La alcaldesa de Granada, Rosario Caldera, fue removida de su cargo desde hace varios días según confiaron a Nicaragua Investiga fuentes conocedoras de la situación que atraviesan las autoridades municipales de ese departamento. La destitución sería por supuestos actos de corrupción no autorizados.
Por su parte, la directora de Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, dijo que están confirmando los rumores de la destitución, que ya trascendieron a este organismo desde este jueves 10 de octubre.
«Estamos tratando de verificar la información con nuestras redes para tener certeza», manifestó Álvarez.
También se conoció que en la primera semana de octubre tres autoridades municipales de Nandaime, del departamento de Granada, cayeron en desgracia por mal manejo de fondos públicos.
Entre ellos figura el alcalde Róger Acevedo, el secretario municipal Pedro Morales y Elmer Chavarría, financiero de la alcaldía de Nandaime.
Estos funcionarios fueron suspendidos de sus cargos y según fuentes consultadas por el Diario La Prensa, se encuentran bajo “casa por cárcel”.
La caída de las autoridades edilicias del departamento de Granada surge después de una auditoría que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en la alcaldía de Nandaime, en la que se encontraron irregularidades en un proyecto de reparación con concreto hidráulico.
La municipalidad nandaimeña habría destinado un presupuesto de 10 millones de córdobas para esta obra, pero nunca fue ejecutada.
También se conoció de la expulsión de la secretaria política departamental, Indira Morales, hermana del secretario municipal en Nandaime, que forma parte de las autoridades destituidas.
Destituciones responden a intervenciones políticas
Según el recuento de alcaldes que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha removido de sus cargos que asumieron en enero de 2023, al menos 19 de ellos fueron destituidos al día de hoy.
Urnas Abiertas, organismo independiente que documenta los malos manejos de las alcaldías en Nicaragua, denunció en agosto de 2024 que en la mayoría de los casos, los alcaldes han sido trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, donde han permanecido varios días bajo extensos interrogatorios o se encuentran con arresto domiciliar.
Esta organización considera que las destituciones realizadas por la dictadura reflejan un patrón preocupante de intervención política en los gobiernos locales.
También cuestionó la discrecionalidad en la aplicación de justicia y la falta de transparencia en las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (PGR).
“No sólo erosionan la confianza pública, sino que también cuestionan la legitimidad del combate a la corrupción en Nicaragua, donde las acciones del gobierno parecen más alineadas con el control político que con la verdadera rendición de cuentas”, señaló la organización.
Nicaragua Investiga
