verdad, haciendo llamado a la desobediencia cívica y al desorden público sin justa causa. Quedó en evidencia que, sin la existencia de un malestar social previo, ni de indicadores claros que mostraran de la noche a la mañana, grupos de personas salieron a las calles con una espectacular organización y bajo consignas genéricas exigiendo la deposición de las autoridades de gobierno. Esto no era una protesta social legítima, se trataba de grupos organizados que generan violencia callejera de manera artificial haciendo uso de los avances tecnológicos para influenciar en las masas, proporcionado estos por las autoridades eclesiásticas denominadas anteriormente.

En virtud de lo anterior, la Dirección de Auxilio Judicial, en fecha 19 de agosto del 2022, al determinar que el hecho que se investiga es de gran relevancia y que afecta al Estado de Nicaragua, con la finalidad de evitar el ocultamiento y destrucción de evidencia, relacionada a este hecho, dispuso un equipo técnico de investigación a cargo del comisionado Francisco Villarreal Morales”.