Una investigación realizada por Expediente Público revela que al menos 135 alcaldías con administración sandinista no permiten el acceso a la información pública y no rinden cuentas de sus gestiones con la asignación presupuestaria.
En la investigación titulada como “Transparencia y Rendición de Cuentas Presupuestaria” se tomaron en cuenta a 20 gobiernos municipales de todo el país, entre ellos, a once administrados por el partido de gobierno y nueve alcaldías en manos de partidos opositores.
De las 20 alcaldías incluidas en la investigación, hubo al menos 13 de los municipios seleccionados que no permitieron el acceso a la información de carácter y por tanto, no rinden cuentas de cada etapa del periodo presupuestario en términos de programación, elaboración, aprobación, ejecución y evaluación.
La investigación remarcó que las “135 alcaldías dirigidas por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en el país, no permiten el acceso a la información pública, a pesar de que sigue vigente y existe la Ley 621 (Ley de Acceso a la Información pública)».
El experto en temas municipales Gilberto Lindo explica que el impacto de la falta de rendición de cuentas ante la población nicaragüense, podría causar un “incremento de la desconfianza en la gestión local, reduciéndose drásticamente la participación ciudadana, lo que se traduce en percepción de corrupción”.
“Para el estudio es grave por cuanto estamos hablando del 65% de la muestra, y la imposibilidad de poder comparar entre los grupos objetivos. Además confirma lo que todos ya sabemos y comentamos, la falta de transparencia del oficialismo, y el desprecio al marco legal, denotando una confusión entre gestión pública y gestión partidaria, y por ende la nula Autonomía Local”, sostiene Lindo.
Las debilidades de la etapa de programación y planificación de mediano y largo plazo en las municipalidades presentan graves problemas porque “estos instrumentos o no existen y si existen nos son actualizados”, detalla el municipalista y añade que los procesos de demandan de gastos de los municipalidades “carecen de recursos y deben re-direccionar esos recursos a la ejecución de obras con prioridad”.
La investigación también resalta que entre 2019-2020 el Gobierno de Nicaragua violó la Ley de Transferencias Municipales al reducir la transferencia a las 153 alcaldías del país, las que pasaron de recibir el 10% de los ingresos tributarios a tener a disposición entre un 3.6% a 4%.
“Es una muestra más del irrespeto al marco legal vigente, una violación a la autonomía municipal, la complicidad de las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de esta norma, iniciando con la Asamblea Nacional (…); una medida antojadiza, sin ninguna explicación, como si se tratase de una finca en que el patrón decide el destino de los recursos de su propiedad, y los mozos cumplen las órdenes del patrón”, detalla el experto.
109 alcaldías utilizan la red social Facebook para comunicarse
Por otro lado, el experto en temas de acceso a la información pública de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, comenta que Nicaragua sigue teniendo “una deuda pendiente” con todos la instancias gubernamentales y que las municipales no están exentas de esta “deuda”.
Medrano explica que en las oficinas de acceso a la información pública de las instancias gubernamentales “no tiene habilitado o no tienen información al día en sus sitios Web que le lleve al sitio de la información pública”.
“Nosotros hicimos una evaluación en las 153 municipios, principalmente nos centramos en identificar cuántas instituciones tienen un sitio Web para comunicarse (con la ciudadanía) y el ámbito de la gestión municipal fue más catastrófico. Aquí nos encontramos que los 153 municipios 109 alcaldías utilizan la red social Facebook para comunicarse solamente 12 alcaldías tienen un sitio Web”, dijo el experto.
Guillermo Medrano señala que la Alcaldía de Managua en particular “no muestra información sobre el organigrama, sobre el salario de los funcionarios, sobre las auditorías, sobre los estados de resultados, sobre el balance. En ninguna de las 12 alcaldías logramos identificar con claridad la oficina de acceso a la información pública; están ausente el sistema de adquisidores, el sistema de planificación y la convocatoria de proyectos o programas de resultados”, concluyó el experto.
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