“Seguimos en riesgo”: ¿Por qué la pena de cadena perpetua no logra frenar los femicidios?

Desde su aprobación en enero de 2021, la pena a cadena perpetua no ha frenado los femicidios en el país, a pesar que en un primer instante su argumento fue para castigar “crímenes de odio” como la violencia hacia las mujeres.

Contrario a ello se refleja un detrimento a los derechos de las mujeres en materia de políticas adoptadas por el régimen sandinista, quienes además no dejaron en claro si esta nueva reforma al Código Penal castigaría a quienes cometieran femicidio o violaciones a las mujeres.

Bajo anonimato, una activista feminista explicó que esta reforma no ha logrado frenar los femicidios debido a que no es considerada “una Ley integral de atención a las víctimas” como lo es la Ley 779, que fue diseñada con el objetivo de garantizar apoyo a las mujeres mediante acciones que promuevan el derecho a la vida, la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

La muerte de su hermana la convirtió en «madrina» de los huérfanos del femicidio

“La Ley de cadena perpetua no asume ni contempla nada de eso (como la Ley 779), solamente se habla de crímenes de odio de manera general”, dijo la activista en entrevistas a este medio, y agregó que «la idea tampoco es meter a los hombres a la cárcel y que se pudran como decimos popularmente», ya que la pena de muerte o cárcel de por vida es contrario a los Derechos Humanos.

Aunque en Nicaragua el femicidio se ha convertido en “un problema endémico”, como lo calificó en su momento María Teresa Blandón, socióloga y feminista, para el régimen sandinista ha sido una situación indiferente al suspender las labores de organizaciones de mujeres como el Movimiento María Elena Cuadra, una de las pocas que aún trabajaba por los derechos de las féminas nicaragüenses.

Ley 779 se empolva con el pasar de los años

El cierre de estos espacios representa una grave crisis para la defensa de los derechos de las mujeres, según la activista, ya que “debemos reeducar a la población, prevenir esta problemática con campañas, con recursos, con presupuestos específicos y con albergues atendiendo a las mujeres”.

“La violencia es la punta del iceberg, pero las causas son prácticas machistas, discriminación, prejuicios hacia las mujeres, creencias de que el hombre puede decidir sobre la mujer, y esto la pena de cadena perpetua no lo contempla, sino la Ley 779”, agregó la experta bajo el anonimato.

La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, entró en vigencia en julio de 2012 con el fin de brindar protección, reparación y sanción a toda forma de violencia de género, sin embargo, la activista señala que “no podemos decir de que la Ley tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres porque seguimos en riesgo”.

A su criterio, es necesario «desempolvar» esta Ley para frenar los casos de femicidios a través de gestiones específicas como la aplicación rigurosa de estas, el acceso a la justicia de las mujeres, cero impunidad e investigaciones reales por parte de las autoridades correspondientes.

“Las estadísticas te lo dicen, en el 2021 se registraron 71 femicidios y 140 femicidios en grado de frustración, o sea, son cifras alarmantes, que no solo son cifras sino que es la vida de las mujeres, hay una historia detrás a las que no se les pone interés ni importancia”, manifestó.

Incrementan femicidios en lo que va de 2022  

Por su parte, Martha Flores, integrante del Movimiento de mujeres Católicas por el Derechos a Decidir, informó que hasta esta fecha se contabilizan 10 casos de mujeres asesinadas, de las cuales ocho son cometidos por parejas y ex cónyuges, siendo la Costa Caribe el territorio con mayor incidencia de estos casos.

Testigos de femicidio no acudieron a llamados de auxilio

“La situación de violencia machista en Nicaragua no cambia, por el contrario continúa cobrando vidas con tanta saña. En lo que va del año ya son 10 femicidios, de los cuales dos son menores de edad. Esta desprotección a las mujeres nos demuestra como estamos”, expresó.

A pesar que la pena a cadena perpetua para los «crímenes de odio» fue aprobada en un contexto en el que  dos hermanas de 10 y 12 años, fueron asesinadas de forma violentas en el municipio de Mulukukú, de la Costa Caribe Norte, es evidente que el régimen sandinista busca advertir a la oposición nicaragüense.