A pesar de que el dictador Daniel Ortega cuenta con un séquito de asesores presidenciales que se pagan con dinero del Estado, contrata por medio de licitaciones públicas a un grupo de “consultores” que, en muchos de los casos, se trata de ex funcionarios que tras dejar sus cargos siguieron representando una carga presupuestaria a través de este mecanismo prebendario.
Otros “consultores” son contratados por evidente tráfico de influencias, estos están relacionados sentimental o familiarmente con funcionarios públicos que cuentan con la gracia de la pareja en el poder.
Desde 2018 hasta agosto de 2024, la Presidencia emitió al menos 17 contratos públicos en los que se destinó 11 millones 460 mil 724 córdobas —unos 312 mil 900 dólares— para un grupo exclusivo de nueve consultores que Nicaragua Investiga logró identificar a través de documentos oficiales.
Los consultores presidenciales de Daniel Ortega son: Orlando Salvador Solórzano Delgadillo, exministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific); Emilio de Jesús Rappaccioli Baltodano, exministro, asesor del presidente de la república para temas de energía con énfasis en fuentes renovables, Frank Eduardo Matus Rodríguez, Carlos Augusto Núñez Chávez, Roy Edgardo Mejía Towsend, Luis Fiallos Porras, María Belén Moncayo Benalcazar, ex embajadora de Ecuador ante Nicaragua; Andrea Elena Castillo Narváez y Manuel Sebastián Norori Ramírez.
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Elvira Cuadra, investigadora y Directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), expresa que “esta práctica es común en el régimen” y considera que ahora que “muchos de los funcionarios públicos y cargos intermedios o superiores se han vuelto sospechosos, o que ya no son tan de confianza como antes, se ha incrementado este número de asesores o consultores presidenciales”, pues Ortega quiere mantenerlos en alguna parte de la estructura estatal, pero no necesariamente la más cercana.
Ortega contaba con al menos 27 asesores. A cada uno les paga 3,730.83 dólares cada mes, según una investigación de este medio de comunicación titulada “El salario de los asesores decorativos de Daniel Ortega”, pero este viernes 16 de agosto se ratificaron solamente a 17 asesores presidenciales en medio del supuesto plan de “reestructuración” del Estado. Aún así, la Presidencia contrata y destina millones de córdobas para estos supuestos consultores.
El analista político Israel Lewites considera que “para la dictadura la figura del asesor presidencial es una especie de basurero VIP, en donde funcionarios de alto nivel son descartados y apilados para que no hagan ruido y, en casos excepcionales, estén de reserva para alguna eventualidad”.
El consultor en temas energéticos
Roy Edgardo Mejía Townsend es un ingeniero contratado como “consultor en temas energéticos con énfasis en energías renovables”. En el año 2023 y 2021, fue contratado por Daniel Ortega y le pagó por cada contrato 757 mil 128 córdobas. En 2018 ya había resultado como beneficiario de otro contrato de 757 mil 210.20 córdobas.
Estos tres contratos sumaron 2 millones 271,466.2 córdobas, que equivale a aproximadamente 62 mil dólares.
Lorena Amanda Lanza Espinoza aparece en las publicaciones de los contratos como la persona que «presta» los servicios de consultoría, pero su esposo resulta ser el «beneficiario final».
Mejía Townsend es ingeniero Mecánico y Civil, según su perfil en LinkedIn. Además, es Gerente General de Proyectos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). Él está casado con la ingeniera Lorena Amanda Lanza Espinoza, quien fue viceministra de Energía y Minas (MEM) hasta el año 2015. En las publicaciones de los contratos, ella aparece como “proveedora” del Estado, pero su esposo resulta ser el “beneficiario final”. Un evidente caso de tráfico de influencias.
La Presidencia contrató a Mejía Townsend como consultor en temas energéticos con énfasis en energías renovables después que Emilio de Jesús Rappaccioli Baltodano puso su “renuncia” como ministro asesor de Ortega para temas de energía con énfasis en fuentes renovables, alegando “retiro por jubilación” el 22 de junio de 2021.
Ver contratos de Roy Mejía Townsend
Se jubila de ministro pero no de “consultor”
Sin embargo, Rappaccioli Baltodano no está fuera de esa lista exclusiva de consultores. Ganó dos contratos que rozan el millón de córdobas. El primero se lo dieron en julio de 2021, días después de su supuesto retiro por jubilación. En esa ocasión, se llevó a su bolsillo 901 mil 054.20 córdobas, para asesorar a Ortega en temas energéticos con énfasis en energías renovables, el cargo que supuestamente había dejado por imposibilidades a causa de la edad.
Es decir, que en 2021, Ortega contrató a dos consultores para el mismo tema: Mejía Townsend y Rappaccioli Baltodano.
En el contrato de 2021, Ortega le solicitó a Rappaccioli dedicarse de forma exclusiva a la consultoría, pero lo que llama la atención del contrato en poder de Nicaragua Investiga es que se puede “realizar la parte sustantiva vía internet desde su casa de habitación o en las oficinas asignadas”. El monto se pagó en cuotas mensuales por un periodo de 12 meses. Es decir, Rappaccioli cobraba un cheque cada mes de 75 mil córdobas, asegurándose estabilidad de ingresos.
Frank Eduardo Matus Rodríguez es uno de los consultores presidenciales que ganó tres contratos.
El segundo contrato se lo entregaron el 26 de julio de 2023. En esa ocasión, le pagaron la misma cantidad 901 mil 054.20 córdobas. Los dos contratos suman 1 millón 802 mil 108 córdobas, que son aproximadamente 48 mil 452 dólares.
Elvira Cuadra dice que una de las razones por las cuales el régimen asegura estas “consultorías” a los exfuncionarios de mayor edad es porque a pesar que muchos ya no tienen la condición para ejercer el cargo, “no encuentran entre los llamados leales”, gente con conocimientos o experiencia real en ciertos ámbitos.
Ver contratos de Emilio Rappaccioli Baltodano
Entre 1979 y 1994, Rappaccioli fungió como Ministro Director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). En 1995 y 1996, se desempeñó como presidente ejecutivo de ENEL, donde Mejía Townsend es Gerente General de Proyectos.
Desde 1997 hasta 2006, Rappaccioli se mantuvo en el área de las consultorías privadas. En 2007, cuando los sandinistas retomaron el poder, ejerció el cargo de ministro del Ministerio de Energías y Minas, donde curiosamente Lorena Lanza Espinoza, esposa de Mejía Townsend, era viceministra.
Carlos Augusto Núñez Chávez es un mexicano desconocido que fue contratado como consultor presidencial de Daniel Ortega.
Otro exministro que pasa a “consultor”
Hay otro exministro que Ortega contrata para asegurarle un ingreso económico y privilegios. Se trata de Orlando Salvador Solórzano Delgadillo, quien fue removido de su cargo el 1 de marzo de 2022 como ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific) por supuestos problemas de salud. Él figura como uno de los consultores mejor pagados por la Presidencia.
El 5 de abril de 2022, los problemas de salud no le impidieron a Solórzano Delgadillo entrar al grupo exclusivo y fue contratado como “consultor para temas de Comercio Internacional e Integración Económica para la Presidencia de la República”. Le pagaron por un año 1 millón 211 mil 915 córdobas, según la licitación pública. Cada mes cobraba un cheque de 100 mil 992 córdobas.
Luis Fiallos Porras es otro consultor presidencial que le entregaron tres contratos.
El pasado 21 de febrero de 2024, Solórzano Delgadillo fue contratado nuevamente para la misma consultoría: cobró 1 millón 211 mil 915 córdobas.
Por los dos contratos, él se llevó a su bolsa 2 millones 423 mil 830 córdobas, que equivale aproximadamente a 66 mil 169 dólares. Ortega destinó estos recursos a pesar de tener a Bayardo Arce Castaño, como asesor con rango de ministro para asuntos económicos y financieros, lo que supone un doble gasto para el Estado de Nicaragua.
Ver contratos de Orlando Solórzano
El equipo de investigación de este medio de comunicación buscó a Solórzano en la base de datos del Seguro Social al que tiene acceso desde el mes de marzo de 2022, y se encontró que él recibía como ministro del Mific un salario neto mensual de 2 millones 035 mil 075 córdobas (2,035,075.65), que equivale a 56 mil 114 dólares.
El súper salario del que gozaba como ministro lo llevó a desconocer la realidad que viven los nicaragüenses con el precio de la canasta básica. En abril de 2020 ofreció declaraciones en un programa matutino en Canal 10 y se le preguntó cuánto rondaba la canasta básica. “Exactamente no recuerdo. ¿2,400 será, o 2,500, o 2,600?”, dijo Solórzano. En ese entonces el precio de la canasta básica superaba los 14 mil córdobas, unas seis veces más de lo que dijo el funcionario.
Israel Lewites considera además, que se ha pasado a una tercera etapa dentro del régimen, donde inició el “desplazamiento de los incondicionales Daniel Ortega por los incondicionales a la vicedictadora Rosario Murillo”. Según Lewites, “en todos estos movimientos hay fichas que saben demasiado como para simplemente dejarlas ir, es ahí en donde terminan siendo nombrados, abro comillas, “asesores presidenciales” y lo digo con comillas porque esta gente ni asesora a Ortega ni Ortega es presidente”.
Andrea Elena Castillo Narváez es ontra consultora presidencial.
El caso de la embajadora de Ecuador
María Belén Moncayo Benalcazar fue contratada como asesora de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de Nicaragua. Esto sucedió el 30 de junio de 2021. Ella ganó 462 mil córdobas.
Moncayo Benalcazar es ecuatoriana y en 2018, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, la nombró como embajadora ante Nicaragua, como se lee en un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta, diario oficial del país.
Pero en junio de 2020 tuvo que regresar a su país de origen por órdenes de Moreno tras cerrar varias embajadas, entre ellas Nicaragua, por medidas de austeridad.
“Me declaro la persona beneficiaria real y final del negocio antes relacionado, no habiendo otros beneficiarios, propietarios o agentes controladores”, manifestó la ex diplomática en el documento de beneficiario final de la contratación pública.
Ver contrato y declaración final de María Moncayo Benalcazar
El contrato fue firmado por un periodo de seis meses, pactado con un pago mensual de 77 mil córdobas.
Manuel Sebastián Norori Ramírez fue contratado como consultor presidencial.
“Ese mecanismo de nombramiento, de sostenimiento de ese cuerpo de consultores, mientras despiden a otro tipo de empleados (…) lo que indica es que es parte de esa estrategia o de esa forma que los Ortega-Murillo tienen de sostener las lealtades”, dice Cuadra.
Lewites recuerda que en algún momento “a medida que se fue afianzando, la dictadura fue optando por funcionarios aún más serviles, con nula capacidad técnica, pero dispuestos a seguir las más inescrupulosas órdenes que les diera Ortega”, y es por eso que ahora el dictador siente que debe seguirles pagando de alguna manera.
Redacción Central
