Casi todos los países del mundo afectados por contagios de COVID-19 han decidido tomar medidas para contener la pandemia, con excepción de Nicaragua, cuyos funcionarios han dicho que cada nación “es soberana” de elegir sus propios métodos de prevención, a pesar que hay lineamientos internacionales difundidos por la OMS y la OPS.
Cuba
El más cercano aliado ideológico de Daniel Ortega se encuentra en cuarentena obligatoria. Hay 48 casos confirmados y 1,229 sospechosos en aislamiento hospitalario preventivo.
El gobierno cubano decidió cerrar parcialmente sus fronteras, así como confinar en sus hoteles y centros de hospedaje a unos 32 mil visitantes extranjeros.
“Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles se encuentran en condición de aislamiento (…) no pueden salir de los hoteles. Persona que veamos en la calle se tomarán las medidas para que retornen a su hotel”, dijo a la televisión estatal Manuel Marrero, primer ministro cubano.
Los ciudadanos cubanos no pueden salir del país ni tampoco desplazarse por las provincias.
El distanciamiento social, es una de las medidas más recomendadas por OPS y OMS junto al lavado de manos para frenar los contagios, sin embargo aunque Cuba, que por años ha jugado el papel de “asesor en salud” del gobierno de Ortega, lo implementa, en nuestro país las autoridades siguen renuentes a asumir esta medida.
Venezuela
El pasado 17 de marzo, el Ministro de Comunicación de Venezuela informó que ese país adoptaba “el modelo de cuarentena aplicado en China”.
El funcionario advirtió que “las medidas son duras”, pero reconoció que es la única manera de contener los contagios.
“La cuarentena es una medida cuya efectividad ha sido demostrada históricamente”, resaltó.
Además Nicolás Maduro restringió el uso de transporte público y cerró escuelas.
Maduro también anunció hoy otras medidas con el fin de proteger a las pequeñas empresas y familias del impacto económico que tendrán las disposiciones, ya que se ha aprobado el decreto “Quédate en casa”, que llama a más de 6 millones de trabajadores al confinamiento par evitar el crecimiento del brote pandémico.
Entre las medidas prohibió los desalojos forzosos por falta de pago de arrendamiento y aprobó recursos para el abastecimiento de alimentos a pobladores en situación vulnerable.
Daniel Ortega no ha convocado a su gabinete económico para analizar cómo dar respuesta a la crisis que representará en un futuro próximo la caída de todos los mercados internacionales por la pandemia. Ni siquiera, ha hecho lo que sus homólogos de estos países aliados sí; dar la cara al país y ponerse al frente de las estrategias para enfrentar la pandemia.
Rusia
El país rico que se considera un aliado de Cuba, Venezuela y Nicaragua también decidió confinarse para proteger a sus ciudadanos.
El presidente de ese país Vladimir Putín, cerró sus fronteras a China, y ha limitado los vuelos a la Unión Europea, Suiza y Noruega. Además de suspender las conexiones ferroviarias a varias ciudades más.
Decretó una cuarentena para sus ciudadanos y estableció una pena de cinco años para quienes incumplan.
¿Qué pretende el gobierno contrariando las medidas internacionales?
Con estos ejemplos, la decisión de Ortega parece no ser un asunto ideológico. Muchos se preguntan qué intenciones se esconden tras la política de fronteras abiertas y la promoción de actividades masivas del gobierno Ortega-Murillo.
El sociólogo Óscar René Vargas explica que la despreocupación del gobierno por tomar el tema con la seriedad que amerita, tendrá serias repercusiones en su gestión, por el descontento social que se está acumulando, incluso entre su propia militancia”.
“Después de haber subestimado la epidemia irresponsablemente durante más de tres semanas, el dúo Ortega-Murillo corren el peligro de hundirse al no haber tomado en cuenta la gravedad de la amenaza», dice Vargas y agrega que el gobierno «enfrentaría una posible explosión social de grandes proporciones producto del mal manejo del coronavirus».
El también analista político estima que la pasividad del gobierno de Ortega sobre este tema podría ser una estrategia política para tratar de justificar el descalabro económico como una consecuencia de la pandemia y no de la represión estatal impulsada desde 2018, aunque según su análisis también pretendería “ganar popularidad con acciones de salvataje ante el sufrimiento general del pueblo”, una vez que las dimensiones de la tragedia sean de grandes proporciones.
Foto principal: RFI
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