EE. UU. frena asistencia no humanitaria a Nicaragua, Venezuela y Cuba

Las recomendaciones no incluyen la financiación de programas humanitarios y desarrollo social siempre que no sean financiados por los gobiernos señalados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el martes un memorando para prohibir la “asistencia no humanitaria” a aquellos gobiernos que no se esfuerzan de manera significativa por detener la trata de personas.

Apelando a la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata del año 2000, Biden instruyó a los directores ejecutivos de cada banco de desarrollo multilateral en Estados Unidos y ante el Fondo Monetario Internacional a que voten en contra de hacer préstamos a los gobiernos de Afganistán, Birmania, China, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.

La medida se mantendrá «hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley o hagan esfuerzos significativos para lograr ellos mismos el cumplimiento de las normas mínimas”.

En el caso de Venezuela, Argelia, Malasia y Turkmenistán, el memorando determina que, de conformidad con la ley, “la provisión de todos los programas, proyectos y actividades” que se describen “promovería los propósitos de la Ley o sería de otro modo en el interés nacional de Estados Unidos”.

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La Casa Blanca ha explicado que la medida no concierne a la asistencia humanitaria ni a lo relacionado con el comercio y el desarrollo directo para las necesidades humanas básicas, siempre que no sean administradas por los citados gobiernos.

La normativa abarca todo el año fiscal 2022.

Con el mandato, Biden da seguimiento a las recomendaciones del informe el Departamento de Estado en julio pasado, cuando señaló a Venezuela, Nicaragua y Cuba por no mostrar esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas.

En aquel informe el Gobierno de Nicolás Maduro fue señalado por Washington para que capacitara su personal migratorio e hiciera cumplir las leyes que operan en los cruces fronterizos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó en julio el informe diciendo que las autoridades estadounidenses “repiten sin pudor las mentiras fabricadas durante el gobierno de [Donald] Trump para justificar la agresión”

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