El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca ahorrarse millones de córdobas rebanando la liquidación que le corresponde a los trabajadores por sus años de servicio en el Estado.
El pasado 23 de noviembre, los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron con urgencia y secretismo la nueva «Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado«, con la que Ortega dio la estocada a sus servidores.
La ley «tiene la finalidad de ahorrarle recursos al Estado y no pagarle esos derechos adquiridos que los están perdiendo hoy», señaló el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro.
Más de 180 mil afectados
Explicó que «si funcionario público tiene 6 años de laborar y gana 10 mil córdobas al mes, con el cálculo anterior este trabajador tenía derecho una liquidación de 50 mil córdobas. Sin embargo con la reforma (de Ortega), solo pasaría a ser liquidado con 10 mil córdobas».
Trabajadores del Estado molestos con el régimen Ortega: «Son peores»
Según el régimen sandinista, hay más de 180 mil trabajadores en el Estado, de estos, más de 50 mil son del sector Educación, más de 30 mil son trabajadores de la salud y el resto de otras instituciones gubernamentales.
Tomando el ejemplo de Chamorro, por cada trabajador que gane diez mil córdobas, las arcas del régimen sandinista se quedarán con 40 mil córdobas de este empleado, aunque haya trabajado diez años en el mismo centro. El trabajador que renuncie solo podrá recibir 10 mil córdobas, con lo que no cubre la canasta básica de un mes, cuyo precio supera los 19 mil córdobas.
Irrespeta la Constitución Política de Nicaragua y las leyes
Chamorro añadió que esta reforma impulsada por la dictadura implica asuntos legales porque «los derechos laborales no pueden violentarse ni los acuerdos que se han adquiridos».
«Si esta reforma hubiese pasado en un gobierno democrático, el gordo Porras (exsindicalista Gustavo Porras) y sus secuaces hubieran sido los primeros en salir a la calle. (Esta ley) es totalmente ilegal, confiscatoria y es cruel para los trabajadores del Estado», sostuvo.
El economista Enrique Sáenz dijo al respecto que «toda ley en todo régimen jurídico tiene un principio fundamental que es la no retroactividad». Es decir, «los derechos adquiridos son irrenunciables y tampoco pueden despojarse».
«La dictadura ha caído en este plano de declive. Empezó a devorarse a sí misma», explicó en su programa «Hablemos en Serio».
Agregó que «estamos viendo la descomposición de la dictadura» que ejecuta actos de «rencor y venganza de manera indiscriminada», afectando a sus mismos trabajadores.
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