El 7 de febrero del 2019 el régimen de Daniel Ortega inauguró las instalaciones del Complejo Policial “Evaristo Vásquez”, en reemplazo de la antigua cárcel de El Chipote, ubicada en la loma de Tiscapa y cuyas tenebrosas mazmorras son un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos que allí tuvieron lugar a lo largo de los 90 años en que estuvo activa.
La nueva cárcel, construida en las inmediaciones del Parque de Ferias, fue según los críticos, nada más un cambio cosmético, pero que en la práctica era lo mismo, de tal forma que inmediatamente se le empezó a llamar como el nuevo Chipote.
Medios oficialistas indicaron que en esta infraestructura carcelaria la dictadura gastó 183 millones de córdobas, equivalentes a más de 5 millones de dólares, toda una fortuna en un país con altos índices de pobreza.
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El enorme complejo tiene un área construida de 3,520 metros cuadrados. Allí se cuenta con celdas para mujeres y hombres, un área para que víctimas y testigos, oficina de entrevistas para abogados y detenidos, y un área para visitas familiares, entre otros espacios.
La inauguración estuvo presidida por el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, uno los funcionarios sandinistas señalados de crímenes de lesa humanidad. También estuvieron autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y varios diputados de la Asamblea Nacional.
“Con esto se cumplen los derechos y las garantías procesales de las personas señaladas de un delito. Estas instalaciones restituyen, protegen y hacen materia, hacen realidad los derechos humanos para todas las personas que han sido señaladas de cometer un acto ilícito”, dijo ese día el diputado sandinista Carlos Emilio López.
Sin embargo, ya se advertía en lo que pronto se iba a convertir.
“Las nuevas celdas no resuelven el problema de los torturadores, de los interrogadores que hacen miserable la vida de los presos políticos”, expresaba en ese entonces la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez, quien desde el 13 de junio del 2021 permanece encarcelada en una de esas celdas. El régimen de Ortega, su excompañero de armas, la señala de “traición a la patria”.
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En menos de tres años el nuevo Chipote alcanzó la “fama” de su antecesor y prácticamente todo opositor arrestado es trasladado a ese lugar, donde permanece sin permiso a ninguna visita durante semanas.
Aunque ya existían denuncias de que allí se practicaban torturas y graves violaciones a los derechos humanos, estas se hicieron más evidentes a partir de mayo del 2021 cuando el régimen sandinista emprendió una nueva ola de arrestos de activistas opositores, periodistas, analistas y líderes políticos, incluyendo varios aspirantes presidenciales.
Hay varios ancianos encarcelados
Entre estos nuevos presos políticos hay varios ancianos con graves enfermedades crónicas como el jurista José Pallais, de 68 años; el excanciller Francisco Aguirre, de 77 años; el exguerrillero y general en retiro Hugo Torres, de 73 años; Dora María Téllez, de 66 años; Violeta Granera, de 70 años. El exembajador y exsacerdote católico Edgard Parrales fue detenido el 22 de noviembre por la tarde. Se desconoce su paradero, pero si fue trasladado a El Chipote, sería, con 79 años, el preso político de mayor edad encarcelado en esas mazmorras.
Cuando varios de los presos políticos ya habían cumplido tres meses encarcelados en El Chipote, a finales de agosto finalmente el régimen permitió que fueron visitados. De dicha visita sus familiares salieron alarmados por el grave deterioro físico de sus seres queridos, quienes habían perdido entre 12 y 36 libras de peso, debido a las restricciones de alimentos.
Estos describieron a sus familiares que estaban encerrados en celdas pequeñas, frías y con un hoyo en vez de inodoro. Las camas son unas planchas de concreto con colchonetas muy delgadas.
Las celdas permanecen con las luces encendidas las 24 horas del día o bien en la oscuridad total.
De acuerdo a las denuncias, los presos políticos son sometidos a interrogatorios todos los días hasta tres veces y a cualquier hora.
Algunos de los presos han estado confinados en celdas solidarias hasta por dos meses.
En total, solo tres visitas han tenido estos prisioneros pese al largo confinamiento.
Familiares sufren graves abusos
Pero no solo ellos son tratados de forma denigrante, también sus familiares. Dos ejemplos de ello son Lesbia Alfaro, madre de Lesther Alemán, y Ana Chamorro, madre de Juan Lorenzo Holmann.
“Me metieron al baño, me quitaron la blusa, me hicieron que me bajara el pantalón hasta la rodilla, luego me metieron las manos en el sostén. Te hacen que te sueltes el cabello; te hacen que te quites tus lentes, que te quites la mascarilla y te revisan las bolsas de los pantalones. Fue una cosa tan horrible. Peor que delincuentes nos trataron”, dijo Alfaro, quien llegó el visitar a su hijo el 15 de noviembre.
Algo similar tuvo que pasar dos días después Ana Chamorro, de 94 años. A los guardas les tuvo sin cuidado su avanzada edad y la obligaron a quitarse los zapatos, bajarse el pantalón y subirse el sostén.
Completamente incomunicados
Esta cárcel es tan terrible que a varios presos políticos se les han muerto familiares y pese a las diligencias hechas, el régimen no les ha permitido ni siquiera despedirse de sus seres queridos. Tal fue el caso del joven Max Jerez, cuya madre falleció el 17 de septiembre, pero él no lo supo sino hasta el 13 de octubre cuando hubo una nueva visita.
El desprecio a los opositores encarcelados en el nuevo Chipote y en el resto de penales del país quedó patentado el 8 de noviembre cuando Daniel Ortega celebró su cuestionada victoria electoral de un día antes y en su discurso llamó “hijos de perra” a los presos políticos.
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