EEUU prohibe entrada a todos los miembros del Gobierno de Ortega

El gobierno de Joe Biden prohibió este martes la entrada a Estados Unidos a cualquier miembro de la administración de Daniel Ortega.

Biden proclama la restricción y suspensión de entrada al país, «como inmigrantes y no inmigrantes, a miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega», de acuerdo a un documento oficial revelado por el gobierno demócrata.

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La decisión incluye alcaldes, vice alcaldes, funcionarios de seguridad, ministros, y una amplia lista que afecta hasta a los cónyuges y familiares cercanos de estos colaboradores del sandinismo.

«A la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan , implementan o se benefician de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua», expresa el documento de la Casa Blanca.

EEUU obligado a actuar

Biden afirma que dados «los actos represivos y abusivos» de Ortega y de «quienes lo apoyan», Estados Unidos se ha visto obligado «a actuar».

Insiste en que la represión contra la oposición y periodistas, previo las elecciones del 7 de noviembre dañan las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia.

Subraya que Ortega «controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de personas para promover la agenda autoritaria del gobierno».

Al respecto, refiere que «miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), junto con turbas violentas de simpatizantes progubernamentales también controlados por actores gubernamentales, han atacado instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos».

Funcionarios municipales acusados de represión

EEUU señala igualmente que funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas de Ortega «han dirigido la violencia contra manifestantes opositores.

«Por ejemplo, alcaldes y alcaldías leales al gobierno de Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta. Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional, que les confieren los niveles más altos del gobierno de Ortega. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua», manifiesta.

La administración Biden también destaca que el poder judicial es usado por Ortega «para silenciar a los críticos», y que las autoridades «han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados en su contra».

Subraya así mismo «la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno» en el desempeño de funciones públicas, lo cual ha erosionado las instituciones democráticas.

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La lista

En lista de los que ya no pueden ingresar a EEUU están los miembros del gobierno, incluyendo los «funcionarios electos y su personal», alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos.

También miembros del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y los grupos paramilitares.

Se incluyen «funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua; altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua; miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua».

Así mismo, «personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias » del gobierno.

Estados Unidos también agrega a la lista «los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas» anteriormente.

Al respecto, se autoriza al Secretario de Estado identificar a todas estas personas. «El Secretario de Estado implementará esta proclamación según se aplique a las visas de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, pueda establecer. El Secretario de Seguridad Nacional implementará esta proclamación según se aplique a la entrada de no ciudadanos de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, pueda establece», refiere.

No aplicaría a quien «ha tomado medidas» para ayudar a restaurar la democracia»

La «suspensión y limitación de la entrada» no se aplicará a «cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos», a quien Estados Unidos le haya «otorgado asilo» o refugio o «cualquier individuo a quien se le haya otorgado retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigo».

También no se aplicará a una persona cuando el Departamento de Estado «determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua».

También cuando se determine «que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el Secretario de Estado así lo determine, con base en una recomendación del Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos».