La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA número 54 está programada entre el 26 al 28 de junio de 2024 en Paraguay. Aunque Nicaragua ya no forma parte de ese bloque desde el pasado noviembre, el pleno ha decidido discutir para su aprobación una resolución con ocho puntos que se enfocan en demandar al régimen de Daniel Ortega el respeto a las libertades civiles, la liberación de los presos políticos, así como una petición para que permitan el retorno al país de una comisión que pueda vigilar de cerca y documentar lo que sucede.

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La OEA emitió un comunicado en el que dijo estar «profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde 2018», cuando además de la impunidad por las al menos 355 víctimas mortales de la represión y los más de dos mil heridos, se le suma la cancelación de más de 3 mil organizaciones de sociedad civil, la persecución a la Iglesia Católica y la privación de la nacionalidad a más de 300 personas en febrero del año pasado.

Quizá el punto más importante de la resolución sea el último, ya que hace un llamado a los demás países del hemisferio a «redoblar sus esfuerzos por facilitar por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua».

Este punto también se refiere a la necesidad de promover el «diálogo constructivo para el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en materia de derechos humanos».

Altas probabilidades de aprobación

El experto en derecho internacional y ex embajador ante la OEA, Guillermo Belt, considera que la resolución tiene altas probabilidades de ser aprobada debido a que sus promotores son Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay, y muchos de esos países tienen mucho poder de negociación, sin embargo, cree que es posible que el borrador tal y como está redactado ahora sufra algunos cambios.

«Siempre va a haber países que van a hacer todo lo posible por suavizar al máximo los términos de ese proyecto, para que cuando llegue ya a la Asamblea General llegue ya perfectamente acordado, elaborado el texto y ese trabajo de tratar de suavizar las afirmaciones bastante severas que contiene el proyecto se va a hacer desde ahora  o se está haciendo ya, y continuará probablemente en el mismo Asunción (Paraguay)», indicó.

Dijo que la OEA está en todo el derecho de opinar sobre la situación a pesar de la decisión del régimen de retirarse del organismo porque «Nicaragua continua estando sujeto a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es un tratado internacional suscrito por Nicaragua.

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Los ocho puntos de la resolución

1. Urgir al gobierno de Nicaragua para que asegure el cese de la violación a los derechos humanos y  tomar medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente su obligación de observancia del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
2. Llamar al Estado de Nicaragua a restituir el ejercicio de los derechos de las personas privadas de ellos, incluyendo, pero no exclusivamente, la privación de su nacionalidad y del derecho a entrar o salir de Nicaragua. Además de insistir en el inmediato fin de la impunidad de las instituciones del Estado y otros actores que cometen graves violaciones a los derechos humanos.
3. Instar al gobierno de Nicaragua para la inmediata e incondicional liberación de todas las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas o religiosas.
4. Instar además al gobierno de Nicaragua a respetar todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en particular las emitidas el 25 de abril de 2024; a que se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a lideres, lideresas de iglesias evangélicas, y que brinde información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de «La Puerta de la Montaña», a quienes se les mantiene encarcelado en cárceles de máxima seguridad.
5. Llamar al gobierno de Nicaragua a que se comprometa constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional, dentro del marco del derecho internacional, permitiendo la entrada a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Mecanismo Especial de Seguimiento, así como de otros órganos internacionales competentes.
6. Instruir al Consejo Permanente que mantenga su atención, en el marco de los instrumentos interamericanos, sobre la situación den Nicaragua, facilitando y articulando iniciativas de diálogo y negociación y visibilización en pos de los objetivos de la presente resolución y dentro de los límites del derecho internacional.
7. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe realizando un monitoree y seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en el país, manteniendo regularmente informados a los órganos pertinentes de la OEA.
8. Instar a los Estados del Hemisferio de redoblar sus esfuerzos por medio de acciones individuales o colectivas, el cese dela violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua, a través del diálogo constructivo para el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en materia de derechos humano, incluida la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado por falta de observancia de los derechos humanos, siempre dentro del marco del derecho internacional, con respeto al principio de no intervención en asuntos internos.