Las últimas decisiones relacionadas con la situación política de Nicaragua que han adoptado los gobiernos de México y Argentina forman parte de una estrategia cuyo único objetivo es abrir una puerta de diálogo con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque pareciera que las posturas de estos dos países son cambiantes y confusas, Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, opina que las últimas acciones obedecen a esta lógica de trazar una vía para abordar la crisis y que esta no sea interpretada por el mandatario sandinista como una iniciativa de Estados Unidos y otros organismos internacionales.
El interés de Argentina y México por acercarse al mandatario sandinista para establecer una ruta de diálogo ocurrió a inicios de junio. El ministro de relaciones exteriores del país sudameridano, Felipe Solá, confirmó una reunión que había sostenido de forma virtual con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en la que hablaron sobre los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Medios argentinos informaron que Argentina estaba diseñando una hoja de ruta para la liberación de presos políticos y la realización de elecciones libres, transparentes y observadas. Precisamente el viernes 11 de junio Solá envió una carta al canciller nicaragüense Denis Moncada pidiendo la libertad de los reos de conciencia. La misiva no tuvo respuesta, o al menos las autoridades no informaron nada al respecto.
Para esa fecha el régimen había capturado a cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, investigada por falsedad ideológica, lavado de dinero, bienes y activos; Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, señalados de cometer “traición a la patria” de acuerdo a la Ley 1055, Ley de Defensa y Soberanía de los Pueblos.
El 15 de junio, pese a este intento de acercamiento que pretendían realizar Argentina y México, ambos se abstuvieron de votar una resolución de condena en contra del régimen de Daniel Ortega, que finalmente fue aprobada por 26 países en el pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En una nota de prensa conjunta justificaron su decisión: “Mostramos nuestra preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Rechazamos esta conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
El lunes 21 de junio Argentina y México llamaron a sus embajadores para realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por Ortega que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición. La decisión, si bien no fue el anuncio de una ruptura en la relación con estos gobiernos, se tradujo en una fuerte medida diplomática que expone el malestar de los países respecto a la situación de Nicaragua.
Sin embargo, un día después, ambos países no respaldaron una declaración firmada por 59 países que insta al régimen Ortega Murillo a comprometerse con la comunidad internacional y “se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”.
Aunque estas acciones provocan desconcierto, al final cumplen con el objetivo que se han trazado ambos países desde inicio de junio, opina Breda. Por un lado dejan sentada su postura de que están preocupados por lo que ocurre en el país (y así rebajar también la crítica en sus países por no condenar a la dictadura tal y como lo hicieron las demás delegaciones), y por el otro, tratan de diferenciarse de las políticas adoptadas por Estados Unidos y los demás organismos, para no reforzar la idea del régimen sandinista de políticas intervencionistas de potencias colonialistas.
“Están enviando una clara señal al Gobierno de Nicaragua. Expresan inconformidad y (pero) a la misma vez le dicen que existe voluntad de dejar puertas abiertas para poder facilitar algún tipo de diálogo o negociación. Pero tampoco esta puerta va a estar abierta por siempre y en algún momento, pues estos gobiernos puedan cambiar su posición y acortarse a otras iniciativas en organizaciones multilaterales”, advirtió Breda.
Beneficios de un diálogo y riesgo de la radicalización
Aunque el mensaje que envían estos países a Ortega es de un acercamiento para establecer un diálogo sin políticas de intervencionismo ni posturas como la estadounidense, el hecho de que Argentina y México no voten las resoluciones aprobadas en la OEA y en la Organización de Naciones Unidas, suponen un costo político fuerte por las críticas que reciben internamente por tomar estas posiciones.
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“Ellos no reciben un beneficio al no firmar o votar a favor de iniciativas que tampoco tienen, digamos, un lenguaje demasiado injerencista. Porque la última resolución de la OEA, por ejemplo, no abordó el tema del artículo 20 y 21 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó el analista de Crisis Group, quien reafirmó que la posición de estos países responde a ese intento de diálogo para tratar de frenar la escalada de violencia en Nicaragua.
Breda no cree que el acercamiento que busca Argentina y México con Nicaragua fuese ideado por el régimen sandinista. Al contrario, asume que responde a la preocupación de ciertos actores de la comunidad internacional de buscar vías alternativas con un gobierno que se ha mostrado intransigente frente a cualquier tipo de invitación a diálogo de parte de la comunidad internacional.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla durante la conmemoración del 51 aniversario de la campaña guerrillera Pancasana en Managua, el 29 de agosto de 2018. AFP/NI
“Que esto tenga posibilidades de éxito está todavía por verse. Pero nosotros en Crisis Group coincidimos con que antes de llegar a pensar en medidas más drásticas para aumentar la presión o sancionar estos comportamientos autoritarios, sería pues entendible intentar solucionar esta situación a través de un diálogo en donde se pueda quizá consensuar una reciprocidad, digamos, a cambio de la liberación de los detenidos y otras concesiones”, detalló Breda.
El analista de Crisis Group mantiene su posición de que el régimen no tiene ningún tipo de disposición en ceder el poder y en garantizar unas elecciones con condiciones para que sean transparentes y participativas, sin embargo, considera que la escalada de violencia y el interés de México y Argentina en la situación de Nicaragua, podría dejar una pequeña ventana abierta para una posible negociación.
Para Breda, Ortega sale beneficiado en cualquier escenario, es decir, entablando una negociación o adoptando una postura radical. Eso sí, cada una tendría sus consecuencias.
“Si no existe ninguna negociación, y se realizan elecciones bajo estas condiciones, eso significaría un aislamiento internacional con fuertes consecuencias económicas, pero al final de cuentas manteniéndose él en el poder. Si en cambio se tuviese que lograr abrir un canal de negociación y se tuviese que llegar a ciertos acuerdos sobre qué concesiones hacer y a cambio de qué, pues de alguna manera, también podría verse beneficiado en ese sentido. Y también podría jugársela en las elecciones porque al final de cuentas el orteguismo todavía goza de la simpatía o digamos del apoyo de una tercera parte de los nicaragüenses, según las encuestas”, explicó.
El silencio de Daniel Ortega
Hasta ahora Daniel Ortega no ha respondido al acercamiento diplomático de Argentina y México. El periódico El Clarín, de Argentina, informó que el mandatario sandinista no atendió una llamada directa del presidente Alberto Fernández. Tampoco Rosario Murillo en sus habituales alocuciones de mediodía se ha referido al tema.
Solo el canciller Denis Moncada tuvo algunas palabras a propósito del llamado para consulta que hicieron ambos países el pasado 21 de junio. El funcionario orteguista señaló que estaban en todo su derecho de convocar a sus diplomáticos, sin embargo, advirtió que el régimen no admite injerencia externa en los asuntos de Nicaragua pues estos corresponden al pueblo y a sus autoridades.
“Reiteramos respeto mutuo en las relaciones internacionales y respeto al derecho internacional y respeto a que cada país, que cada Estado resuelva sus asuntos internos en el estado de derecho que tiene cada país y el marco de la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y El Caribe”, expresó Moncada durante un programa de entrevistas para una cadena de televisión Chavista.
Daniel Ortega no aparece públicamente desde hace más de un mes. La última vez que el mandatario estuvo en público fue el 18 de mayo cuando conmemoró el natalicio de Augusto César Sandino.
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Sin embargo, pese a su ausencia, al menos en público, su régimen ha desatado una nueva ola de represión en Nicaragua. Hasta la fecha el régimen ha encarcelado a cinco precandidatos presidenciales, el último fue Miguel Mora, cuya vivienda fue allanada el domingo 20 de junio. También están presos dos ex trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios, que es investigada por los supuestos delitos de falsedad ideológica, lavado de dinero, bienes y activos. A la lista se suman nueve dirigentes opositores, un empresario, la exdiputada liberal y ex primera dama María Fernanda Flores, y el periodista Miguel Mendoza.
La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ante el Consejo de la ONU, leyó una actualización sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, en la que llamó al régimen “a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral”.
Bachelet detalló que como mínimo se debe “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
Imagen de archivo
El canciller nicaragüense Denis Moncada respondió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos, el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía”.
“El objetivo final es lograr llegar a una elección sin básicamente posibilidad para las demás fuerzas políticas y sociales de desafiar su reelección, en un clima de zozobra, terror y de básicamente imposibilidad de documentar posibles irregularidades a través de la observación internacional, de la que todavía no hay ninguna invitación, y del periodismo nacional e internacional, hacia el cual también hemos visto detenciones, acusaciones y rechazos e impedimentos para entrar en el país”, analizó Breda, quien no fue pesimista frente a la apertura que podrían lograr México y Argentina.
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