Luego de hasta 7 meses encarcelados, a presos políticos debió habérsele dictado sentencia

Más presos políticos nicaragüenses siguen cumpliendo los 90 días reglamentarios que, según la última reforma al Código Procesal Penal, puede estar detenido un ciudadano mientras las autoridades competentes realizan las supuestas investigaciones para abrirle juicio. Algunos inclusive llevan más de siete meses detenidos sin que se vislumbre su futuro.

El artículo 253 del Código Procesal Penal establece que “la autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de una forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de 15 ni mayor de 90 días”.

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Es inconstitucional, asegura experto

El Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más» es enfático al asegurar que todos estos arrestos han ocurrido de forma arbitraria e inconstitucional, de allí que defina como “secuestro” estas detenciones.

“Todos los actos son una cadena de arbitrariedades, una cadena de abusos de poder. Como si fuera insuficiente el abuso, los desaparecen, los aíslan, los incomunican de los familiares, de la asistencia legal, hacen audiencias a escondidas, clandestinas, para remate en el mismo lugar donde los tienen detenidos, un lugar de tortura”, expresa Gonzálo Carrión, miembro del equipo de expertos en derecho que integran Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más».

Carrión recuerda que aunque hubo una reforma procesal penal para ampliar la detención de las personas de 48 a 90 días, la Constitución Política de Nicaragua “no autoriza arresto o privación de libertad para mantener a una persona bajo investigación”.

“La Constitución expresamente dice que una vez una persona arrestada constitucionalmente debe ser puesta a la orden de una autoridad competente”, subraya, insistiendo que lo que existe en Nicaragua es un abuso de poder y que los procesos contra los opositores están plagados de irregularidades.

Sentencias ya debieron haberse emitido

Según Carrión, lo que debería proceder es dictar la sentencia.

“En una detención legal un proceso promedio es de tres meses, por forma ordinaria. Se inventaron delitos complejos, que no lo es tampoco, y que duplica el procedimiento hasta seis meses. (Con) los que ya cumplieron seis meses (presos) hace rato debía haberse emitido una sentencia, (pero) no la hay”, refiere.

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Carrión critica también la paralización de los procesos y recuerda que cuando una persona es detenida el Estado “debe probar su culpabilidad”.

“La persona detenida se presume inocente mientras no le demuestren lo contrario, entonces prácticamente con esa prolongación de arrestos, con juicios paralizados, que es parte de esos eslabones de instrumentos de poder para reprimir sin fundamento de hecho y de derecho, entonces se han inventado esa fuerza mayor y paralizado los juicios por montón de trabajo (…)”, sostiene.

Ante el argumento de gran carga de trabajo, el experto dice que las “cargas del Estado no se puede descargar en contra de las personas detenidas”.

Al abogado del Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más» recuerda que “lo que arranca con nulidad no se puede enderezar, lo que es nulo desde el principio nunca podrá legalizarse”.

26 ya cumplieron seis meses sin juicio

Luego de la última ola de arrestos iniciada a finales de mayo, Marcos Fletes, Walter Gómez , Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais, Tamará Dávila, Margarita Vijil, Suyen Barahona, Dora María Téllez, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Luis Rivas y Pedro Vázquez, son los presos políticos que ya llevan más de siete meses presos. Pero en total, de los cuarenta arrestados en los últimos meses, 26 ya llevan seis meses encarcelados violentando sus derechos constitucionales.

La mayoría de los más de 40 líderes opositores, activistas y dirigentes del sector privado arrestados están encerrados en el nuevo Chipote, una cárcel que al igual que el antiguo Chipote, está señalada de ser un centro de torturas.