Honduras afirmó este jueves que canceló el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes, para evitar su uso como «arma política» contra el gobierno izquierdista de Xiomara Castro y sus jefes militares.
Castro sorprendió el miércoles al anunciar la denuncia del tratado, tras acusar de «injerencia» a la embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu.
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«Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas [general Roosevelt Hernández] y al ministro de Defensa [José Manuel Zelaya] en nuestro país», dijo la presidenta.
«Un ataque que no podemos permitir porque debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas», añadió Castro en un discurso al inaugurar un proyecto eléctrico.
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La embajadora había criticado una reunión de Zelaya, quien es sobrino de la mandataria, y Hernández con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de tráfico de drogas.
«Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela», dijo Dogu a periodistas en Tegucigalpa.
– «Golpe de barracas» –
Por su parte, el canciller hondureño, Enrique Reina, afirmó que el tratado fue cancelado para evitar que sea usado como «arma política».
«Aquí se puede estar en este momento gestando un intento de golpe de Estado» y el tratado de extradición «puede ser como […] un arma política en este embate» contra el gobierno de Castro, aseveró Reina en un programa de televisión.
Afirmó que la inteligencia militar detectó tras las declaraciones de la embajadora que un grupo de oficiales estaba «conspirando» para dar «un golpe de barracas» para remover al general Hernández.
«Esas acusaciones que hace la embajadora de prácticamente ligar al ministro de Defensa y al jefe del Estados Mayor Conjunto con el narcotráfico, puede ser el paso de acusarlos para poder extraditarlos», agregó el canciller.
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Reina sentenció que «la presidenta ha sido clara: no va a permitir que se busque desestabilizar a las Fuerzas Armadas».
Aunque el tratado fue firmado en 1912, las primeras extradiciones se registraron en 2014 gracias a un nuevo acuerdo entre Estados Unidos con el entonces presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y el líder del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien después fue presidente por dos periodos (2014-2022).
El tratado era considerado una herramienta clave para desmantelar el «narco-Estado» que, según la justicia estadounidense, fue creado en Honduras bajo el gobierno anterior de Hernández.
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Medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido entregados desde 2014 a Estados Unidos en virtud del tratado.
El propio exmandatario derechista fue extraditado en 2022 tras dejar el poder y fue condenado en junio pasado en Nueva York a 45 años de prisión.
Tras ser aliado tradicional de Estados Unidos, bajo el actual gobierno Honduras se ha alineado con Venezuela.
La decisión de cancelar el tratado provocó críticas a Castro por desafiar a Washington, pero también el apoyo del expresidente Lobo, quien señaló que fue una decisión «valiente».