#HistoriasNI
Maria Luisa Acosta es defensora de derechos humanos. Hace 18 años su vida dio un vuelco enorme cuando asesinaron a su esposo, Frank García, en su casa de habitación ubicada en la Costa Caribe nicaragüense.
El día del crimen, Maria Luisa notó algo extraño en su casa. Su esposo mostraba signos de tortura y además todo estaba intacto, no habían robado ninguna pertenencia. De inmediato supo que aquel hecho horrendo era un mensaje para ella: «En ese momento yo era apoderada legal de los territorios Rama y Kriol y del territorio afrodescendientes de la cuenca de Laguna de Perlas, estábamos en litigio contra Peter Martínez y Peter Tsokos, quienes estaban vendiendo esos territorios, los Cayos Perla, del territorio Rama y Kriol», nos cuenta aún con la misma nostalgia del pasado.
Peter Tsokos era un inversionista griego-norteamericano que según Maria Luisa, había descubierto un negocio lucrativo apoderándose de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, sobre todo, de los exóticos y naturalmente hermosos Cayos Perla, los cuales vendía a través de una página de internet a precios que oscilaban entre el medio millón y los dos millones de dólares.
Su belleza natural, la maldición del Caribe
Los Cayos Perla tienen un gran atractivo natural, miles de turistas gustan de visitarlos y vacacionar en sus cristalinas aguas y su arena blanca, sin embargo detrás de ese mundo idílico se esconde la verdad no contada; este lugar es uno de los muchos territorios ancestrales, es decir, por siglos han pertenecido a las comunidades indígenas y afrodescendientes caribeñas de nuestro país y han sido codiciados por años por invasores inescrupulosos.
Solo luego de muchas luchas por su territorio, el estado nicaragüense ha reconocido el dominio histórico de estos pueblos y les ha concedido su titulación nombrándolos como territorios inalienables, su venta es prohibida, precisamente con el fin de proteger a los nativos y garantizar sus tradiciones ancestrales y su cultura, ya que debido a la belleza del lugar, muchos son los inversionistas interesados en comprar todo lo que puedan para instalar hoteles y otros comercios, lo que haría desaparecer a las etnias originarias de la zona.
Frank García y María Luisa Acosta. Foto: Cortesía
Para estos pueblos la conexión con la tierra es diferente de la que nosotros tenemos. Ellos reconocen la bondad de la naturaleza y tratan de vivir en armonía con el medio ambiente, además en su cultura la tierra tiene un nivel de madre, la madre que les provee y les garantiza la subsistencia.
«Los Cayos Pelas las comunidades indígenas y afrodescendientes han utilizado históricamente para pescar, ellos viven de la pesca, y el Water Ki, ha suplido de agua a las comunidades», cuenta Maria Soledad.
La invasión de Peter Tsoko según denuncia esta defensora de derechos humanos ocurrió gracias a su alianza con un abogado de la zona, Peter Martínez a quien ella se enfrentaba en un juicio sin tregua para reclamar los territorios invadidos de las poblaciones nativas en los Cayos Perla.
Cuando Maria Luisa vio a su esposo muerto, de inmediato lo relacionó con ese juicio «Yo creo que ese atentado no era contra él era contra mí, pero como yo no estaba en casa los asesinos lo mataron a él».
María Luisa inició de inmediato un juicio en contra de los dos oscuros personajes, pero el juez a cargo del caso, Julio Acuña Cambronero mostró un especial interés por favorecer a los acusados y de inmediato los absolvió.
Para entonces estaba en la Presidencia Enrique Bolaños, y de cierta forma los poderes del estado mantenían su independencia. María Luisa pidió a la Fiscalía y a la Policía que profundizaran en las investigaciones y las instituciones descubren que la pistola que puso fin a la vida de Frank García, pertenecía a Peter Martínez, y uno de los asesinos materiales era conductor de Peter Tsokos.
El vínculo era innegable, así como otra enorme cantidad de pruebas que se pusieron a disposición del juez Acuña Cambronero, quien decidió inexplicablemente no admitir estos nuevos elementos probatorios y declarar el caso como «cosa juzgada».
La Fiscalía consideró que el acto fue irregular y acompañó a María Luisa para interponer una denuncia por faltas a la ética ante la Corte Suprema de Justicia, pero ahí algo andaba mal también, los magistrados de la Sala Penal le pidieron a la víctima no continuar con su denuncia y dejar el caso a como estaba. Tampoco obtiene respuestas en el Tribunal de Apelaciones.
«La única explicación que yo encuentro es que hay demasiadas personas involucradas en ese asesinato, sino en el asesinato mismo en encubrir a las personas que fueron los autores intelectuales, por sus vínculos políticos, económicos», relata.
Caso a Corte Internacional
La última opción de Maria Luisa para encontrar justicia no estaba en el país, interpuso el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que una vez estudiando las pruebas falló a favor de la víctima y orientó al Estado de Nicaragua pagar una indemnización económica, investigar el caso nuevamente y crear un protocolo de protección integral a activistas de derechos humanos para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. El gobierno de Ortega pagó la indemnización, pero no ha cumplido los otros dos puntos.
¿Porqué se rehúsa a investigar? Quizá la respuesta está en las denuncias que han realizado varios abogados en los últimos años, que aseguran que en el Poder Judicial opera una mafiosa y poderosa red de venta de sentencias, que normalmente tiene tratos con personas de dudosa reputación, quizá mientras exista una política de Estado de no observar este tipo de irregularidades no podremos darnos cuenta hasta qué punto la justicia nicaragüense ha sido penetrada por el crimen organizado, pero para María Luisa una cosa sí está clara; su trabajo aún no ha terminado.
Asegura estar determinada a buscar justicia, no estará conforme hasta que el estado nicaragüense investigue a consciencia y resuelva definitivamente quiénes fueron los que dieron al orden de matar a su esposo a los dos criminales que hoy están tras las rejas «Es por un asunto de moral, de poder cerrar este capítulo», nos asegura.
Así es, los dos asesinos materiales están presos, pero los autores intelectuales siguen libres, para María Luisa el capítulo de terror que ha vivido por 18 años debe servir al menos para evitar que otros defensores y defensoras de derechos humanos pasen por la misma situación, por eso quiere que el estado de Nicaragua cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de crear un protocolo de protección «Esto se llama en la jerga legal una medida de no repetición, que ninguna defensora de derechos humanos vuelva a vivir lo que yo viví, porque no solo mataron a mi esposo, también me vilipendiaron, me quebraron económicamente, trataron de destruirme moralmente, por defender causas de derechos humanos».
Adelaida
marzo 19, 2019 at 10:52 am
Me consta la lucha tenaz que ha tenido María Luisa Acosta para ñogral justicia un verdadero ejemplo. Mi cariño y respeto para ella.