El 2021 fue el año en que Daniel Ortega hizo todo lo posible para que Nicaragua no superara la crisis política que atraviesa desde las protestas antigubernamentales del 2018. Ortega no solo encarceló a sus principales rivales políticos, sino que empezó también a aplicar leyes como la de Ciberdelitos, con la cual pretende acallar a los periodistas y activistas, así como el ejercicio de libre expresión en el país. Así mismo, decidió ajustar aún más la soga a sus leales, en lo que algunos analistas, aseguran es una expresión más de la desconfianza que el caudillo tiene incluso hacia aquellos que durante años le han servido a sus intereses.
Ortega inició el año con más de 100 presos políticos en las cárceles y se mostró implacable ante los pedidos de que los liberara, y todo lo contrario emprendió una nueva ola de arrestos a finales de mayo a tal punto que actualmente hay más de 170 personas encarceladas por motivaciones políticas en Nicaragua.
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Entre las personas encarceladas en esta nueva ola represiva está ciudadano Alexis Peralta Espinoza, de 48 años de edad, originario del municipio de Condega. Este fue encarcelado a inicios de noviembre acusado del supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”. ¿Las “pruebas” que presentó la Fiscalía? Dos tuits. En uno de estos solamente expresó: “No más violencia gubernamental en Nicaragua”.
Un campesino sin Internet preso por «ciberdelito»
También figura Santos Camilo Bellorín, un campesino de 56 años, originario de la comunidad Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo. Al igual que Peralta, Bellorín fue encarcelado por cometer “ciberdelito”. Sus familiares señalan que se trata de un hombre de campo que toda la vida se ha dedicado a la siembra de granos básicos y café, y que ni siquiera tiene un celular con acceso a Internet.
En esta ocasión Ortega incluso encarceló a los dos líderes de la principal patronal del país: Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente.
Pero también destacan en la lista antiguos excompañeros de armas como Hugo Torres, Dora María Téllez y Victor Hugo Tinoco, tres destacados miembros de la guerrilla sandinista, por quienes Ortega accedió por primera vez al poder en julio de 1979. Torres incluso fue parte del comando que en 1974 protagonizó el asalto a la casa de Chema Castillo y logró liberar a varios presos, entre estos Ortega, quien ya tenía más de siete años preso por asalta bancos.
Ortega, un anciano de 76 años aquejado por los achaques propio de su edad, no ha tenido piedad con nadie, y entre los encarcelados hay varias personas incluso mayores que él, como por ejemplo el exsacerdote, analista político y exdiplomático Edgard Parrales, quien tiene 79 años de edad, no tiene el intestino grueso y sufre graves problemas del sistema digestivo.
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Miles huyen
Esta nueva ola represiva ha obligado a miles de nicaragüenses a salir del país, unos agobiados por los problemas económicos y las perspectivas de que la situación se esta poniendo cada vez peor, y otros por miedo a terminar en las cárceles por ser abiertos críticos de Ortega.
La organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, estimó en noviembre pasado que a lo largo del año unos 95 mil nicaragüenses habían dejado el país. «El incremento de la represión (estatal) ha generado otra oleada de exilio, que incluye a más de 40 periodistas, así como excarcelados, activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones», declaró a EFE la defensora de derechos humanos Wendy Flores.
Aunque pueda parecer una cifra demasiado grande, los datos oficiales lo certifican. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos, señaló recientemente que en el 2021 más de 50,000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera con México, una cifra inmensamente superior si se compara con el 2020 cuando solamente se contabilizó a 2,291 nicaragüenses detenidos.
Periodistas, activistas sociales, políticos opositores han decidido salir del país por puntos ciegos debido a que tienen “país por cárcel”.
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Ni sus leales se salvan
La represión en Nicaragua alcanzó tales niveles que ni los mismos funcionarios del gobierno y miembros y simpatizantes del Frente Sandinista se salvan.
En los últimos meses, en momentos en que Estados Unidos amenaza con más sanciones contra el sandinismo, se empezó a conocer de casos de renombrados sandinistas a los que se les ha negado la salida de Nicaragua, pese a que siempre han demostrado ser defensores acérrimos de la pareja en el poder.
El caso más conocido es el de Leonardo Torres, un empresario muy ligado al FSLN y que inclusive participó como representante del oficialismo en el fracasado Diálogo Nacional del 2018. Primeramente se supo que tenía restricción migratoria, cosa que nunca aclaró. Pero poco después se desató una fuerte arremetida en su contra cuando varias organizaciones bajo su control fueron despojadas de su personería jurídica, entre estas, la Universidad Hispanoamericana y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
La Uhispam quedó en el limbo tras la cancelación de su personalidad jurídica. Archivo NI
Otro de los casos con supuesta restricción migratoria es el de Francisco Bautista Lara, un exjefe policial y exembajador de Ortega en el Vaticano. Sin embargo, Lara negó que sobre él pese tal medida.
Esta “casa por cárcel”, según distintos medios de comunicación, ha alcanzado a familiares de funcionarios de Ortega. Un ejemplo es el de Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, una de las piezas de Ortega en el cargo de delegado Presidencial para las Inversiones. Baltodano Monroy es empresario y supuestamente quiso salir de Nicaragua pero no se lo permitieron.
El general Álvaro Baltodano Cantarero es hermano del empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, exdirectivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). En junio del 2021, la Fiscalía giró orden contra Gerardo Baltodano. La juez Karen Chavarría, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, había dictado retención migratoria, levantamiento del sigilo bancario y congelamiento de las cuentas bancarias contra 13 exdirectivos de Funides, entre ellos Baltodano Cantarero.
Ortega termina el año con números rojos incluso en su mismo partido, ya que según Urnas Abiertas, en las votaciones del 7 de noviembre más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de ir a votar. Incluso, llama la atención la cantidad de votos nulos registrados por el mismo Consejo Supremo Electoral.
Nicaragua Investiga
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