De todas las formas posibles para recuperar la economía, Ortega eligió afectar a los más pobres
*La persona autora de este artículo es especialista en economía
“El presupuesto de gastos para el 2019 suma un total de C$80.014,5 millones de córdobas (US$2.499 millones de dólares) y refleja un déficit programado para el 2019 de US$320 millones de dólares. Por ende, el gobierno anda buscando US$325 millones de dólares para cubrir ese déficit.
El PIB per cápita de Nicaragua en el 2019 andará alrededor de $2,000 o sea, que el PIB será alrededor de $12 mil millones en el 2019.
Visto desde otro punto de vista, ese déficit equivale a un 13% del gasto total presupuestado, equivalente a 2.5% – 3% del PIB antes de donaciones (Como referencia en el 2002 el déficit que Arnoldo Alemán le heredó a Enrique Bolaños era de 11.25%)
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En términos de manejo fiscal hay tres maneras de financiar el déficit: 1. a través de incrementar los ingresos, 2. a través de conseguir financiamiento y donaciones externas y en menor grado financiamiento interno y 3. reduciendo el gasto.
El gobierno, al verse imposibilitado de conseguir financiamiento y donaciones externas, tiene solamente dos alternativas: o incrementar los ingresos o reducir los gastos.
Reducir el gasto entre un 12 a 13% no es muy difícil si existe la voluntad de mantener una política fiscal responsable. Ya se hizo eso en el 2002 y 2003 cuando la situación macroeconómica era mucho más frágil. No muy difícil pero hay que tomar medidas de reducir los gastos — medidas verdaderamente responsables.
La decisión que tomó el gobierno para cubrir el déficit fue por la vía de aumentar los ingresos — medidas fiscales recesivas, especialmente en una economía en decrecimiento, donde no existe ninguna confianza ni en el Banco Central ni en el Ministerio Hacienda, ni mucho menos en los actores políticos al más alto nivel del Ejecutivo.
De ahí se concluye que la decisión del gobierno con estas medidas fiscales no es para cubrir el déficit, si no para castigar al sector privado y en particular al grande, por su decisión de apoyar la independencia de los Poderes del Estado, el respeto a los Derechos Humanos y por desear que Nicaragua retorne a la democracia.
Pero al final, y lo peor de todo, es que con ese castigo a la empresa privada quienes saldrán más perjudicados serán los ciudadanos más pobres y menos favorecidos, porque continuarán perdiendo sus trabajos como consecuencia de estas medidas insostenibles que agravan la ya prolongada crisis económica por la que atraviesa el país. También los precios de los productos básicos aumentarán porque los pequeños productores agrícolas se verán afectados directamente al tener que comprar todos sus insumos más caros.
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