El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reaccionó al bloqueo de préstamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó para que los bancos multilaterales de desarrollo como el Fondo Monetario Internacional (FMI), no les otorguen ningún financiamiento.
Eleane Pichardo Urbina, representante permanente del régimen ante las Naciones Unidas, dijo que los programas para la erradicación de la pobreza en Nicaragua son “socavados por la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por países imperialistas y neocolonialistas”.
“Estas ilegales terroristas medidas, las cuales deben de ser eliminadas, ya que son obstáculos e impiden el acceso a préstamos y proyectos viables en las instituciones financieras internacionales para los países en desarrollo que implementan la Agenda 2030, especialmente, la erradicación de la pobreza”, dijo la representante de la dictadura.
Estas declaraciones fueron parte del discurso que Pichardo dijo durante su intervención en el debate general de la segunda comisión en temas económicos y financieros de las Naciones Unidas, que los medios oficialistas publicaron este miércoles 9 de octubre de 2024.
El bloqueo de EEUU
Por segundo año consecutivo, Biden ordenó a los directores ejecutivos designados en instituciones financieras, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a partir de este pasado 1 de octubre al 30 de septiembre de 2025, «voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva”, al régimen de Nicaragua y otros gobiernos incluidos en la lista.
Esto debido a que las instituciones financieras multilaterales continuaron apoyando a Nicaragua después de 2018, a pesar de la amplia documentación de organismos nacionales e internacionales que demostraron la crisis democrática y de derechos humanos, derivadas por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
57 proyectos de desarrollo fueron aprobados después de la crisis sociopolítica de 2018, con un financiamiento de US$2,784.43 millones, la mayor parte proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en menor participación el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante los cinco años posteriores al 2018, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no fueron razones suficientes para que los organismos multilaterales congelaran el financiamiento a la dictadura de Nicaragua.
Sin embargo, este panorama cambió desde 2023, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó por primera vez vetar los préstamos que Nicaragua gestionara ante los bancos internacionales, entre el 1 de octubre de ese año y el 30 de septiembre de 2024.
De acuerdo con un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, acerca del apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, publicado en junio de 2024, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados en la toma de decisiones financieras.
«Las vacas gordas» de la dictadura
Según la información recopilada en esta investigación, en febrero de 2024 se registraban 97 proyectos en ejecución financiados por FMI, BCIE, BID y BM, los cuales suman un monto aprobado de 5,082.43 millones de dólares estadounidenses.
De los 97 proyectos en ejecución, 57 fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con un monto de 2,784.43 millones de dólares estadounidenses.
Este estudio advierte que el cierre completo del espacio cívico nicaragüense impide el acceso y la divulgación de información pública sobre los proyectos de desarrollo, los cuales quedan a discreción y bajo la política de cero transparencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Biden ordena vetar préstamos de organismos multilaterales a dictadura Ortega Murillo
BCIE sigue financiando a la dictadura
A pesar de las críticas que ha recibido este organismo por financiar la dictadura, el pasado 24 de septiembre, el BCIE renovó una línea de crédito por un monto de hasta 200 millones de dólares al Banco Central de Nicaragua (BCN), para inyectar liquidez a esa institución.
Al día siguiente, anunció la aprobación de un nuevo financiamiento por US$130 millones de dólares, dirigido al programa de mejoramiento y ampliación en cuatro sistemas de agua potable de 5 ciudades de Nicaragua.
Estos nuevos créditos que el BCIE otorgó a Nicaragua, continúan oxigenando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar que este organismo ha recibido fuertes señalamientos por la inyección económica que brindó su anterior presidente, Dante Mossi, al régimen.
Al mando de su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, el BCIE se convirtió en el principal soporte financiero del régimen orteguista al otorgar un total de 2,068.5 millones de dólares entre el 2018 y 2013.
Evaluar impacto de derechos humanos en el desempeño económico
En concordancia con la disposición de Estados Unidos, en junio de 2024 el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, Jan-Michael Simon, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría “hacer algo” por la situación sociopolítica en Nicaragua si aplicara con mayor fuerza el artículo IV de su Convenio Constitutivo para evaluar el desempeño económico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esto implica un análisis desde el punto de vista de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua.
“Tomando en cuenta las masivas confiscaciones arbitrarias que se han dado en Nicaragua, en perjuicio de la gente despojada de su nacionalidad o de facto y de sociedades y organizaciones canceladas, uno podría preguntarse, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional no tomó debidamente en cuenta este hecho al analizar y evaluar en su informe final la situación de Nicaragua en 2023?”, cuestionó el especialista.
Nicaragua Investiga
