¿Qué esperar del Mecanismo de Rendición de Cuentas para Nicaragua?

El recrudecimiento de la crisis política en Nicaragua, denunciada por organismos defensores de derechos humanos y la oposición, llevó a que este jueves el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara una resolución para crear un Mecanismo de Rendición de Cuentas.

¿Pero qué implicaciones tiene esto para procurar la justicia luego de casi cuatro años de que, a raíz de las protestas antigubernamentales del 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató la brutal represión?

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Expertos pueden operar con o sin cooperación de Ortega

En entrevista con La Voz de América (VOA), Juan Pappier, investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que “Ortega se ha cerrado al escrutinio internacional”, no colaborando con las Naciones Unidas, expulsando al Nuncio Apostólico y al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja”.

Sin embargo, “este grupo de expertos puede operar con o sin cooperación de Ortega. Si Ortega no les permite visitar el país, de todos modos ellos pueden entrevistar a familiares de víctimas, hablar con aquellos nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua, muchos de ellos en Costa Rica o en los Estados Unidos, y pueden recolectar todo tipo de evidencias para llegar a conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país”, explicó.

“Este grupo de expertos cuenta con muchísima experiencia para realizar estas tareas incluso sin cooperación del Estado. Otras entidades de este tipo como la que existe para Venezuela o como la que existe para Yemen o para Siria han hecho una tarea similar”, aseguró.

Investigaciones exhaustivas

La organización Urnas Abiertas afirma que el Mecanismo de Rendición de Cuentas para Nicaragua estará integrado por “3 personas expertas independientes y trabajará de la mano con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.

“Llevará a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos, establecerá hechos y circunstancias, recogerá y preservará pruebas, identificará a los responsables y formulará recomendaciones con un enfoque centrado en las víctimas; todo esto aportará a futuros procesos de justicia internacional”, indicó.

Puntos claves

Raphael Viana, responsable de programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, explicó en su cuenta de Twitter que la importancia del mecanismo radica en que los expertos tendrán el mandato de:

1- Investigar graves violaciones de los derechos humanos desde 2018
2- Identificar a perpetradores
3- Preservar y recoger pruebas
4- Brindar recomendaciones a Nicaragua

Igualmente examinarán las causas estructurales de las violaciones, las formas interseccionales de discriminación y las dimensiones de género de las violaciones.

El Mecanismo tiene un año para trabajar y deberá presentar un informe completo al Consejo en marzo del año 2023.

Viana sostuvo que la creación de este mecanismo internacional “responde a la gran crisis de derechos humanos del país, allanando el camino para futuros procesos de rendición de cuentas”.

Crea un «Grupo de (3) expertos en derechos humanos» con el mandato de:

➡️ investigar graves violaciones de los DDHH desde 2018
➡️ identificar a perpetradores
➡️ preservar y recoger pruebas
➡️ brindar recomendaciones a #Nicaragua

Traducción no oficial: https://t.co/e0PeWcfT0M pic.twitter.com/cYp7BGWKPb

— Raphaël Viana (@vdraphael) March 31, 2022

Alta Comisionada preocupada por la situación del País

Hay que resaltar que la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha expresado su gran preocupación por las continuas violaciones de la libertad de prensa en Nicaragua, como también los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación críticos con el gobierno, lo cual los ha obligado a exiliarse.

Igualmente ha denunciado “la aprobación de disposiciones jurídicas que tienen como objetivo explícito restringir la capacidad de los ciudadanos nicaragüenses para ejercer sus libertades fundamentales y participar en el proceso político». En este sentido, cita la Ley de Amnistía de 2019, la reforma al Código Penal, la aprobación de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción y la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz,

También expresó su alarma por la muerte el pasado 12 de febrero de 2022 del preso político Hugo Torres, un exguerrillero sandinista encarcelado por su oposición al régimen. Al respecto, se muestra preocupada por los “juicios de personas que fueron detenidas arbitrariamente y que han permanecido privadas de libertad sin que se respetaran las garantías procesales o jurídicas, incluidos los derechos a la presunción de inocencia”.