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Hemos establecido una alianza con Expediente Público- Este es un artículo de resumen redactado con base a una investigación de esa plataforma.
El antecedente del Ministerio de Salud de Nicaragua, documentado y denunciado por organismos internacionales sobre la politización del sistema al no atender a heridos opositores en el marco de las protestas de abril de 2018, genera preocupación en torno a que en un eventual brote masivo de Covid-19 en el país, se puedan aplicar los mismos criterios para elegir sobre la vida de los contagiados.
A pesar que Sonia Castro, sancionada por Estados Unidos por violación a derechos humanos fue retirada de su cargo como titular del Ministerio de Salud, lo cierto es que ella sigue siendo quien controla la entidad a través del cargo que Ortega le creó como Asesora Presidencial en esos temas. Su fidelidad al gobierno y su capacidad para extender este comportamiento aún durante una emergencia sanitaria es objeto de una “gravísima preocupación”, de la oposición, según señaló José Pallais a Expediente Público.
El caso más conocido es el de Álvaro Conrado que no fue atendido en el Hospital Cruz Azul y murió herido de bala, pero también hay acusaciones contra el Hospital España, el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello de León (Heodra), el hospitalito de Ciudad Sandino, el Hospital Lenín Fonseca y el Hospital Alemán.
Los señalamientos contra el Minsa son múltiples: negar asistencia, alterar historias clínicas, atenciones superficiales y de altas médicas apresuradas, maltrato a familiares de heridos, y finalmente el despido y acoso de personal médico que asistió a los protestantes.
A pacientes se les cambió infusión de dextrosa por solución salina y el suero por agua, a otro le donaron en una clínica privada una placa de platino que colocaron dentro de una de sus piernas y en un hospital público se la extrajeron, investigó el GIEI.
Secretismo, el problema que extiende la pandemia
La investigación realizada por Expediente Público, permite conocer que además de esta preocupación existe temor por el secretismo del Estado en torno a las estadísticas de los contagiados.
A juicio del presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, José Antonio Vásquez, ya hay contagio comunitario del COVID-19 en el país.
-“Hay muchos casos en departamentos con fiebres y sintomatología, pero por el temor y secretismo del Gobierno no se hacen pruebas ni lo dan a conocer a la población”, denuncia Vásquez.
Sistema impactado por crisis de 2018
El sistema de salud además se encuentra debilitado, porque tras las protestas de abril más de 423 médicos fueron despedidos, la mayoría era especialista o subespecialista, cuya experiencia y conocimiento sería trascendental para combatir la epidemia de manera más eficiente.
“Nos preocupa el pronóstico si el Gobierno no toma las medidas que la UMN y la OMS recomiendan en base a la evidencia, lo que han vivido otros países y lo que está haciendo el Gobierno, nada en beneficio de la población, todo lo contrario. Es una enfermedad exponencial, es explosiva, no tenemos las condiciones”, concluyó Vásquez.
Vea la investigación completa de Expediente Público aquí
Foto principal: El 19 Digital
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