Asamblea Nacional consuma disolución de 83 ONG

Luego de 94 años la Academia Nicaragüense de la Lengua dejó de existir. Esta fue una de las 83 organizaciones a las que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, le canceló su personería jurídica este martes 31 de mayo.

La eliminación de estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) contó con el voto a favor de 75 diputados, mientras que otros 16 se abstuvieron de apoyar la iniciativa.

La Real Academia Española (RAE) emitió un comunicado respaldando a la Academia Nicaragüense de la Lengua. «La RAE, que defiende las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia, respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos», subrayó.

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Otra de las organizaciones canceladas en esta ocasión fue la Fundación Enrique Bolaños, del fallecido expresidente Enrique Bolaños Geyer, la cual maneja una de las más importantes bibliotecas virtuales de Nicaragua.

Para la cancelación, el régimen argumentó que los 83 organizaciones sin fines de lucro no se inscribieron en el registro de Agentes Extranjeros, como lo mandata la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

También los acusó, entre otras cosas, de incumplir con sus «estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados Ingresos, Egresos, Balanza de Comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final», violentando supuestamente la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Manifestó también que estas han «desarrollado sus actividades al margen de la ley, y actuando contra ley expresa, sus acciones han violado lo establecido en diferentes cuerpos normativos que les regulan».

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En lo que va del año la dictadura sandinista ha cancelado más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Muchas de estas se dedicaron durante décadas a la defensa de los derechos humanos y al desarrollo de las comunidades rurales y pueblos originarios de la Costa Caribe.