Hoy 17 de agosto, Cristiana Chamorro, exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lleva 76 días en arresto domiciliar debido a la investigación por supuesto lavado de dinero elevada por el gobierno en su contra. Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores financieros de la Fundación, llevan 78 días detenidos en las celdas de Auxilio Judicial bajo la reforma que extendió el plazo de prisión preventiva de 48 horas a entre 15 y 90 días, puesto que no se les ha acusado formalmente.
La Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal fue aprobada el 2 de febrero por la Asamblea Nacional ante solicitud expresa del presidente Daniel Ortega y fue aplicada por primera vez a Fletes y Gómez el 1 de junio, luego de su detención el 28 de mayo. La reforma decretó que “la autoridad judicial determinará la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de 15, ni mayor de 90 días”.
Vista de las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Archivo/NI
Cristiana fue detenida el 2 de junio. Al día siguiente se le hizo una audiencia preliminar a puertas cerradas en la que no estuvo presente su defensa. La Fiscalía la acusa oficialmente de “los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real de lavado de dinero, bienes y activos”.
Desde entonces, “la abogada de Cristiana ha presentado más de 20 escrito pidiendo lo más básico, y mínimo de un procesado”, informa el Especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán. “Jamás había visto en mi estadía dentro del sistema de justicia que un abogado presentara más de veinte escritos solicitando algo tan mínimo como poder intervenir dentro del proceso en representación de su patrocinado y que no tenga ningún tipo de resolución ante la juez” agregó.
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Morazán afirma que es difícil valorar jurídicamente la situación de los detenidos puesto que “ni siquiera gozan de apariencia de legalidad”. Denuncia la ocultación de los detenidos y de los expedientes, y aclara que “Es totalmente absurdo separar dos causas porque podrían conocerse antes jueces distintos que podrían tener apreciaciones diferenciadas que incluso podrían contradecirse”.
“Podemos afirmar que estamos en presencia de un trato diferenciado y clasista de la justicia, donde se le da un trato procesal a Cristiana Chamorro y un trato diferenciado a sus colaboradores, a pesar de que se desprende de un mismo hecho” afirma Morazán.
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las organizaciones que han cerrado por la polémica Ley de Agentes Extranjeros promovida por el sandinismo. Archivo/NI
Dado que no se ha presentado acusación formal en contra de Fletes y Gómez, “una vez vencido el plazo la fiscalía debe de presentar la acusación y el juez ordenar la audiencia preliminar de inmediato” afirma Eber Acevedo, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “De no presentarse la acusación, se tendría que ordenar la inmediata libertad” agrega Acevedo.
A la reforma se le interpusieron dos recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por parte del grupo de abogados Defensores del Pueblo el 26 de marzo y por la CPDH el 6 de abril. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU la calificó de “contraria a la Constitución y los estándares internacionales” a través de su cuenta de Twitter.
#Nicaragua: La reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer, al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener (1/3)
— OACNUDH (@OACNUDH) February 3, 2021
Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez figuran entre los más de 25 nicaragüenses detenidos ilegalmente por el gobierno desde el 28 de mayo, y suben el total de presos políticos a más de 130. Entre los detenidos figuran al menos siete aspirantes a la presidencia de diversas facciones opositoras, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y empresarios.
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