El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe este martes reafirmando la corrupción en el gobierno de Daniel Ortega, pero esta vez enfatizando que existe un grupo de expolicías y exmimitares ligados al régimen ganando contratos públicos con ninguna observación fiscal tal como lo demostró una investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66 en julio de 2023.
El documento, titulado “Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: Nicaragua”, remarca que las empresas vinculadas son miembros de alto rango del Frente Sandinista y ex policías y militares quienes proporcionaron la mayor parte de los servicios gubernamentales en sectores como la seguridad, la construcción y los productos farmacéuticos.
“Nueve empresas de seguridad propiedad total o parcial de miembros del FSLN que también eran ex policías, militares y miembros del poder ejecutivo ganaron todas las licitaciones gubernamentales para brindar servicios públicos”, reza el documento, alegando que estos negocios privados se hicieron con poca o ninguna supervisión.
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Investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66
Nicaragua Investiga y Artículo 66 realizaron una investigación titulada “El negocio de la seguridad privada en Nicaragua: un cártel mafioso de exmilitares y expolicías”, en la que se revelan nueve empresas, todas ligadas a exmilitares y expolicías, operando como un cártel prestando servicios de seguridad y vigilancia al Estado de Nicaragua.
Esta investigación encontró 55 contratos en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) —sitio web donde se realizan los procesos de adquisiciones públicas— en la que están involucradas 25 instituciones del Estado que solicitaron los servicios de seguridad y vigilancia privada.
En los contratos, en poder de este medio, aparecen empresas como: Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (Serprosa), El Vigilante S.A., Servicio de Vigilancia y Protección S.A. (Servipro), Ultra de Nicaragua S.A. (Ultranic). Las que reciben contratos menores son: Corporación de Seguridad Internacional S.A. (CSI), Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. (SPS), Protección Vigilancia e Investigaciones S.A. (Provinsa), ByTeam Nicaragua S.A. Como persona jurídica se ubica a Rodolfo Antonio Sequeira Donaire.
El negocio de la seguridad privada en Nicaragua: un cártel mafioso de exmilitares y expolicías
Empresas privadas se quejaron
El Departamento de Estado sostiene en su informe que un número limitado de empresas de construcción vinculadas a partidos políticos también ganaron licitaciones públicas, principalmente en la construcción de carreteras.
“Las empresas privadas se quejaron de que las autoridades aduaneras imponían multas arbitrarias e infladas y revisiones excesivas, afectando principalmente a empresas no asociadas con el partido FSLN”, señala el informe.
Según Estados Unidos, el Frente Sandinista controla organismos como la Policía Nacional y el poder judicial y en estos entes públicos la corrupción continúa impune.
“Los casos de mala administración de fondos por parte de funcionarios públicos supuestamente fueron manejados personalmente por miembros del FSLN y la familia inmediata del presidente Ortega, y no por las entidades gubernamentales a cargo de los fondos públicos” indica el Departamento de Estado.
La investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66 revela que la empresa Serprosa, vinculada con la familia Ortega-Murillo, es la que más recibió contratos millonarios. En el periodo de cinco años, se le entregaron 17 licitaciones que sumaron 8.715.077,60 millones de dólares, según un cálculo que realizó este equipo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su reporte anual de Derechos Humanos que incluye a cerca de 200 países y reúne los hallazgos de cada país con contribuciones de defensores de los derechos humanos https://t.co/tvBbGdl7Vh pic.twitter.com/1cUC0p3OoM
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) April 23, 2024
Félix Maradiaga, máster en Administración Pública y exdirector ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), dijo que se han encontrado casos en que la Policía y las empresas privadas de seguridad trabajan de la mano para burlar sanciones, “adquirir material de represión que va directamente a las fuerzas antimotines, pero también para hacer contrataciones jugosas y directas, en donde detrás de ellos está la familia Ortega y el círculo íntimo de la Policía”.
