Los partidos colaboracionistas y su lucrativa vida en Nicaragua

Primera entrega

En política se cree que los partidos tienen como razón de ser llegar al poder, pero en las elecciones celebradas en Nicaragua el pasado 7 de noviembre estos esfuerzos no se evidenciaron. Ninguno de los partidos pareció apostar a ganar: candidatos desconocidos, cero estrategias para conseguir votos y una pobre campaña para difundir sus propuestas. A pesar de esto, recibirán un abultado reembolso estatal.

Si reciben fondos del Estado, sus estados de cuenta debieran ser parte del interés público. ¿Cómo se financian? ¿Cuánto invierten y en qué? ¿Cuánto reciben? Y lo más importante: ¿El monto que recibirán como reembolso electoral se corresponde con el aporte que hacen al fortalecimiento del sistema democrático nicaragüense?

¿Cancelará el CSE personalidad jurídica a partidos que no lograron el 4% de votos?

Muchos se han desencantado con el surgimiento de nuevos partidos porque sienten que los motivan intereses insanos, otros son indiferentes cuando este tipo de organizaciones desaparecen como parte del juego de poderes, porque nunca lograron crear una importante base de votantes. ¿Pero debería interesarle a la gente la vida y muerte de estos engranajes del sistema político nicaragüense? La respuesta es sí, y la clave para sustentarlo es el reembolso electoral como una de sus fuentes principales de financiamiento, sobre todo, porque el monto se alimenta de los impuestos del ciudadano.

Esa realidad puesta en lupa, podría llevar al país hasta la indignación social. «Existe poca transparencia en el manejo de estos recursos», alerta una experta en gestión y políticas públicas y quien pidió el anonimato por temor a represalias. La especialista señala que el asunto empeora cuando se muestra que hay un régimen como el Ortega-Murillo, que vio en esos desembolsos millonarios la posibilidad de comprar «casillas y siglas» para hacer un juego que riñe con la democracia. «Se premia por legitimar lo que está mal», critica la especialista. 

Ortega buscó en noviembre validar con seis partidos políticos de poco impacto unos comicios que para muchos analistas carecen de legitimidad.

«El premio mayor»

Los estados financieros que por obligación de ley deben hacer públicos los partidos políticos de Nicaragua cada año, los hace ver como sólidas empresas con patrimonios millonarios y crecientes. La mayoría reporta grandes terrenos, edificios con plusvalía, mobiliario y vehículos, además de sumas millonarias en cuentas bancarias que —señalan— crece por «donaciones de los militantes» o por «otros ingresos» que poco explican y que, en muchos casos, representan las mayores partidas de un abultado presupuesto.

«Estas organizaciones reciben aportaciones de empresarios o ayudas externas de otros partidos políticos amigos que son de la misma ideología», señala Luciano García, director de Hagamos Democracia. Y por supuesto, una gran partida tiene como origen el reembolso electoral, que sale del presupuesto estatal y al que cada ciudadano aporta con sus tributos. A criterio de la especialista en gestión y políticas públicas, eso es como «el premio mayor».

La vida y muerte del PLC

Esta partida los partidos políticos la obtienen en cumplimiento de la Ley Electoral 1070, que ordena que el Estado les debe entregar los montos para reponerles los gastos en los que incurrieron durante su campaña. De acuerdo a la misma ley, el monto se entrega tomando en cuenta el número de votos obtenidos.

Según la normativa, el fondo total del reembolso electoral representa el 1% de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República en el caso de las elecciones generales, el 0.5% para las elecciones municipales y el 0.25% para las elecciones regionales autónomas.

Puesto así parece poco dinero, pero cuando vemos las cifras del Presupuesto General de la República (PGR), la cosa cambia. Dejan de ser dígitos y decimales y se convierten en partidas millonarias, las que han venido creciendo de manera significativa en los últimos años. Quienes han tenido que pagar ese aumento, son los ciudadanos que cada año pagan más por todo y las pequeñas y grandes empresas que se ven impactadas por nuevos y crecientes tributos.

Pierden, pero ganan 

Durante las elecciones del 2006, por ejemplo, el ingreso ordinario en el PGR fue de más de 17.513 millones de córdobas, por lo que el 1% de ese total destinado al reembolso electoral para los partidos políticos participantes en esos comicios, sumó los 175.139 millones de córdobas.

Cinco años más tarde, para las elecciones del 2011, la partida por reembolso electoral se duplicó a 34.946 millones de córdobas. Lo mismo ocurrió durante el proceso electoral de 2016, el aumento fue de más de 66.101 millones; y en las recientes votaciones de 2021, ya había alcanzado los 806.712 millones córdobas, pues el gobierno de Ortega cerró el año con un presupuesto estatal que creció en 80.671 millones de córdobas.

Aunque Daniel Ortega resultó-como se esperaba-el ganador en las elecciones de noviembre, los partidos que participaron, también tienen razones para celebrar; a ellos les toca repartirse una cifra récord del reembolso electoral de este año. Perdieron, pero ganaron.

Todas estas cifras del Ministerio de Hacienda, que deberían estar reflejadas en el informe de liquidación anual,  no contienen un desglose detallado de cuánto fue finalmente el reembolso electoral para las elecciones generales y municipales, sino que están incluidos en un solo monto. En ese sentido, la escasa información no permite conocer la cifra que se llevó cada partido político por participar en cada uno de los comicios. Los expertos consultados por Nicaragua Investiga concluyen que esta es una forma de ocultar cómo se entrega ese dinero público a estas agrupaciones y por supuesto, también limita la fiscalización independiente.

Reembolsos no se ven en las cuentas

La mayoría de partidos políticos no reportan en sus cuentas o al menos no con claridad, las partidas de reembolso electoral que reciben, escapando así a la fiscalización pública. La misma relación política con el gobernante, les procura aparentemente, una especie de licencia para no rendir debida cuenta de esos fondos estatales.

En su reporte financiero de 2012, el Frente Sandinista, por ejemplo, informó que administraba 138.910 millones de córdobas en concepto de «otros ingresos». No explicó, cuánto de esos fondos, provenían del reembolso electoral por las elecciones celebradas el año anterior.

En ese mismo año, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó unos informes financieros menos claros todavía; no especificó del todo sus ingresos. La información proveída se limitó a indicar que poseían a esa fecha al menos 33,557 córdobas en efectivo, en caja y bancos. El informe ni siquiera permite especular sobre cuánto pudo haber recibido la organización política como reembolso electoral.

Tras las elecciones de 2016, el Frente Sandinista siguió reportando su patrimonio con muchos vacíos, aunque su rubro de «otros ingresos» creció de manera significativa, pasando a 478.916 millones de córdobas, más de tres veces el monto reportado durante el proceso electoral anterior. ¿Cuánto de ese monto fue producto del reembolso por las elecciones?

El Frente Sandinista no parece interesado en responder a esa pregunta. El año pasado atribuyó su crecimiento financiero a su militancia. Dijo que sus mayores ingresos llegaban de las donaciones de sus militantes, de quienes dice, recibió unos 68.052 millones de córdobas. La «parte gruesa», o el rubro llamado «otros ingresos», lo estableció en 309.079 millones de córdobas.

El dato llama la atención, considerando que ambos rubros, tan solo representaron un poco más de 12 millones de córdobas en 2006, antes de su ascenso al poder. Para esas fechas, el FSLN también se encontraba en saldos rojos, pues, de acuerdo a sus estados financieros, reportó un déficit de 12.881 millones de córdobas. El partido había sobregirado sus cuentas y terminaba ese año con una enorme deuda.

Otro experto en transparencia presupuestaria, que también pidió hablar bajo anonimato por temor a la persecución política, indica que antes de 2005, ni siquiera se publicaban los estados financieros de los partidos y que fue a partir de ese año, con la aprobación de la Ley de Administración y Régimen Presupuestario (Ley 550), que empezaron a seguirse algunos procedimientos para la fiscalización.

No obstante, admitió que muchos de estos informes se publican ahora por «puro protocolo» y detalles como la distribución del gasto electoral y reembolso a los partidos políticos, quedan sin conocerse. «Esto es una falta de transparencia que debería acabarse, porque obviamente es conocer cómo se han financiado los partidos políticos para las diversas elecciones», recomienda.

¿Y los fiscalizadores?

Pero esta falta de transparencia no solo alcanza a los partidos políticos, además de la Contraloría General de la República (CGR), también trastoca a la misma autoridad reguladora y fiscalizadora de los procesos electorales.  El Consejo Supremo Electoral (CSE) debería «detallar de cuánto fue el reembolso de elecciones generales y municipales», y cuánto se asignó a cada partido político, dice una fuente política.

Otro gran ausente para velar por la transparencia de los fondos del reembolso electoral, es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta institución tiene la obligación de detallar los gastos en el informe de liquidación del Presupuesto General de la República de cada año.

«Recuerde que el Presupuesto es como una proyección de lo que se va a gastar, y lo que realmente se gasta a fin de año, es lo que te muestra el informe de liquidación, y el informe de liquidación de Hacienda te muestra hoy, menos información de lo que debería ser. Por lo tanto, es un tema de falta de transparencia», señala el experto.

«Los entes fiscalizadores a todas luces están coludidos en esto. Hay un cuarto fiscalizador que es la Asamblea Nacional, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto debería estar encima con la oficina del Gasto Público –adscrita a esta Comisión–, dándole seguimiento a la ejecución de estos recursos», le agrega la investigadora en gestión y políticas públicas.

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«¿Cómo se hace el reembolso? Tienen un sistema contable que tienen que llevar y tienen que mostrarlo al CSE, de cuánto gastaron en la campaña», explica Luciano García, quien señala que el dinero muchas veces «representa la sobrevivencia (del partido) durante los periodos no electorales, porque lo que hacen los partidos políticos es que las donaciones que obtienen durante una campaña electoral la someten como gasto. Obviamente esos reembolsos de esas donaciones le quedan al partido político», amplía.

Eliseo Núñez, quien fue jefe de campaña del excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, indicó que los partidos tienen proveedores y un sistema que lo pasan al CSE a través de un manual de operaciones financieras y de la campaña. «Se deben llenar todos esos requisitos; igual como si estuviesen en una empresa o en una entidad pública», enfatiza.

La Ley Electoral indica que los partidos deben rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la CGR, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Tribunal Electoral.

La normativa explica que todos los gastos deben estar soportados por facturas para presentarlos a la Contraloría General de la República, la que verifica y autoriza mediante una resolución el monto del reembolso a cada partido. Sin embargo, Núñez dice que «con la CGR que opera en el país, no se sabe más allá de este dinero y que esta entidad puede definitivamente decir que lo que le presentaron es correcto, aunque no lo sea».

García por su lado, asegura que no han sido transparentados públicamente los reembolsos, «porque los fondos son una transacción meramente entre el partido y el Estado. Nunca he visto que haya una rendición de cuenta pública«, declaró.

Los reembolsos en Costa Rica

Para los expertos el problema no es el «reembolso electoral», sino la falta de transparencia. El mecanismo busca estimular a organizaciones políticas a participar en procesos electorales y que la falta de recursos no se los impida. Para no ir muy lejos, el mecanismo también existe en Costa Rica.

Según la legislación costarricense, los partidos de ese país tendrán derecho a la contribución estatal si alcanzan el 4% de los sufragios válidos a nivel nacional. De hecho, tienen derecho a una parte del dinero, pero deben comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Además, la Constitución Política de ese país obliga a los partidos a hacer pública las contribuciones privadas que reciban; algo que no está establecido en la Constitución de Nicaragua. El Código Electoral de Costa Rica establece en el artículo 87 que, «el régimen económico de los partidos políticos, se interpretarán y aplicarán con apego a los principios de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas». En el artículo 88 los obligan a tener libros contables para registrar las operaciones y los gastos en que incurran, llevando su contabilidad actualizada y los comprobantes de gastos ordenados, conforme al reglamento que dicte el TSE.

La tesorería de cada partido tiene la obligación de gestionar, ante el TSE, el visado de todos los libros de control contable que la agrupación posea. «Dichos libros estarán a disposición y sujetos a examen, cuando así lo requiera el TSE».

Nace el peor de los males: el colaboracionismo

Cuando Ortega vuelve al poder tras las elecciones de 2006, lo primero que hizo fue, en palabras de Eliseo Núñez; «sustituir lo que pudiera denominar actores de la democracia representativa, por una negociación con poderes fácticos».

Núñez explica que Ortega fue progresivamente invadiendo las instituciones del Estado, a tal punto que «se había abandonado la representatividad de la población a través de los diputados, de los concejales y se había sustituido por una suerte de arreglos en un círculo muy pequeño que definitivamente desembocó en una remoción total de las instituciones pública, de la institucionalidad misma», explica.

La crisis de 2018 evidenció hasta dónde había avanzado el control de Ortega: la Policía se convirtió en su brazo represivo, la Asamblea Nacional legisló leyes a su medida y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le abrió el camino para reelegirse hasta que no le quede vida. La Contraloría, ha perdido la voz durante más de una década pese al nepotismo y corrupción que campea en el Estado y el Ejército niega la existencia de paramilitares, ello, aunque el mismo régimen les llamó «héroes de la paz» y se filman armados y jurándole lealtad. En definitiva, Ortega corrompió al Estado.

Para Mónica Baltodano, una antigua compañera de armas de Ortega, el exguerrillero sandinista devenido en dictador, ha comprado conciencias a diestra y siniestra a menudo con los mismos fondos del Estado. «Ha usado cuantiosos recursos», dice la también exdiputada. Asegura que el dictador, también ha recurrido «a usar informaciones de sus aparatos de seguridad para chantajear a algunos, usando el control de las reelecciones, porque magistrado o funcionario que no le hace caso, ese no se reelige», aseguró.

Esto llevó a la ruptura del bipartidismo como acuerdo entre dos partidos y ocasionó una centralización del poder en manos del FSLN bajo Ortega. «En vez de que estos funcionarios dependan de las orientaciones de sus partidos, que los llevaron ahí, en este caso, el PLC, ya terminan dependiendo directamente de las orientaciones del orteguismo», añade Baltodano.

Exterminio de adversarios

La fuerza que adquirió el caudillo sandinista de su pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con Arnoldo Alemán, le permitió armar una maquinaria para el exterminio de sus adversarios políticos. En 2008, cuando apenas cumplía un año de haber regresado al poder, despojó de su personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora renombrado Unamos.

Más tarde, en 2016, Ortega no esperó más y se fue encima del Partido Liberal Independiente (PLI), encabezado por Eduardo Montealegre, tras una litis entre diversas facciones de esta agrupación. La CSJ, controlada por el caudillo sandinista, entregó el partido a un político obediente; Pedro Reyes.

El rostro del bipartidismo sobresalió en ambos golpes contra partidos de oposición. Las varias reformas que el FSLN aprobó en la Asamblea durante su mandato –explica Mónica Baltodano– fueron siempre con votos del PLC.

Daniel Ortega: el eterno candidato presidencial del FSLN

Baltodano relata que el PLI de Montealegre se opuso a la postura colaboracionista del PLC «y eso fue lo que constituyó al PLI como la fuerza a destruir, no solamente por el orteguismo, sino por el propio liberalismo», lo que en última instancia fue la perdición del partido.

A través del control del CSE, Ortega «hizo colapsar el sistema electoral», dice Núñez por su lado, y ya sin oposición por izquierda o por derecha, con su antiguo socio reducido a una fracción de lo que fue, el líder sandinista pudo ocuparse en la tarea de manejar las lealtades de los partidos que quedaban entre la espada de la suspensión jurídica y la pared de la extinción.

Una reforma para premiar a partidos colaboracionistas

«Al tener la sobrevivencia como objetivo», explica Núñez, «es mucho más fácil conseguir gente que abandone sus principios y apueste por la sobrevivencia. De ahí derivan todas estas personas que se pliegan al juego de Ortega».

La reforma a la Ley Electoral vino a consumar el colaboracionismo en su totalidad, explican los analistas políticos. El reembolso es uno de los premios para los «micro-partidos» que reciben los votos mínimos; «la razón por la cual participaron (en las votaciones) fue por esa plata», afirma Núñez.

También reciben reembolso partidos o alianzas que, tras participar en las elecciones, no han obtenido el 4% mínimo de votos válidos. No obtener ese 4% es motivo de cancelación de la personalidad jurídica de un partido, según el artículo 99 de la Ley Electoral, pero esta es una normativa que no se ha aplicado de manera consistente a pesar de figurar en todos los compendios de la Ley Electoral desde el año 2000.

Por ejemplo, en 2011, APRE y ALN participaron ambos en las elecciones y obtuvieron 0.23 y 0.40% del voto respectivamente, lo que no evitó que participaran otra vez en 2016, cuando lograron 4.3 (ALN) y 1.4% (APRE). APRE participó en las votaciones de 2021 sin impedimento.

Pero no bastaba con la reforma. A un mes de aprobada, a principios de junio, Ortega inició un último proceso de sofocamiento de la oposición. La detención de al menos siete aspirantes a la presidencia, combinada con la suspensión del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), nuevamente a instancias del PLC, le aseguraron unas votaciones sin amenaza real.

«Entre Ortega y Alemán construyeron una telaraña en la que cayó el propio Alemán con procesos judiciales en los que el FSLN, fue teniendo una incidencia directa a través de jueces y magistrados», cuenta Baltodano.

Ortega y sus socios aplastaron a las demás fuerzas políticas en Nicaragua; con el Estado subordinó a sus nuevos aliados del PLC y a toda facción residual, asegurando un continuismo que, para Baltodano, ha superado al que existía bajo la dictadura somocista.

Al mejor estilo de la famosa frase repetida incansablemente por aquel dictador que él juró que odiaba, Ortega ha sabido dar «plata al amigo, palo al indiferente y plomo al enemigo».