La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, llamó hoy a Daniel Ortega a rendir cuentas y realizar investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
“Que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”, dijo Kate Gilmore durante durante un comunicado este miércoles.
La Alta Comisionada reiteró que “es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.
Asimismo sostuvo que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua “siguen sin resolverse” y señaló que “la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”.
Liberar a todos los presos políticos
Por otro lado, la ONU llamó a liberar a todos los presos políticos que todavía Ortega mantiene en prisión bajo el estatus de presos comúnes.
“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, llamó en el comunicado.
Para la ONU fue alentador las recientes excarcelaciones, pero es preocupante la situación en la que se encuentran los presos políticos actualmente, pues han recibidos denuncias de torturas hacia ellos.
“El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas. Sin embargo, según diversas fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención”, señaló.
ONU llama a diálogo
La ONU también se mostró preocupada “por la no implementación de los dos acuerdos alcanzados” en el diálogo nacional, suspendido desde hace más de 40 días.
La ONU pide a Ortega “respete el acuerdo que ha firmado al permitir el ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionar cualquier ataque contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos y periodistas y garantizar el regreso de su propiedad”.
Recordó que “la Policía Nacional ha continuado impidiendo las manifestaciones negando sistemáticamente la autorización para reunirse y arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, en ocasiones utilizando fuerza excesiva”, indicó.
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Además, llama a Ortega a participar en un diálogo sincero para alcanzar acuerdos. “Instamos a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales”, detalla el comunicado.
Por otro lado, La Alta Comisionada señaló su preocupación por los defensores. “Me preocupa profundamente que los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúen siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante”.
A su vez, señaló que no ha sido reestablecido “el estatus legal y los activos de las nueve organizaciones de la sociedad civil que critican al Gobierno, cuyo registro legal se canceló en noviembre y diciembre de 2018”.
Ambigüedades sobre Ley de Amnistía
Sobre la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, señaló que “contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”.
Dijo que “la Ley de Amnistía actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas”.
Indicó que “el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales”.
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