La dictadura acusó de delitos de corrupción pública a un grupo de militantes y simpatizantes que tenían un grupo de WhatsApp con Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN y considerado héroe para los sandinistas, Carlos Fonseca Amador, donde criticaban algunas decisiones del binomio Ortega-Murillo.
Se trata de ocho personas acusadas; Gustavo Antonio Zapata; Alejandro José Taleno Rueda; Ernesto Rafael Paredes Pérez; Cristian Eduardo Bermúdez Roque; José Antonio Bermúdez Sobalvarro; Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramos.
Entre estos acusados hay profesores y funcionarios de la UNAN-Managua, abogados, economistas, administradores de empresas y artistas.
En el comunicado, no se especifican los cargos de cada uno de los acusados, a quienes se les relaciona a «delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado».
Engaño contra emprendedores
Según la acusación, los imputados «aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario de la nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos».
Para lograrlo, supuestamente, habrían ideado un entramado delictivo «en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos, para hacer creer a estos, que les estarían financiando su empredurismo; cuando en realidad, los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de estos coacusados».
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El régimen asegura tener las pruebas suficientes para documentar los delitos y convocó a los acusados para una audiencia inicial el 11 de septiembre próximo, e indicaron que «en atención a la gravedad de los ilícitos cometidos contra el erario público de la población; ordenará la prisión preventiva de todos los coacusados».
Corrupción fuera del entramado familiar
Durante casi dos décadas en el poder, el régimen no ha realizado actos de este tipo que impliquen investigación de hechos de corrupción o malversación de fondos públicos, y por el contrario, una de las grandes críticas de opositores ha sido precisamente la inoperatividad de entidades como la Contraloría General de la República.
Estas acusaciones coinciden con el plan de compactación en el Estado anunciado recientemente, y lo que muchos califican como la toma de control total de Rosario Murillo sobre las estructuras del partido FSLN y del mismo Estado.
Algunos funcionarios, principalmente alcaldes y ministros, han sido despojados de sus cargos de manera sigilosa y aunque rumores y fuentes confidenciales, indican que se trata de castigos por cometer actos de corrupción y fraude, fuera del esquema impuesto por el mismo régimen, muchos de los casos no se han hecho públicos por el régimen, como el de la magistrada Alba Luz Ramos o el de la exviceministra de relaciones exteriores Arlette Marenco.
El 22 de abril de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el documento: “Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: Nicaragua”, en el que asegura que la «corrupción en Nicaragua es galopante» y destaca varios casos de corrupción, entre ellos empresas vinculadas a miembros de alto rango del Frente Sandinista y ex policías y militares quienes proporcionaron la mayor parte de los servicios gubernamentales en sectores como la seguridad, la construcción y los productos farmacéuticos.
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