El oficialismo y la oposición de Venezuela instalaron por separado las directivas de los Parlamentos que ambos bloques consideran como legítimos, en un nuevo signo de la crisis política que el país suramericano ha experimentado durante los últimos años.
Según, la Constitución venezolana, cada año, el 5 de enero, debe instalarse el nuevo período legislativo y votarse por una nueva junta directiva. Este año, tanto oposición como oficialismo cumplieron con ese deber, cada uno por su lado.
El chavismo instaló el nuevo año parlamentario en la sede del Capitolio Federal en Caracas, donde opera desde 1961 el poder legislativo venezolano. Los miembros de esa institución, de amplia mayoría oficialista, resultaron electos en diciembre de 2020 en unas votaciones que la oposición y parte de la comunidad internacional desconocieron por considerarlas fraudulentas.
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Jorge Rodríguez, hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro y jefe de su delegación en las negociaciones políticas con la oposición en Ciudad de México, quedó ratificado como presidente de esa Asamblea. Iris Varela y Vanessa Montero le acompañarán en la directiva al menos hasta el 5 de enero de 2023.
Por su parte, la oposición instaló el nuevo período legislativo del Parlamento votado en 2015 en un acto celebrado en el parque Morichal, en Prados del Este, Caracas.
Según los partidos detractores del gobierno de Maduro, esa Asamblea tiene “continuidad constitucional” hasta tanto haya nuevas elecciones democráticas, justas y transparentes para renovar el poder legislativo venezolano.
Con el voto de diputados presentes en la sesión en Caracas y de otros que participaron conectados con transmisión de video por la Internet, Juan Guaidó quedó ratificado como presidente encargado y del Parlamento, junto a Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, como primer vicepresidente de la directiva, y Carlos Berrizbeitia, de Proyecto Venezuela, como segundo vicepresidente.
«Lo que queda de República»
Los críticos de Maduro lo acusan desde 2019 de haber usurpado la presidencia del país y de haber promovido elecciones ilegítimas para renovar el Parlamento en 2020.
Mientras, que el presidente venezolano culpa a sus detractores de promover un golpe de Estado en su contra y de “inmadurez” política.
Los diputados opositores reformaron la semana pasada el estatuto que rige la transición hacia la democracia en Venezuela con el fin de renovar la continuidad del Parlamento electo hace seis años y la presidencia encargada de Guaidó por 12 meses más o “hasta que se restablezca el orden constitucional y democrático”.
Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 gobiernos del mundo desde enero de 2019, reivindicó la legitimidad de su gobierno interino y del Parlamento que encabeza. “Lo que nos queda de República está contenido en este acto, y no se va a perder en nuestras manos”, enfatizó.
Llamó a “presionar juntos” para que se dé un acuerdo político, en abierta referencia a las negociaciones en México, interrumpidas en octubre. Además, criticó al chavismo de “arrebatar de manera brusca” la victoria opositora en el estado Barinas, que este domingo repite elecciones de gobernador.
El líder opositor hizo votos por mejorar la “imperfecta” plataforma unitaria de cara a los próximos retos políticos. Sobre las denuncias de corrupción en activos en el extranjero, que controla la oposición, pidió investigarlas “hasta el final”.
“Cualquiera que se aproveche un ápice de su posición para dañar esta lucha, hay que castigarlo (…) Nadie puede jugar con los sueños de nuestra gente”, aseveró Guiadó.
Expresó este martes que su compromiso ante la nación es “rendir cuentas” de su desempeño como mandatario encargado de Venezuela. “Estamos firmes y unidos nuevamente para enfrentar una dictadura (…) Maduro usurpa funciones. La dictadura maniobra vilmente, sádicamente, para mantener el poder”, dijo.
El oficialismo denuncia «robo»
Los más de 250 diputados oficialistas y la docena de legisladores opositores del Parlamento electo en 2020 votaron “con mayoría evidente” para ratificar a Jorge Rodríguez como presidente de ese poder, poco luego del mediodía.
La bancada opositora, integrada por disidentes de Guaidó y sus aliados, presentaron en vano candidatos para la primera y segunda vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Su propuesta fue desestimada por mayoría.
Ya investido como presidente de esa “patriótica” Asamblea Nacional, según rezó su juramento, Rodríguez dedicó buena parte de su discurso a criticar a la oposición por presuntamente “robar” hasta 3.100 millones de dólares entre recursos venezolanos congelados y ayuda humanitaria extranjera.
Llamó a la presidencia encargada de Guaidó como “gobierno de Narnia”, en referencia al mundo de fantasía creado por el escritor Clive Staples Lewis. La acusó, junto a sus aliados políticos, de un “robo brutal” al país.
Condicionó la reincorporación del oficialismo al diálogo de México a que la oposición cese su “hipocresía” y libere al empresario colombiano Alex Saab, detenido en una cárcel estadounidense bajo acusaciones de lavado de capitales por 350 millones de dólares.
“¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Alex Saab (…) detengan de robarse dineros que no les pertenece (…) los activos, el oro de Inglaterra, Monómeros, Citgo. Pasen por reconocer que cometieron un gravísimo error”, dijo Rodríguez.
Nicaragua Investiga
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