Asamblea Nacional consuma cancelación de 25 ONG

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este jueves la personería jurídica de otras 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre las que están la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que era dirigida por Cristiana Chamorro, hoy presa política de la dictadura de Daniel Ortega.

El decreto legislativo contó con 74 votos a favor, 16 abstenciones y fue introducido por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente la comisión de Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, quien ha sido señalado por la oposición de ser el «verdugo» de las onegés nicaragüenses.

Cancelación de ONGs afecta a derechos de las mujeres

La lista completa de las ONG canceladas en esta ocasión es la siguiente:

1-Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua
2- Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
3- Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt)
4- Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia
5- Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides)
6- Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia
7- Fundación para la Libertad
8- Asociación Voces Vitales de Nicaragua
9- Fundación Ágora Parneships
10- Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua
11- Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua
12- Asociación Club Harvard de Nicaragua
13- Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense
14- Club Social de Matagalpa
15- Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia
16- Fundación Kolping-Nicaragua
17- Fundación Instituto para Observación para la Democracia y los Derechos Humanos
18- Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
19- Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca)
20- Asociación Fondo de Desarrollo Local (No confundir con la financiera FDL)
21- Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua
22- Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica
23- Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos
24- Asociación Centro de Prevención de Violencia
25- Asociación Cívica Democrática Nicaragüense

Acusadas de no promover transparencia en la administración de fondos

La dictadura, a través del Ministerio de Gobernación, acusó a estas organizaciones de obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que a tal efecto lleva el MIGOB, al supuestamente no reportar sus «Estados financieros con Desglose detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones», violentando la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo».

Wálmaro Gutiérrez llama «mercaderes» de la educación a dueños de universidades

Igualmente las acusó de que «no reportaron su Junta Directiva, violentando lo establecido en la Ley N° 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro», la Normativa del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y «los propios Estatutos de las Asociaciones/Fundaciones; Donaciones Previas provenientes del exterior; y Documentos de Identidad de sus proveedores de fondos».

También, las señaló de incumplir con las «Donaciones Previas provenientes del exterior» y con los «Documentos de Identidad de sus proveedores de fondos».

Según, el informe de Gobernación al no reportar Informes Financieros «no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos».

Destino de bienes y acciones

El artículo 2 del decreto legislativo aprobado establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones/Fundaciones (canceladas) tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la ley de la materia».

Más de 100 ONG canceleadas

Con estas cancelaciones ya son más de 100 las ONG que pierden la personería jurídica en Nicaragua desde el año 2018, luego de que el régimen Ortega Murillo inició una ola represiva nunca antes vistas en tiempos de paz.