La Secretaría de Relaciones Exteriores de México finalmente mostró su preocupación este lunes 14 de junio, sobre la reciente escalada de encarcelamiento que ha ejecutado el presidente Daniel Ortega en contra de líderes opositores, quienes son acusados por supuesta “traición a la patria”.
“México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”, declaró la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.
????La @SRE_mx informa lo siguiente respecto a la situación en ????????:
México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua.
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 14, 2021
“Dichas acciones derivaron en la detención de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes opositores y dos excombatientes sandinistas, en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo en ese país”, señaló el gobierno mexicano, el cual se suma a la lista de los países que han mostrado su grave preocupación sobre lo que ocurre en Nicaragua.
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En las últimas semanas, el mandatario Daniel Ortega ha ejecutado encarcelamientos a opositores nicaragüenses para despejar su camino a la reelección de las próximas elecciones presidenciales. La operación ha sido considerada como el estilo hitleriano: “Operación Colibrí”, al tratar de eliminar a sus detractores definitivamente.
Opositores apresados
En menos de 24 horas, durante este fin de semana, la Policía Nacional apresó a Tamara Dávila, la exguerrillera Dora María Téllez, Ana Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torrez y Víctor Hugo Tinoco; todos ellos integrantes y dirigentes del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado Unamos.
También mantiene tras las rejas al exdiplomático José Pallais y la activista Violeta Granera. Paralelamente tiene encarcelado a los precandidatos que pretendían ir a la contienda electoral: Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
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Todos ellos enfrentan a la justicia al aplicársele la reciente Ley 1055, conocida por el oficialismo como “Ley de Soberanía”, que condena a todos aquellos nicaragüenses que celebren o aplaudan sanciones en contra de funcionarios sandinistas, esto lo tipifica el gobierno de Ortega como “traición a la patria”.
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