El Ministerio Público acusó formalmente este jueves a ocho opositores, tres de ellos precandidatos presidenciales, según un comunicado de la institución.
La fiscalía nicaragüense acusa a los opositores por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
Según el pronunciamiento oficial «la audiencia preliminar se llevó a cabo el día de hoy, y la autoridad judicial admitió la acusación para las personas imputadas», por lo que los acusados pasarán a prisión preventiva luego de permanecer más de dos meses bajo detención judicial.
Entre los detenido y acusados se encuentra José Pallais Arana, José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, Daysi Tamara Dávila, y tres aspirantes a la silla presidencial; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz.
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Asimismo, se giró orden de detención contra Manuel Orozco Ramírez, uno de los ocho acusados y sentenciado a prisión preventiva.
El Ministerio Público da a conocer las acusaciones tras cumplirse el plazo de detención de 90 días contra Cristiana Chamorro Barrios y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Investigaciones contra Cristiana Chamorro
El pasado martes 24 de agosto, la fiscalía bajo el control de Ortega amplió la investigación en contra de Cristiana Chamorro por los supuestos delitos de apropiación y retención indebida, junto a los extrabajadores de la FBVCH, Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva.
Además, se acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva.
Detención preventiva de extrabajadores de Fundación Violeta Barrios de Chamorro expira en 12 días
Ortega inició desde el pasado mes de junio una embestida contra la oposición nicaragüense de cara a los comicios generales, y en la que se encuentran bajo detención e investigación más de una treintena de presos políticos. Estas investigaciones se basan en legislaciones que fueron aprobadas en 2020 por la aplanadora sandinista de la Asamblea Nacional.
El caudillo sandinista mantiene bajo detención y «secuestro» a cuatro integrantes de la familia Chamorro, mientras uno de ellos decidió exiliarse para resguardar su vida y continuar haciendo periodismo.
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