Pandillas, regímenes autoritarios y crimen organizado, son algunos de los problemas que azotan históricamente a Centroamérica y que la convierte en una de las regiones más convulsas del continente.
La particularidad de Centroamérica ha hecho que el periodismo sea una profesión de alto riesgo, precisamente por realizarse en medio de la hostilidad de la región.
Edison Lanzas, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en entrevista con NICARAGUA INVESTIGA, que en algunos países el tema predominante es la corrupción como en Guatemala, Honduras o Panamá.
Pero también se enfrenta al crimen organizado y el narcotráfico.
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Grupos allegados al crimen organizado suelen atacar a periodistas en Guatemala y Honduras. Algunos de estos «tienen algún grado de conjunción con la autoridad», comenta Lanzas.
Esto suele suceder cuando los periodistas denuncian que estos grupos han acaparado una zona para cometer sus actos criminales o cuando se busca amedrentar a los periodistas por objetivos políticos.
En Nicaragua, el principal riesgo al que se enfrentan los periodistas es el autoritarismo y la falta de garantías para ejercer la profesión que los deja en estado de indefensión, detalla el relator de la CIDH.
Bukele y Ortega: el mismo estilo
Si bien Daniel Ortega en Nicaragua, y Nayib Bukele en El Salvador son dos jefes de Estado de distintas tendencias políticas, tienen algo en común.
Ambos ven a un enemigo en el periodismo crítico con sus administraciones, dice el relator de la CIDH.
«Desde que asumió el gobierno de Bukele se ha enfocado en presentar a la prensa como enemiga del pueblo salvadoreño», detalla Lanzas.
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Según el análisis del relator, los medios en El Salvador han denunciado muchos casos de corrupción de los otros gobiernos lo cual le permitió a Bukele llegar al poder.
«Lo que pasa es que una vez que Bukele y su equipo pasan a ser gobierno, ya no les gusta tanto el escrutinio que realizan medios como El Faro, Revista Factum o El Salvador Hoy», indicó.
A Lanzas le consta que los periodistas que critican y denuncian irregularidades de la administración de Bukele, son los mismos que denunciaron la corrupción con los gobiernos de Mauricio Funes o Salvador Sánchez Cerén y que ahora lo hacen con Bukele.
Daniel Ortega replica esta práctica en Nicaragua. Su gobierno estigmatiza a los periodistas y los señala de ser «cómplices de un Golpe de Estado».
Estas acusaciones llevan a sus seguidores a arremeter cada vez que pueden en contra de los comunicadores con amenazas de muerte, ofensas o en algunos casos ataques físicos.
Durante el mes de julio, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registró un total de 30 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación nicaragüenses.
«Ponen a la prensa como enemiga para no rendir cuentas», comenta Lanzas.
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Represión desde el Poder Judicial
El Poder Judicial suele ser una herramienta bastante útil para reprimir a los medios de comunicación y sus periodistas que incomodan al poder.
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Aunque el Poder Judicial no esté cooptado por el Ejecutivo en algunos países de la región, sigue siendo una herramienta útil ya que los políticos optan por denunciar a los periodistas si no les parece la publicación que estos hicieron.
«Dirigentes políticos acuden a las figuras criminales como la difamación, injurias, desacato o crímenes de odio justamente para acallar o perseguir a periodistas críticos», enfatiza Lanzas.
En regímenes donde el Poder Judicial si está cooptado por el Ejecutivo, las situaciones se vuelven más complejas como en Venezuela o Nicaragua.
Lanzas ejemplifica este planteamiento con la confiscación que hizo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, críticos con la administración del caudillo sandinista.
Costa Rica, una excepción en la región
La situación de otros países no se compara a la de Costa Rica, el cual tiene buenos indicadores en la materia.
Los ataques a periodistas desde el Estado son «prácticamente inexistentes o episodios aislados (…) no encontramos casos donde desde un ministerio, desde la policía o una municipalidad se violente o se acose a la prensa», detalla Lanzas.
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El relator asegura que en Costa Rica no es que no haya amenaza para el periodismo, pero no hay indicios de que esos casos vengan desde el Estado o por un nivel de criminalidad tan alto como el de otros países.
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