Mariana es una periodista nicaragüense que se exilió en julio de 2022. Los robos a sus equipos de trabajo, amenazas de violación, de hacerle daño a su hija, quemarle la casa y hasta de matarla, la obligaron a salir por puntos ciegos de la frontera entre Nicaragua y Honduras.
Tenía medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2021, pero nunca fueron respetadas. Es una de los más de 140 profesionales periodistas que han salido de Nicaragua desde 2018, cuando empezó la crisis sociopolítica, según datos que registra Voces del Sur.
“Agarré una mochila y dije me voy a emprender un viaje. Si sigo aquí me van a matar y como soy el sostén de la casa no podía estar así. Tuve que dejar a mi familia, a mi hija que tanto la amo, a mis padres. Ya no soportaba la situación, si yo me hubiera quedado ya no estaría para contarlo”, cuenta Mariana, nombre ficticio, quién confiesa que ese viaje “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.
Su caso no es único. Aunque se desconoce el dato exacto de mujeres periodistas exiliadas, organizaciones que monitorean esta situación, indican que cada vez son más las periodistas que abandonan Nicaragua, y que se enfrentan a condiciones vulnerables por ser mujeres y madres.
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Atacan la vida privada de las periodistas
Guillermo Medrano, miembro de la organización Voces del Sur, señala que en Nicaragua las medidas cautelares “pareciera que no valen”, porque los “paraestatales”, en alusión a los hombres armados al servicio de la dictadura, siguen intimidando a las y los periodistas, pero también a sus familiares.
“El mayor represor de la libertad de prensa en Nicaragua es el Estado. El 95% de las agresiones que nosotros hemos documentado son cometidos por agentes policiales. En segundo lugar están los paraestatales que, de manera casi coordinada o complementaria, trabajan con la policía nacional, porque en muchos casos hemos visto agresiones en que la Policía está al frente y solamente quedan viendo”, detalla Medrano.
En el caso de las mujeres periodistas, la organización ha identificado un “sistema de represión” dirigido contra “la vida privada” para exponerla en redes sociales, pero además vertir amenazas contra los hijos, hijas y familias. En el caso de los profesionales hombres no reciben amenazas contra su vida privada sino que van dirigidas directamente a la persona como tal, refiere Medrano.
Las evidencias son amplias. Ana (nombre ficticio) una colega periodistas cuyo hijo estudiaba en la universidad pública, comenta que este fue víctima de acoso por parte de un miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), brazo represor de la dictadura sandinista en la almas mater.
Constantemente lo acosaban señalándole de «golpista”, un término que ha sido utilizado contra grupos de oposición al gobierno. Además, le reclamaba por estudiar en una universidad pública. El sujeto lo perseguía a la hora de salida de clases por lo que, el hijo de Ana dejó de asistir varios días a clases, y cuando regresó tuvo que cambiar su ruta de viaje, como medida de seguridad.
«Cuando mi hijo se iba a la universidad yo no me quedaba tranquila, todo ese tiempo pasaba angustiada, tenía paz hasta que lo miraba entrar por la puerta de la casa. Nunca me hubiera perdonado que le pasará algo a él. En el caso de los niños pequeños. Ellos no pueden ver a una patrulla de policía porque se ponen super nerviosos», relata Ana.
En lo personal, dice Ana, que al inicio se sintió intimidada, pero al paso de los días le perdió el miedo a los vigilantes orteguistas. Aunque admite que el trauma que les generó a sus hijos es algo que no pudo evitar. Es la fecha, ella está fuera del país y sus hijos no dejan de temblar cuando ven a los policías.
Ahora se siente segura, pero no deja de pensar en sus hijos en Nicaragua. La incertidumbre de qué sus hijos no están a salvo, la invade. Otra medida de seguridad que han tomado ha sido desplazarse a lo interno del territorio para evitar el acoso de los paramilitares que hasta el sueño de los niños afectó.
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El dolor de dejar a los hijos e hijas
“Morir en vida”, así lo describe Isabella, una colega periodista que dejó a sus cuatro hijos en Nicaragua. Su salida fue de emergencia cuando conoció que existía una orden de captura en su contra. También tenía medidas cautelares, pero no le valieron.
La redacción en la que laboraba ya no existe. Todos se han exiliado. Al menos 8 de sus compañeras de trabajo salieron dejando niños y niñas en Nicaragua, que aunque están al cuidado de esposo y abuelas, la ausencia les duele.
Isabella habla por teléfono con ellos, pero sabe que “no es lo mismo”. Y le cala cuando sus hijos le preguntan: ¿cuándo vas a regresar? Ella no tiene una respuesta sino un nudo en la garganta que la deja muda.
Pocos datos se manejan de la situación y la cantidad de periodistas que son madres que han salido del país de la mano de sus hijos e hijas, así como de aquellas que se han visto obligadas a dejarlos. Tampoco se conoce información sobre las consecuencias emocionales en la vida de estas mujeres y la niñez.
Voces del Sur, organización que monitorea la situación de la libertad de prensa y el periodismo en Nicaragua, hace énfasis en la dificultad que supone para las mujeres periodistas salir con hijos e hijas en el proceso migratorio.
“Es más complicado encontrar quien te dé albergue. Porque la gente te dice: te doy a vos pero a vos solo, ya con hijo es otra situación, ya requerís un espacio mayor, además que se complica conseguir un empleo no significa que un hijo es un estorbo sino que esa mujer tiene que resolver con su familia para poder trabajar”, agrega Medrano.
Los costos de la migración también se elevan. Información vertida por mujeres migrantes indica que, al menos 3 mil dólares es el costo del proceso de movilidad para una sola persona, sin incluir los gastos que deben incurrir para establecerse en determinado país, y eso que de la mano de un coyote en condiciones de inseguridad.
Un porcentaje menor se ha desplazado al interior del país, sin embargo, la ausencia de los hijos e hijas “se siente igual”. Y las mujeres viven en permanente alerta de ser reconocidas.
Empujadas a la economía sumergida
Medrano dice que los periodistas exiliados hombres y mujeres, tienen mayor probabilidad de dejar de ejercer la profesión, porque lo que necesitan es solventar los gastos básicos del día a día o garantizar las remesas para el sustento de sus hijos y familia. Algunos incluso pagan la deuda del viaje.
Afirma que en el caso de las mujeres es casi imposible mantenerse ejerciendo la profesión cuando migran con hijos, porque el costo de la vida es mayor en el país de destino, como por ejemplo Costa Rica.
«Algunas logran que los medios nicaragüenses les acojan o contraten. Muchos que vienen o son freelance de los medios que están acá, les permiten seguir en el ejercicio. Porque aspirar a una plaza laboral en un medio de comunicación eso ya casi es misión imposible por el tema de homologación que atrasa a todo profesional en el extranjero», reflexiona Medrano.
Los medios de comunicación, en su mayoría son digitales y cuya capacidad de contratación es baja, por lo tanto la mayoría de las y los periodistas quedan fuera y son absorbidos por el mercado informal del sector de servicios y comercio en el país de destino. Las entrevistadas en este reportaje están trabajando como asistentas del hogar y en la limpieza de hoteles.
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Otro factor, además de la censura y represión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que empeoró la situación del gremio de periodistas de Nicaragua fue la pandemia del Covid, la crisis sanitaria provocó un gran número de despidos, según registros de Voces del Sur.
“En los medios de comunicación hicieron turnos de hasta 36 horas, según ellos para llevar un seguimiento de la pandemia, entonces las mujeres que daban de amamantar no podían cumplir con esos turnos, y los directores de medios prefieren a los varones porque tenían mayor disponibilidad. Esas plazas que se perdieron por la pandemia todavía no han sido recuperadas por la crisis que se vive en el país y otros factores”, apunta Medrano.
Además de luchar contra el desempleo, las periodistas que aún laboran en determinados medios han quedado desprotegidas en cuanto a sus derechos laborales que no pueden ser efectivos. No están cotizando a la seguridad social, lo que implica tener que asistir a médicos privados que representa un costo más alto, sin mencionar que no podrán aspirar a una pensión de jubilación.
A la represión y el exilio se suman otras desigualdades de género que precarizan sus economías. Al haber dejado a sus hijos e hijas en Nicaragua, deben asegurar su manutención lo que las obliga a aceptar trabajos en condiciones de explotación, al que también se ven empujadas ante la falta de documentación en el país destino y del reconocimiento de sus estudios.
«Yo estoy en Estados Unidos, trabajo cuidando a una señora por las mañana. Pero ese dinero solo me alcanza para pagar el alquiler y comida. Tengo tres meses de estar aquí y no he podido mandar dinero a mis hijos ni a empezar a pagar el préstamo para el viaje. Eso me tiene desesperada», confiesa Ana.
Mientras logra estabilizarse, su mamá y su esposo se hacen cargo de la mantención de sus hijos. Aunque en la mayoría de los casos es la abuela quien se queda a cargo de la niñez, y asegurarles la manutención en un país donde cada día la vida es mucho más cara.
La organización, Voces del Sur registra que, entre mayo de 2021 a mayo de 2022, un total de 84 periodistas se han exiliado, de los cuales casi el 50% son mujeres.
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