A través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este jueves las concesiones a cuatro empresas mineras y, el miércoles, había cancelado otras cuatro, todas con la justificación de que están «inactivas».
El ambientalista Amaru Ruiz explicó a Nicaragua Investiga que, como no hay denuncias de las mineras canceladas, las cancelaciones pueden deberse a dos razones: limpieza de las concesiones para otorgarlas a otras mineras o cancelaciones arbitrarias para beneficiar a otras mineras.
En el primero de los casos, Ruiz indica que desde 2022 el régimen está ordenando a los concesionarios que tienen derecho sobre extracción minera, con el objetivo de entregar las concesiones a nuevos actores mineros y para lo cual primero tiene que cancelar los derechos que ya había otorgado.
«Es ordenar un poco el sector minero en términos de quienes son los que tienen derechos del usufructo de esas concesiones mineras y ordenarlo para la entrada de nuevos actores mineros a el proceso de obtener los derechos de concesiones», expresó el ambientalista.
Posibles arbitrariedades
En el segundo de los casos se trata de una especulación, pero que es bastante probable, en el sentido de que la dictadura podría estar quitando arbitrariamente las concesiones, lo que en este momento no es demostrable porque las mineras afectadas con las cancelaciones no se han pronunciado o no han denunciado ser víctimas.
«No se trataría de una limpieza, sino de una medida arbitraria en términos de quitarles a unos para darles a otros. En este caso, no necesariamente tendría que ver con que estén inactivas, a como dice la justificación en La Gaceta. Aunque no hay denuncias, no se puede descartar», advirtió Ruiz.
Las cancelaciones
En La Gaceta, Diario Oficial, de este jueves las concesiones canceladas fueron a las mineras Compañía Financiera Internacional Alcocer y Asociación S. A., que operaba la mina Alcominery en Somotillo y Villanueva, en Chinandega.
La minera Montecito Resources S. A., que explotaba la mina Victoria, en Boaco.
También se canceló a Multiservicios Mineros Santa Rosa S. A., en la mina El Peñón, ubicada en Santa Rosa del Peñón, en León.
Además, la Nueva Segovia Mining S. A., que tenía la concesión de la mina El Zungano, ubicada en los municipios de Murra, Wiwilí y Quilalí, en Nueva Segovia; San Juan de Río Coco, en Madriz y en Santa María de Pantasma y San Sebastián de Yalí, en Jinotega.
El miércoles fueron canceladas las empresas Green Global Nicaragua S.A., Nicaragua Global Resources, Central American Mining S.A. y el titular Camilo Gabriel Ferreira Vargas.
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Evadiendo sanciones
En febrero de 2020, el régimen Ortega Murillo publicó en La Gaceta la creación de cuatro nuevas empresas que tienen como fin mantener controlado el negocio petrolero que fue fuertemente golpeado por las sanciones que impuso el Tesoro de Estados Unidos contra la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP).
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Se trata de las empresas Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), la Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarbusos (ENIH) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos «Enicom», que, según analistas, son las que se crearon para evadir las sanciones de Estados Unidos.
La exportación del oro es uno de los negocios más exitosos de los dictadores Ortega y Murillo. En el primer cuatrimestre de 2024 el oro en bruto fue uno de los tres principales rubros en las exportaciones del país con un incremento del 29.1 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, pasando así de 347.3 millones de dólares en 2023 a 448.5 millones de dólares este año, según lo informó Alexander Estrada, director Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Redacción Central
