Esther Damaris Martínez no logró llegar a sus 30 años. Su cuerpo fue encontrado boca abajo en unos cañaverales en una localidad remota en el departamento de Chinandega, al norte de Managua.
Según las autoridades locales, Martínez iba a ser violada por dos hombres que la emboscaron. Al escuchar a personas en la zona, la asfixiaron. La mujer tenía dos niñas.
El caso de Martínez es apenas uno de las 36 mujeres que han sido asesinadas en los primeros seis meses del año en Nicaragua, según un conteo de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización con sede en Managua que aboga por los derechos de las mujeres.
La organización, que trabaja como un observatorio contra la violencia desde hace más de una década, señala que ha sido difícil realizar ese conteo debido al cierre de espacios a las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
Debido al cierre masivo de ONGs, las mujeres en Nicaragua tienen menos mecanismos de protección contra la violencia, y tampoco desde el Estado hay políticas de prevención, señalan defensores de derechos humanos
Desde el año 2018, cuando inició la crisis política, a a la fecha, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado al menos 3.000 oenegés alegando inconsistencias en sus informes anuales.
“Es bien duro para las organizaciones que trabajamos con las mujeres ver cómo la violencia ha aumentado y se dificulta cada vez más realizar este conteo”, dijo a la Voz de América una representante de Católicas por el Derecho a Decidir que pidió no ser identificada por temor a represalias.
En 2022 fueron asesinadas al menos 68 mujeres en Nicaragua, según el conteo de la organización.
Aumento en feminicidios
Teresa Blandón, una socióloga que trabaja en beneficio de los derechos de las mujeres, que los feminicidios en los últimos 10 años han venido incrementándose, no solo “en cantidad, pero también en crueldad”, dijo en referencia al asesinato de Martínez.
“Entre las víctimas están niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, pero también mayores de 60 años”, lamentó Blandón.
Según cifras de Católicas por el Derecho a Decidir, los casos de feminicidios en el país aumentaron durante la pandemia.
«Con la pandemia las mujeres estaban bregando con los hogares y las propias organizaciones tenían limitaciones para seguir haciendo su trabajo tanto por razones económicas como por la pandemia», dijo Blandón. «El nivel de vulnerabilidad se incrementó», sentenció Blandón.
La opositora, que se encuentra exiliada en Costa Rica desde que el gobierno canceló la oenegé La Corriente, la cual dirigía, indicó que la masiva cancelación de organizaciones de la sociedad civil ha tenido un impacto en los feminicidios al eliminar las herramientas y ayudas que estas tenían para prevenirlos.
En La Corriente, por ejemplo, se brindaban talleres contra la violencia y las mujeres eran capacitadas para identificar factores de alerta en una relación de pareja.
Mientras que Católicas por el Derecho a Decidir, otra oenegé clausurada, brindaba asistencia a los hijos de mujeres asesinadas.
El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios de la Voz de América.
La socióloga María Teresa Blandón apoyaba a mujeres desde la organización no gubernamental La Corriente, hasta que fue clausurada por el gobierno de Ortega. Foto: VOA.
Según Blandón, ahora las mujeres tienen menos mecanismos para poder atender las agresiones en su contra, y tampoco desde el Estado hay políticas de prevención contra la violencia.
“No hay políticas de prevención, en las escuelas no se está educando a los niños, niñas y adolescentes en valores de no violencia, de respeto, de reconocimiento a los derechos de las mujeres», indicó.
«Entonces, si no hay una política de prevención, si no hay una aplicación apropiada para sancionar la violencia contra las mujeres, pues efectivamente el resultado es el que tenemos: un incremento permanente de la violencia en todas sus formas y del feminicidio como la forma más extrema de esa violencia”, concluyó.
Polémica ley contra violencia hacia las mujeres
El gobierno del presidente Daniel Ortega impulsó una ley conocida como Ley 779, o Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que entró en vigencia en 2012 como una forma de luchar contra la violencia machista pero ha sufrido al menos tres reformas desde entonces. En una de las reformas, el delito de femicidio se limitó a las relaciones de pareja.
Cuando fue aprobada, la Ley 779 reconocía el delito de femicidio en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y calificaba de femicidas a quien «diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado”.
La ley fue «un paso importante», dijo a la VOA la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sin embargo señaló que «la efectividad de las leyes depende de su implementación efectiva, que a su vez requiere de voluntad política».
Sequeira indica que la Ley 779, a pesar de su intención inicial de proteger a las mujeres, «se ha enfrentado a varios desafíos que incluyen falta de recursos de formación adecuada para los encargados de su implementación», así como cambios posteriores «que han debilitado su enfoque en la protección a las mujeres».
«Es lamentable y evidente que los feminicidios siguen siendo un problema alarmante en Nicaragua, lo que demuestra que la ley por sí sola no ha sido suficiente para erradicar este tipo de violencia», agregó.
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