Una encuesta realizada por la firma Cid Gallup refleja que Nicaragua, Guatemala y Colombia son los tres países de la región con mayor descontento de parte de sus poblaciones debido a la gestión de las entidades gubernamentales ante la pandemia de la COVID19.
El estudio de opinión pública ubica a Nicaragua como el tercer país que peor calificación brindó al mandatario Daniel Ortega ante las labores ejecutadas en medio de la crisis sanitaria mundial. La desaprobación fue fijada por su misma ciudadanía.
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Las acciones ejecutadas por Ortega frente a la COVID19 son aprobadas por solo un 33% de la población, superando únicamente a Iván Duque, de Colombia, y Alejandro Giammattei, de Guatemala, con las peores calificaciones a nivel latinoamericano.
Secretismo del Minsa
El gobierno de Daniel Ortega ha sido fuertemente cuestionado a nivel nacional e internacional por la falta de transparencia sobre el impacto de la pandemia de la COVID19 en el país. Hasta el momento, la población continúa desconfiando de las cifras oficiales sobre el número de contagios y muertes, y se habla de alarmantes subregistros.
Asimismo, la administración sandinista se ha enfocado en el sostenimiento de la economía más allá de la contención de los contagios, por lo que en ningún momento se llegó a implementar ningún tipo de cuarentena que protegiera a estudiantes, trabajadores y población en general.
Otro descontento que ha sido latente en medio de la emergencia sanitaria ha sido la falta de acceso a pruebas de COVID19 que ayude a las familias a detectar adecuadamente los casos positivos pudiendo así iniciar de forma temprana el tratamiento adecuado.
“Es desafortunado que la información del Ministerio de Salud (Minsa) sea demasiado escueta y no brinde información útil que permita a cada ciudadano evaluar su riesgo” han cuestionado iniciativas independientes como el Observatorio Ciudadano.
La escaza información facilitada por el Minsa también ha desatado recientemente importantes flujos de nicaragüenses que acuden a vacunarse en territorio hondureño, pues desconfían de las dosis aplicadas en el país que hasta ahora no han sido aprobadas por la OMS.
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